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El pueblo británico defiende sus servicios públicos

La victoria del Partido Laborista (PL) británico ha sido contundente. Los laboristas han pasado de 203 diputados de 2019 a los actuales 412, un crecimiento del 103%, mientras que los conservadores se han desplomado un 67% al pasar de los 365 obtenidos en las anteriores elecciones, a los 121 el jueves pasado. El Sr. Starmerpodrá gobernar con el 63% de los apoyos del PL en el Parlamento. Además del Partido de los Tories, también se ha desplomado el Partido Nacionalista Escocés, con una caída en el voto del 45%.

                Los conservadores han atacado tanto los servicios públicos que a los y las británicas se le ha hecho insoportable. Sin embargo, la destrucción de lo público no es nueva. El retroceso en derechos y condiciones de vida comenzó con la baronesa Thatchet de Kesteven en la década de los años 80 del pasado siglo; desreguló la economía, flexibilizó las normas laborales y privatizó las empresas públicas.

                Los 418 diputados que obtuvo el PL en 1997, con Tony Blair, no fueron utilizados para revertir los retrocesos de las políticas ultraliberales. Lejos de eso, Blair se parapetó en su concepto de “la tercera vía”, un eufemismo para denominar a la socialdemocracia en su formato más liberal. La consecuencia fue la decadencia del Partido Laborista y que haya estado postergado en la oposición en los últimos 14 años.

                En política, ocurre muy a menudo que el que gana no lo hace por sus méritos, sino por los deméritos de su contrincante. El golpe de la derecha británica ha sido tan grande, que Liz Truss, la primera ministra que duró en el cargo menos tiempo del que una lechuga tarda en marchitarse, ha conseguido no salir elegida en su circunscripción.

                El Partido Laborista del Sr. Stramer ha venido tomando decisiones para dar confianza al sistema, a los mercados, y parece que lo ha conseguido: “El mercado aprueba la victoria laborista en Reino Unido: “Ahora viene lo difícil”, así titulaba un artículo del sábado día 6, de Álvaro Estévez, en Bolsamanía.

                Uno de esos mensajes, para confirmar que el “laborismo se centra”, fue la expulsión de Jeremy Corbyn en el mes de mayo, quien se ha presentado como independiente por su circunscripción, en Islington North. Corbyn ha ganado en esa circunscripción de Londres, frente al Sr. Nargund, que se presentó por el Partido Laborista, al que ha sacado más de 7.000 votos.Aquí hay que señalar que en el proceso electoral de 2019, en el que Corbyn lideraba el Partido Laborista, obtuvo 10.269.051 votos, mientras que en las elecciones del día 4 el PL ha recibido 9.698.409, es decir 570.642 votos menos (-5,6%). El ascenso en diputados se explica que la abstención que ha alcanzado el 40%, frente al 33,6% de 2019.

                Como dicen los mercados “lo difícil está por llegar”, pues millones de británicos han dado su voto al laborismo para que recupere los servicios públicos y los derechos perdidos en estas décadas pasadas, pero eso choca con los inversores que quieren hacer negocio con los servicios públicos.

                La izquierda europea parece dar señales de recuperarse, a la izquierda de la socialdemocracia que se conforma con ser buenos gestores del sistema económico liberal. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en Gran Bretaña, llevamos tiempo viendo como crece la Francia Insumisa que lidera Mélenchon y ha nacido una opción de izquierdas en Alemania, Alianza Sahra Wagenknecht – Por la Razón y la Justicia. Son opciones políticas que no vienen cargadas de adanismo ni con recetas ingeniosas. Recuperan los valores de la izquierda: la defensa de lo público, los derechos de los trabajadores como clase y su rechazo a la guerra. Los mercados les llaman extremismo de izquierdas, sin embargo, no les parece extremo el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, ni que la liberalización y los recortes económicos estén generando pobreza en todo el continente.

Comité de Redacción
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El pueblo francés ha parado el golpe

Estábamos pendientes de si Francia seguiría la senda de Italia y Hungría, de si veríamos un nuevo gobierno de ideología fascista, lo que hubiese sido un golpe muy duro para los pueblos de Europa, pues Francia es la segunda economía del continente europeo y la séptima a nivel mundial, pero el pueblo francés ha parado ese golpe.

                Compartimos la alegría y la celebración de los y las francesas. No obstante, para no darle la razón a Marí Le Pen y que no sea cuestión de tiempo que la extrema derecha alcance el gobierno, hay que sacar lecturas de cómo y por qué se ha llegado a esta situación.

                El primer responsable de los resultados de las elecciones del 9 de junio, desencadenante de las elecciones a dos vueltas que se cerraron el domingo, es el presidente de la República, el señor Macron, en el Elíseo desde mayo de 2017. Este tecnócrata liberal llegó a la política desde la banca francesa, parasitó como asesor y como ministro en el Partido Socialista francés, para dar el salto a la primera línea bien apoyado por el capital.

                Él es el responsable de su pertinaz ataque al Sistema público de Pensiones, elevando la edad de jubilación de 62 a 64 años, en un país en el que se necesitan 43 años cotizados para optar a una pensión completa. Una reforma rechazada contundentemente por el movimiento sindical, con una ola de protestas y huelgas. Los sondeos dicen que 2/3 de la población la rechaza. A pesar de todo, Macron mantuvo su reforma contra la voluntad de su pueblo en una actitud ultraliberal. El coste social está ahí.

                La otra gran ola de protestas surgió contra la subida de los precios de los carburantes, en 2018, no por la guerra -penúltima escusa del oligopolio de los carburantes-, sino por la utilización que la economía liberal está haciendo del cambio climático. Un impuesto sobre las emisiones de carbono desencadenó el movimiento de los chalecos amarillos, pues quien vive de la utilización de un vehículo recibe una penalización por algo de lo que no es responsable o su responsabilidad es muy limitada, mientras que la gran industria contaminante y las clases pudientes pagan, porque pueden permitírselo, y continúan contaminando.

                Ante la respuesta reivindicativa y de protesta, Macron ha optado por adoptar una política xenófoba y represiva. Se pasea por el mundo alentando la Guerra en Ucrania, hablando incluso de enviar tropas, su apoyo al genocidio en Palestina… Es una huida hacia adelante, pero no para aportar soluciones sino para agrandar los problemas.

                La experiencia demuestra que las movilizaciones sirven, incluso cuando el objetivo inmediato de las convocatorias no se consigue. La movilización contra las decisiones de los gobiernos que lesionan los derechos de los pueblos da un punto de apoyo para la democracia, mientras que la laxitud y el dejar pasar no solo no resuelve el problema, sino que engorda y fortalece la reacción, hábitat del fascismo.

                Por tanto, el ascenso de la extrema derecha tiene su origen en las agresiones que el pueblo recibe en forma de decisiones económicas que sesudos asesores y técnicos diseñan en los despachos de instituciones económicas como el FMI, el Banco Central Europeo o la Comisión Europea. Todo esto: decisiones económicas que solo benefician a una minoría, a costa del sufrimiento de la mayoría, las instituciones económicas y no económicas al servicio de esa minoría, junto al poder económico y mediático, incluso judicial, está lanzando al neofascismo a la primera línea del poder político.

                Lo positivo de esta “débacle” es la evidente capacidad de respuesta que tiene la izquierda, cuando deja de matarse entre sí misma y busca la unidad. El Nuevo Frente Popular (NFP) ha obtenido 182 diputados, el partido de Le Pen ha quedado en tercera posición con 143 y el partido de Macron ha quedado en medio con 168. Sabiendo que la mayoría absoluta se sitúa en 289 diputados, parece que lo razonable sería la conformación de un gobierno de coalición o un acuerdo de gobierno que siente las bases para frenar el ascenso del fascismo en Francia, con medidas sociales que favorezcan a la mayoría, o lo que es lo mismo que revierta las políticas antisociales que Macron ha venido aplicando, como por ejemplo derogando la reforma de las pensiones, políticas que han llevado a Francia a esta situación. Esperemos que no se produzca ninguna maniobra por parte de los liberales de Macron que rompa el NFP para continuar con más de lo mismo, porque el resultado será más de lo mismo, es decir, continuidad del ascenso de la ultraderecha de Le Pen y desafección de la mayoría social hacia la democracia.

                De igual modo que la revolución francesa de 1789 cambió la historia, al echar el cerrojo al medievalismo, esperemos que estas elecciones en Francia sirvan para cambiar la tendencia de ascenso del ultraliberalismo. Motivos hay. El pueblo británico ha defendido su Sistema de Sanitario Público y los demás servicios públicos, con su voto. El pueblo francés ha puesto freno a la extrema derecha, pero para poner fin a las políticas económicas de Macron, no para que este continúe haciendo lo mismo.

                Los pueblos de Europa estamos sufriendo un saqueo constante con la subida de los precios, con la privatización de nuestros sistemas públicos sanitarios, de pensiones y educativos. Todo para alimentar la avaricia que promueve un sistema económico desenfrenado en la búsqueda del beneficio, sin importarles los constes en vidas humanas ni el deterioro del planeta.

                Estos problemas y sus soluciones no son de un barrio, un pueblo, una ciudad o un país, es cosa de la clase asalariada a nivel internacional.

Comité de Redacción
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Estados Unidos: Senilidad o delincuencia

La bonita canción de Los Chunguitos “Me quedo contigo”, comenzaba diciendo: “Si me das a elegir entre tú y la riqueza”. El pueblo estadounidense tiene planteado el dilema de elegir entre la decadencia cognitiva de Joe Biden o Trump quien ha sido declarado culpable de 34 delitos graves.

                Lejos de la belleza poética de los Chunguitos, la situación en los Estados Unidos de América es deplorable. A cuatro meses vista, las elecciones presidenciales se plantean en el terreno de la gerontocracia. Parece mentira que en el país líder del imperialismo Biden o Trump sean las opciones para presidir la Administración ¿será que verdaderamente es mentira? Es cierto que las cosas no son lo que parecen, y eso vale para la situación pre electoral de los USA.

                Resulta inverosímil que el Partido Demócrata haya llegado a este punto, a pesar de que el mundo entero viene viendo y oyendo a Biben, al margen de bulos, “fakenews” y tergiversaciones del equipo de Trump, al que toda esta cuestión le sirve como pantalla de humo para sus escándalos con la justicia y la escandalosa respuesta de esa ¿justicia?

                Desde Tribuna Socialista plateamos una hipótesis ¿puede ser que el Partido Demócrata esté dando por perdidas las presidenciales de noviembre y que prefiera perderlas a nombre de la decrepitud y obstinación de Biden que por la desafección de los votantes tradicionalmente demócratas?

                Si los británicos han tumbado de un severo revés al partido conservador en las elecciones del 4 de julio, por haber destrozado la Sanidad Pública, solo por eso, en los EE.UU., hay motivos para echar al Partido Demócrata y al Partido Republicano y no volverles a votar en cien años, no tanto por destrozar como por impedir que los y las estadounidenses tengan una Sanidad mínimamente digna.

                Hace un año, en junio de 2023, The New York Times publicaba un artículo al respecto “El sistema de salud de EE.UU. está averiado ¿Cómo podemos mejorarlo?” El título es muy “dulce” con la realidad. En el propio artículo, Aaron E. Carroll, su autor, decía “A pesar de que acabamos de experimentar una pandemia en la que han muerto más de un millón de estadounidenses, la reforma sanitaria no parece ser ahora mismo una prioridad política en Estados Unidos”.

                En el libro “Esclavos Unidos de América”, Helena Villar es más certera que The New York Times, y da algunas cifras que clarifican en favor de qué clase social se gobierna y en favor de cuál no se gobierna: “Sin salir de Nueva York, el 34% de quienes fallecían eran hispanos, pese a representar el 29% de la población. Una desproporción también significativa en el caso de los afroamericanos. Así, los pacientes en el Bronx registraban el doble de probabilidades de morir por coronavirus que el resto de la ciudad. En Chicago, donde el 30% de sus habitantes son afroamericanos, 70% era la tasa de fallecimiento por la covid-19, y Nueva Orleans, con un 65% de ciudadanos pertenecientes a esa minoría, era una de las que encabezaba las tasas de mortalidad del país. Puede que un virus no entienda de clases o razas, pero sí de la vulnerabilidad ante el mismo.”

                Sirva este ejemplo para señalar lo que importa a un partido y a otro la vida de sus propios ciudadanos, eso sí de clase trabajadora. Cosa distinta es lo que les importa la clase a la que, en la pandemia, aludía Warren Buffet cuando dijo aquello de “hay una guerra de clases y la estamos ganando los ricos”.

                Otra prueba de lo que de verdad importa y lo que no, es la represión que han sufrido los estudiantes de distintas universidades, como la de Columbia, Brown, Minnesota, Yale, Pittsburgh, Harvard, Princeton, Berkeley, entre otras, por su oposición a la complicidad de la Administración Biden con el Genocidio que el Estado sionista de Israel está cometiendo en Gaza desde hace nueve meses. Una brutalidad policial a la que las fuerzas represivas yanquis nos tiene acostumbrados, pero que en este caso da muestra del nerviosismo de la clase dirigente, pues la han ejercido contra sus estudiantes tanto estados con gobierno demócrata como republicano.

                Un dato que la prensa en nuestro país no ha difundido, y que avala nuestra hipótesis, es el de que en las primarias del Partido Demócrata más de 500.000 votantes estadounidenses han ejercido el “voto no comprometido” (uncommitted) que viene a expresar que son votantes demócratas pero que rechazan a Biden y a sus políticas.

                El pueblo estadounidense no tiene cobertura sanitaria, la tiene de mínimos educativa, sus pensiones son gubernamentales; un sistema complejo y de mínimos. Es decir, que no tienen una red de servicios públicos que cubran las necesidades vitales de la mayoría. Sin embargo, dedican a armamento más que 12 países juntos: China+ Rusia+ India+ Alemania+ Australia+ Gran Bretaña+Arabia Saudí+ Francia+ Corea del Sur+ Japón+ Italia+ Canadá. El presupuesto para el ejército estadounidense en 2024 ha alcanzado 886.000 millones de dólares.

                En la política bélica y en la negación de políticas sociales están de acuerdo Biden y Trump, sus círculos dirigentes y la clase a la que se refería Warren Buffet. Todos ellos, prefieren dedicar ingentes cantidades de dinero a la industria de la muerte, en lugar de a la Sanidad. Si asumen la muerte de más de un millón de sus conciudadanos, por falta de la asistencia debida en la pandemia; como les va a importar los 38.000 muertos en Gaza. En esa lógica, acaban de destinar 16.000 millones de dólares más en ayudas a Netanyahu; qué les importa que continúe la guerra en Ucrania -sin con esto signifique que Putin no es culpable de ocupación -; cómo les va a importar sembrar la guerra en el Mar de China…

Como en muchos países, lo que a la mayoría de los estadounidenses les falta es un partido que defienda verdaderamente sus derechos y reivindicaciones, de que no lo tengan se encargan las estructuras que hay detrás de Biden y Trump. Le seguiremos la pista al Partido Socialista Democrático de América (DSA) y les deseamos mucho éxito.

Comité de Redacción
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Editorial: La mayoría quiere convivir en paz y no alimentar la guerra

El mes de junio ha culminado en nuestro país, de momento, con los procesos electorales que estaban fechados para el primer semestre. La lectura de los resultados en los tres procesos autonómicos y del europeo no es la misma. En Galicia (18/02/24) y Euskadi (21/04/24)no ha cambiado la composición del gobierno; en Galicia continua el PP gobernando con mayoría absoluta y en Euskadi se ha reeditado un gobierno PNV/PSE-PSOE. Estas dos comunidades tienen en común el importante ascenso cuantitativo de los partidos nacionalistas de izquierdas, BGN y EH-Bildu, en Galicia y Euskadi respectivamente.

                Las elecciones en Catalunya (12/05/24), 21 años después, han vuelto a dar la victoria al PSC-PSOE, pues desde 2003 no había sido el partido más votado en esa Comunidad. A diferencia de Galicia y Euskadi, la izquierda nacionalista catalana ha retrocedido. A fecha de cerrar esta edición de TS continua incierto el futuro inmediato de la gobernabilidad de Catalunya: ¿habrá pacto progresista PSC+ERC-Comunes o habrá repetición electoral? Dado el avance de la ultraderecha, ultraliberalismo o de los herederos del franquismo en España, cada cual llámelos como quiera, y del filofascismo en Europa, es deseable que las fuerzas de izquierda en Catalunya se pongan de acuerdo para formar gobierno y no continuar dando oportunidades a la derecha en general.

                Una conclusión que sacamos de este breve recordatorio electoral es que está claro que el Estado español es plurinacional, como irremediablemente se redactó en el Art.-2 de la Constitución del 78, aunque contradictoriamente se mezclase con el concepto de la “unidad de la nación española”. Es decir que somos plurales y una a la vez, “uno y trino” que dijo Tertuliano en el 215 d.C.

                A la convivencia en paz, que es lo que la inmensa mayoría social desea, le convendría enfocar en positivo que somos un Estado plural, con diferentes ideas de nación: española, catalana, vasca y gallega, y con muchos y muchas ciudadanas que no somos nacionalistas y que hemos nacido en cualquiera de los distintos territorios que componen el Estado. Valoremos que tenemos una gran riqueza lingüística, histórica y cultural, en lugar de la uniformidad y la pretensión de imponer una sola visión de lo que es diferente.

                Por su parte, las elecciones europeas que se celebraron el 9/6/24 han resultado ser un ciclón en Francia -con la 1ª vuelta de las elecciones generales para el 30 de este mes-, una gran tormenta en Alemania y, en general, una ola de ascenso de la extrema derecha. En España ha ganado la Abstención con el 51%, 11 puntos más que en 2019.

                Interesadamente, en Francia,se ha ensalzado el avance del Partido de la señora Le Pen. Decir que se ensalza el resultado no pretende negar en hecho de que obtenido un crecimiento del 67%, al pasar de 18 a 30 diputados. Pero si cabe la crítica por comparación, pues muy poco se dice del crecimiento del parrido Socialista, que ha sido del 86%, al pasar de 7 a 13 diputados, poco y negativo se dice del incremento del 50% de los votos de La Francia Insumisa que lidera el Sr. Mélenchon, al pasar de 6 a 9 diputados. Por el contrario, se minimiza la abultada derrota del Partido de Macron que ha caído un 43% de los votos, de 23 a 10 diputados.

                Lo anterior es lo cuantitativo. La otra lectura obligada es lo cualitativo y de ella nos quedamos con el avance en la unidad de la izquierda. Celebramos la configuración del Nuevo Frente Popular, en el que se han agrupado el Partido Socialista, La Francia Insumisa, el Partido Comunista, y otras fuerzas de izquierda y progresistas, un acuerdo de unidad que está ilusionando a los jóvenes franceses y otros colectivos de la mayoría social francesa.

                A la derecha francesa: política, económica y mediática, le preocupa más la unidad de la izquierda que llegue la extrema derecha, aunque venga recuperando las ideas fascistas del pasado.Muy parecido a lo que ocurre en España y en otros países. Prueba de ello es el pánico que le entró al líder de Los Republicanos (Eric Ciotti), la derecha tradicional francesa, que salió corriendo a buscar un acuerdo con los fascistas de Le Pen. Nada extraño en el Estado español, donde el PP cogobierna en múltiples comunidades y ayuntamientos con el partido fascista VOX.

                Los directivos de las grandes empresas francesasevitaban salir en fotos con los representantes de Reagrupamiento Nacional (RN) el partido de Le Pen, hasta el día 9 de junio. A Medef, la CEOE francesa, le faltótiempo para organizar un acto e invitar a Bardella, el candidato de RN. Los empresarios españoles, encabezados por el Sr. Garamedi, presidente de la CEOE, fueron mucho más rápidos, se hicieron una foto con Milei el 18 de mayo.

                En lo que a Alemania respecta, nos hace ilusión mencionar el gran resultado que ha obtenido el nuevo Partido BSW (Alianza Sarah Wagenknecht) “Razón y Justicia”, con el que nos une la coparticipación, a través del Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), en el Manifiesto Internacional contra la Guerra en Ucrania que muchos y muchas firmamos bajo el lema “Ni Putin ni OTAN”. El BSW es una escisión de DIE LINKE, y en su primer proceso electoral ha sacado más diputados que DIE LINKE. En ocasiones hay que soltar lastre, única manera para que los globos aerostáticos asciendan.

                El ascenso de la extrema derecha no es un fenómeno exclusivamente europeo, es internacional. Y como a nuestro modo de ver las casualidades no existen, esto obedece a un fomento de los nacionalismos y del imperialismo que confrontan por todo el planeta en defensa de los intereses de los oligopolios en manos de multinacionales y grupos inversores (fondos buitre) con los oligarcas que se apropian de las riquezas de sus pueblos. Ya no quedan territorios que colonizar, por lo que no dudan en acudir a la guerra como forma de apropiarse del negocio para continuar creciendo económicamente.

                “No se inicia una guerra, o racionalmente no debería hacerse, sin preguntarse qué se pretende obtener mediante dicha confrontación y durante la misma.”Clausewitz.

                Parece que los irracionales que gobiernan las grandes potencias y estructuras militares tienen muy claro qué quieren obtener de las guerras y del negocio del armamento que las alimenta.

                La unidad de la izquierda, sin renunciar a la riqueza de su pluralidad, es la única vía para frenar a la extrema derecha y a la derecha de siempre; esa que tiene tentáculos en todas las instituciones para poner freno a leyes de concordia, como la Amnistía, o para dictar sentencias aberrantes que después son afeadas por los tribunales de justicia europeos. Esa unidad de la izquierda es necesaria para vacunar a la mayoría social con derechos, la mejor medicina para evitar el ascenso de cualquier tipo de derecha.

El Comité de Redacción
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La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) y Tribuna Socialista (TS)

¡Nos hemos integrado!

Tras años de colaboración, y compartiendo valores fundacionales, la revista de libre expresión política Tribuna Socialista y la Asociación Trabajo y Democracia, sus órganos de dirección y sus asociados y asociadas, hemos decidido unirnos, en la asamblea celebrada el pasado jueves 27 de junio.

                Tribuna Socialista inició su andadura el 16 de julio de 2005, en la localidad de Silla (Valencia), donde nos dimos cita militantes socialistas de distinta procedencia, para compartir:

“preocupaciones e inquietudes sobre la situación política en nuestro país, y como inciden en la mayoría social. Inquietudes y preocupaciones basadas en hechos como el intento de decretazo de 2002, contestado con una exitosa Huelga General (20-J), la gestión ignominiosa del accidente del Prestige, la antidemocrática involucración de España en una guerra genocida.”

“Dichas preocupaciones se han visto agravadas con el rumbo y la actitud que la derecha reaccionaria tomó tras los acontecimientos del 11 al 14 de marzo de 2004. Negando la democracia al pisotear las legítimas y soberanas decisiones y aspiraciones del Pueblo, como así está ocurriendo con las trabas que desde la derecha se están poniendo al proceso, esperemos que irreversible,de paz en Euskadi.”

“Es para facilitar el debate que tantos y tantas compañeros y compañeras socialistas reclaman por lo que se edita este Boletín.”

                Estos párrafos plasmados en el nº 1 de TS, en “Por qué y para qué”, reflejan muy bien el sentir y la necesidad de dar luz a las preocupaciones que teníamos hace 19 años, lo que hemos hecho a lo largo de los 155 números editados y de las decenas de declaraciones o números especiales de TS, cuando la relevancia de los acontecimientos así nos lo ha requerido. Unas inquietudes y preocupaciones que, desgraciadamente, continúan vigentes en su esencia.

“Crear un lugar de encuentro que sea plural, democrático, participativo y con afán de construir, con participación a título individual y/o como colectivo y abierto a todos y todas que quieran aportar al proyecto, entre otros, desde la Universidad y el mundo de la experiencia acumulada en el campo sindical, político y profesional para recuperar el valor del trabajo, tanto en la propia existencia, como en la política y en el espacio de la opinión pública y los medios de comunicación.”

El paralelismo en los objetivos queda plasmado nítidamente en los textos reproducidos. Coherentemente con lo expresado en los momentos constituyentes, durante estes último lustro, marcado por la pandemia, Tribuna Socialista y ASTRADE han venido colaborando y coincidiendo en distintas actividades, retroalimentándose.

                Auguramos que esta nueva etapa va a ser muy fructífera en el objetivo de contribuir a la unidad de la izquierda y a ayudar a la necesaria claridad de ideas para la consecución del bienestar de la mayoría social, fundamento de la democracia.

                La Junta Directiva y el Comité de Redacción elegidos en la Asamblea del día 27 está compuesta:

Junta Directiva

Presidente                        Roberto Tornamira Sánchez

Vicepresidenta                Gloria Mora Campos

Secretario                          Miguel Sagüés Navarro

Tesorero                             Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez

Vocal                                    María Iglesias Domínguez

Vocal                                    Baltasar Santos Fernández

Vocal                                    José Ignacio “Iñaki” Merino Montes

Vocal Eduardo Hernandez Oñate

Comité de Redacción

Roberto Tornamira Sánchez

Baltasar Santos Fernández

María Iglesias Domínguez

José Ignacio “Iñaki” Merino Montes

José Antonio Iniesta Martín

Eduardo Hernández Oñate

                Desde esta breve información damos las gracias a las asociadas y asociados de ASTRADE que han dado su apoyo a la Junta Directiva y al Comité de Redacción para iniciar este nueva e ilusionante etapa.

La Junta Directiva

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Llamarlo como queráis, pero es “Lawfare”

Uno de los poderes del Estado se muestra contemplativo ante un caso de “law fare”, de esos que se dicen “de libro”. Un juez más, y ya son muchos, demasiados, irrumpe en la escena política para incidir en los resultados de unas elecciones. Es tan burda la maniobra que parece mentira, pero es tristemente cierto.

El problema sería anecdótico si la evidencia de la existencia de una fracción de la derechona añorante del franquismo dentro de las instituciones del Estado no fue tan patente y con tantos antecedentes. El problema de la indecencia filofascista que no ha salido des las instituciones es que sus actos tienen consecuencias irreparables.

Los casos de Mónica Oltra en País Valenciano, el de Alberto Rodríguez en el Congreso de los Diputados, el de los acusados de terrorismo por una pelea de bar en Alsasua, la policía patriótica actuando al servicio del PP, el juez García Castellón acusando de terrorismo a políticos catalanes…El listado de casos y hechos sería largo de relatar.

En su desesperación, la derecha política, mediática y judicial acude a lo que ya se ha visto en otros países, siempre con la misma pauta: denuncia falsa que es admitida por un juez y secundada por la correspondiente campaña política. El último caso que hemos visto de cerca fue en Portugal, contra Antonio Costa en otoño del año pasado.

Ahora el objetivo es el presidente del Gobierno, pues lo que no son capaces de conseguir en las urnas están dispuestos a alcanzarlo con el método que la extrema derecha viene implementando por el mundo.

Es la prueba de que la derecha heredera del franquismo: PP, VOX y los rescoldos de C´s, no están dispuestos a que este país pueda vivir en paz y libertad, por eso se empeñan en la confrontación y la exclusión, de ahí que hiperventilen ante la Ley de Amnistía o la Ley de Memoria Democrática.

Esta situación pone en evidencia que la transición no resolvió el problema de la dictadura. Ahora que se cumple el 80 aniversario del desembarco de Normandía, conviene recordar que los aliados aplicaron en Alemania una desnazificación, pero en España no se aplicó una depuración franquista. Por el contrario, se alentó que las estructuras institucionales de la dictadura continuasen vivas, con simples cambios de nombres, es el caso del TOP, cuyos muchos de sus magistrados pasaron a formar parte de la Audiencia nacional y del Tribunal Supremo, y claro, eso deja escuela, y de aquellos polvos estas ciénagas. De la misma manera que ministros franquistas se pusieron un traje de demócrata y constitucional y se dedicaron a constituir partidos que hoy acosan al gobierno.

Esta maniobra torticera, que irrumpe en plena campaña electoral, es un ataque frontal a la democracia y a las libertades. Una afrenta que debería ser contestada con una gran movilización ciudadana organizada y promovida por las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda. Movilización que debería ir acompañada con decisiones políticas claras, como la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la Ley 15/97 que permite y anima a la privatización de la Sanidad Pública, la puesta en marcha de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social tal como está recogido en la Ley 21/2021, la puesta en marcha de políticas contundentes para intervenir en el mercado de la vivienda, y toda una serie de necesidades de la mayoría social que debería abordar con valentía el gobierno de colación progresista actual.

El mensaje más eficaz contra la extra derecha y sus distintas versiones es la movilización y la toma de decisiones políticas en favor de la mayoría.

El Comité de Redacción
9 de junio de 2024
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Declaración Especial elecciones 12M en Cataluña

Por un gobierno catalán que le sirva a la mayoría social

A falta de conocer los resultados definitivos en detalle, en el momento de escribir esta declaración el PSC es el claro ganador de estas elecciones, con 42 diputados (nueve más que en las elecciones de 2021) por delante de Junts con 35 diputados; 20 diputados para ERC (-13) que se convierte en tercera fuerza y pierde la batalla independentista con respecto a Junts. ERC ha sido la principal castigada por el desgobierno de Catalunya. La bajada de En Comú Sumar y la CUP contrastan con la vuelta del PP (15) y la consolidación de VOX (11) y la irrupción de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana.
Este crecimiento de los movimientos de ultraderecha es una consecuencia típica en situaciones de confusión política donde se refugian aquellos sectores de la sociedad menos formados cuando no se ven atendidas su necesidades sociales. El cuadro de las elecciones se completa con la desaparición de C’S del Parlament de Catalunya, cuyos votos han vuelto al PP mayoritariamente.
Tiempo habrá de analizar en profundidad los resultados, pero una de las primeras conclusiones es que la mayoría social de este país ha votado opciones políticas que han defendido la amnistía y que apuestan por no judicializar conflictos que nuca debieron estar judicializados. Un mínimo de 107/135 diputados electos están en esta posición.
Una segunda conclusión es que la mayoría de los votos ha ido a partidos de izquierda y deberían entenderse buscando aquello que nos une, sin que lo que nos diferencia sea un obstáculo insalvable.
Otra de las conclusiones es que la independencia ha perdido fuelle, lo que no es óbice para obviar las razones por las que una gran parte de la población no se siente atada a la monarquía española (indepes y no indepes).
La apuesta por los indultos, la amnistía y la vía del diálogo han recibido el respaldo mayoritario de la sociedad, y por ello deben establecerse acuerdos con el resto de fuerzas políticas no solo para gobernar Cataluña sino también para tejer alianzas con el gobierno de Pedro Sánchez que permita sacar a los franquistas de las instituciones y abordar la agenda social que necesita la clase trabajadora en el conjunto del Estado.
Es decir, el PSC vuelve a ganar las elecciones en Catalunya pero para formar gobierno tendrá que llegar a acuerdos que permitan mejorar los servicios públicos, las infraestructuras que la región necesita, y para que los derechos sociales vayan acompañados de los derechos nacionales

Por un gobierno de izquierdas que defienda y mejore los servicios públicos
Por un gobierno que defienda y avance en el autogobierno de Catalunya
Por un gobierno que mejore el empleo y potencie la industria
Por un gobierno que atienda las reivindicaciones de los agricultores
Por un gobierno que apueste por el diálogo y la convivencia
Por un gobierno que gobierne para que derechos sociales y derechos nacionales vayan de la mano.
Por un gobierno que haga todo lo posible por saca a los franquistas de las instituciones
Por un gobierno que se pronuncie por romper relaciones con Israel, por un alto el fuego indefinido, y que ponga todos los medios a su alcance para que el pueblo palestino pueda vivir en paz y dignamente en su tierra.
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Especial Genocidio en Gaza

Llámenlo por su nombre: GENOCIDIO

35.000 muertos, la mayoría mujeres y niños; más de 10.000 desaparecidos, probablemente muertos bajo los escombros; 1,4 millones de personas desplazadas; hospitales, escuelas y viviendas arrasadas a lo largo de toda la Franja de Gaza; la práctica totalidad de las infraestructuras han sido reventadas. Este es el balance cuando se acaban de cumplir 7 meses de asedio al pueblo palestino por parte de uno de los ejércitos mejor armados del planeta.

                Celebramos la respuesta que los pueblos vienen dando contra este Genocidio y que en estos últimos días ha prendido entre los y las jóvenes universitarias, comenzando en las universidades de los Estados Unidos y en las últimas horas también en varias universidades de Europa y del Estado español. La indignación recorre los pueblos, mientras los gobiernos están instalados en una contención vergonzante. Es evidente que si la inmensa mayoría de la sociedad no se ha echado a la calle aún es por la sordina que los grandes medios de comunicación le tienen puesta a la masacre que el Gobierno criminal que preside Netanyahu está perpetrando en Gaza.

                El doble rasero que las potencias occidentales están aplicando a la invasión del territorio ucraniano por parte de Putin y la impunidad con la que el Estado sionista de Israel está machacando Palestina, les pone en evidencia, en particular a los gobiernos de la UE, en connivencia clara con los intereses espurios de la Administración norteamericana.

                La aberración a la que estamos asistiendo es inaceptable, como lo es la usurpación planificada de un territorio que se viene produciendo desde hace más de 75 años. Un plan urdido tras la 1ª Guerra Mundial por Gran Bretaña y la Sociedad de Naciones.

                Es una salvajada a la que los gobiernos europeos, incluido el nuestro, se abstiene de llamar por su nombre: Genocidio. No bastan las palabras de condena. Resulta extemporáneo hablar en este momento de los dos Estados, misma martingala con la que vienen intentando engañar al mundo desde 1947. Israel es un Estado artificial, impuesto a sangre y fuego, contra el que el pueblo palestino tiene derecho a la defensa; una defensa que ha devenido en resistencia, dado que se trata de un pueblo desarmado, frente a un Estado militarizado.

                Es necesario que las grandes organizaciones, partidos y sindicatos que se dicen de izquierdas, estén al frente de la movilización. De lo contrario, continuarán instalados en la contradicción de hablar de respeto de los derechos humanos y ser a la vez cómplices de hecho, por no tomar ninguna medida contra el agresor e incluso mantener el mercadeo de armamento y tecnología para la guerra con el Estado israelí.

                Como ciudadanos de la pluralidad de pueblos que componen el Estado español, no nos sentimos identificados con el mantenimiento de la relaciones diplomáticas y comerciales de nuestro gobierno con el Estado sionista, por eso compartimos la exigencia de su ruptura. Aún menos coincidimos con el cinismo de los partidos franquistas, quienes se identifican con la matanza que Israel está cometiendo, llegando a la mezquina decisión política de otorgar medallas de “honor” al Estado israelí, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid.

                Llamamos a participar en la Manifestación del sábado día 11 y apoyamos las acampadas decididas por las y los estudiantes universitarios en nuestro país.

El Comité de Redacción
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Editorial: 1º de Mayo, lo que nos preocupa y lo que nos debería preocupar

Balance de situación de las condiciones de vida y trabajo         

                El día internacional de los trabajadores y trabajadoras, el 1º de Mayo, es buen momento para realizar un balance de situación de las condiciones de vida y trabajo de las asalariadas y los asalariados.

                El primer cuarto s. XXI es un periodo que pasará a la historia como el de las calamidades en cadena: crisis financiera e inmobiliaria (2008-2018), pandemia COVID (2020 y 2021), Guerra de Ucrania (2022-…) y Genocidio en Gaza (2023-…). Veremos que nos depara el futuro inmediato.

                El común denominador de esta secuencia de hechos históricos es el empobrecimiento de la clase trabajadora, producto del austericidio al que fuimos sometidos para paliar la crisis que provocó el capital financiero y especulativo con sus políticas económicas e inmobiliarias, pasado por los largos meses de parón económico que la imprevisión e indecisión de los gobiernos, que aumentó los efectos sociales de la pandemia; por ejemplo,quedó retratada la política de recortes económicos y privatización en la Sanidad Pública y en las Residencias de mayores, finalizando el periodo con dos conflictos armados, a nombre de los cuales los especuladores de los oligopolios más potentes: banca, energía, telecomunicaciones, alimentación, etc., ha decidido incrementar sus fortunas brutalmente, a costa de restar poder adquisitivo a los salarios y las pensiones.

AñoIPC medioPensionesSalarios
20102,99%1%1,30%
20112,38%0%1,59%
20122,87%1%1,31%
20130,25%1%0,57%
2014-1,04%0,25%0,57%
20150,02%0,25%0,74%
20161,57%0,25%1,06%
20171,11%0,25%1,43%
20181,18%1,60%1,72%
20190,79%1,60%2,24%
2020-0,53%0,90%1,75%
20216,55%0,90%1,47%
20225,70%3,00%2,78%
20233,10%8,50%3,46%
26,94%20.50%21,99%
Fuente: INE, Elaboración propia para TS

               

La inflación en los últimos 13 años provoca que las pensiones acumulen una pérdida de poder de compra del 6,5%, en buena medida por los años en los que el Gobierno del PP aplicó las ridículas subidas de pensiones del 0,25%, y por los desfases entre IPC e incremento de las pensiones en los años 2021 y 2022. Los mismos datos nos dicen que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5%. Si la comparativa la hiciésemos con el incremento del precio de los alimentos la pérdida de capacidad de compra es mucho mayor, pues ha sido del 4,9% en 2021, 15,7 en 2022 y del 11,8% en 2023; un acumulado en tres años del 32,4%. Por su parte, la vivienda, se ha incrementado un 29% en los diez últimos años.

                El resultado es que en el Estado español hay casi 13 millones de personas que son pobres o están en riesgo de exclusión social, el 26,5% de la población.

                Es de esto de lo que habría que hablar en los procesos electorales y en las sesiones parlamentarias. De esto y del profundo deterioro de la Sanidad Pública y del derroche de dinero público que supone la privatización que lleva aparejada la corrupción. Lo mismo podemos decir de la situación de la Educación Pública y del pernicioso efecto que el adoctrinamiento religioso tiene para la formación de las futuras generaciones, directamente con la asignatura de religión en los programas educativos e íntegramente en la enseñanza concertada que, a la par que resulta un negocio para las órdenes religiosas, supone una hemorragia para el presupuesto público educativo.

Lo que preocupa a la mayoría social

                Los resultados de las elecciones en el País Vasco han estado parejos a las previsiones que hizo el CIS a primeros de mes. Las urnas han precisado lo que el electorado vasco quiere: El PNV ha obtenido 27 diputados, por lo que ha perdido 4 respecto a los comicios de 2020; Bildu también ha obtenido 27 diputados, 6 más que en las anteriores elecciones; PSE-PSOE ha conseguido 12 diputados, sube 2, lejos de los 25 que tuvo en las elecciones de 2009, aunque en ascenso desde 2016 en las que cayó a 9; PP sube 1 diputado, al pasar de 6 a 7; Sumar consigue 1 diputado, al igual que VOX.Salvo por la desaparición de Podemos, que tenía 6 diputados en la legislatura anterior, la composición del Parlamento vasco no ha cambiado demasiado, por lo que no cabe esperar grandes cambios en la relación de los partidos vascos que vienen apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez. Así que, todos contentos.

                La campaña si se ha centrado en los asuntos sociales que más preocupan a la sociedad vasca, con la salvedad del intento de intoxicación al introducir la cuestión de ETA. Según la demoscopia, lo que más preocupa a la sociedad vasca es: el Empleo, la Sanidad y la Vivienda. La cuestión es si al votar al PNV, de ideología conservadora, ¿estaría el PNV a favor de la derogación de la Ley 15/97, ley que abre puertas y ventanas a la privatización de la Sanidad Pública?

                La misma pregunta, sobre la necesidad de defender la Sanidad Pública desprivatizándola, habría que hacérsela a Junts de cara a las elecciones en Cataluña para el 12 de mayo.

Lo que nos debiera preocupar a las trabajadoras y a los trabajadores

                Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud se define como: “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

                Es muy difícil tener un buen estado de “bienestar físico, mental y social”con salarios o pensiones de miseria. Cuando tienes que echar cuentas de a qué renuncias para llegar a final de mes. Es muy complicado gozar de buena salud mental, cuando tienes un trabajo precario, oa tiempo parcial y tienes que buscar cómo complementar los ingresos, cuando tu empresa te aplica un ERE o un ERTE porque prevé no ganar tanto como el año anterior, etc. Es difícil tener Salud.La Confederación de Salud Mental en España, en su informe de 2023, llegaba a conclusiones como las siguientes:

                “El 44,9% de la población afronta la situación actual con preocupación. Este sentimiento está más presente en          las personas adultas mayores de 55 años.”

                “Un 47,5% y un 39% de las personas están muy o bastante preocupadas por no poder hacer frente al pago de          sus facturas y el de su alquiler o hipoteca, respectivamente.”

                La falta de un futuro claro; precariedad en el empleo combinada con el excesivo precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, hacen que las y los jóvenes no vean a su alcance la emancipación, con la ansiedad que esa oscura perspectiva provoca.

                La sociedad está sometida a una barbarie que no es teórica.Cada vez son más los conflictos armados y más brutales. Lejos de trabajar por evitar la barbarie, vemos como los gobiernos y los partidos políticos se alinean con las posturas militaristas, en nuestro caso con los dictados de la OTAN y los USA, que es quien mueve los hilos en esa estructura militar.

                Observamos con preocupación que por parte del Gobierno no se verbaliza lo que es una evidencia, el Genocidio que se está perpetrando en Gaza contra el pueblo palestino. Las organizaciones sindicales tampoco parecen dar el paso de nombrar a las cosas por su nombre, Genocidio. Y ya de volcarse en la movilización ni hablemos. Se está tan pegado a la lógica del imperialismo hegemónico que nadie quiere verdaderamente ponerse al frente de la lucha contra la barbarie, la lucha contra la Guerra.

                Muchas son las preocupaciones de los trabajadores y a buen seguro serán reflejadas en la pancartas y lemas de las manifestaciones del 1º de mayo. El problema es que la mayoría social, la clase trabajadora, no parece tener las organizaciones políticas que defiendan sus intereses ni que estén dispuestos a luchar por ellos.

El Comité de Redacción
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DECLARACIÓN EXTRAORDINARIA

Ante la campaña de acoso de los franquistas

Apoyamos al Gobierno y a su presidente

Es muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país, donde la derecha nostálgica del franquismo: PP y VOX, lleva ejerciendo una acción de acoso y derribo al Gobierno desde el mismo día de las elecciones del 23 de julio, comenzando por quien designó a Feijóo como candidato a la investidura, sabiendo que no reunía los apoyos necesarios para ser investido presidente.

La acción “política” de estos partidos filofascistas se coordina de manera descarada con buena parte de la judicatura, muy particularmente con el antidemocrático Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quienes llevan 9 años en el cargo desde que fueron elegidos y elegidas.

A la fracción judicial de la derecha hay que añadir la pléyade de cabeceras mediáticas que alientan y alimentan las mentiras y bulos que emiten los “think tanks” como FAES, en manos de Aznar, corresponsable de una guerra de invasión justificada con mentiras.

Son ya muchos los casos a nivel nacional e internacional en los que la voluntad de las urnas ha sido pisoteada y quebrada por la acción coordinada de las distintas facciones de fascinerosos, insertados en las instituciones del Estado, desde la muerte del dictador al que tanto añoran y cuya memoria y criminal obra defienden. Mónica Oltra en el País Valenciano, Antonio Luis Santos da Costa en Portugal, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil… han sufrido incluso cárcel o han dimitido de sus cargos, por intoxicaciones mediáticas combinadas con decisiones judiciales prevaricadoras, demostrándose “a posteriori” la inconsistencia de las acusaciones.

Queremos lanzar un mensaje de apoyo y una llamada a la resistencia al presidente del Gobierno, frente a la campaña de acoso que está recibiendo él y su familia. A la vez que hacemos una llamada a la unidad y la movilización de la clase trabajadora y sus organizaciones frente a los ataques fascistas.

No se trata de salvaguardar a la persona, se trata de salvaguardar la democracia y de continuar adelante con las decisiones políticas en marcha, así como de iniciar o retomar algunas de las que no se han puesto en marcha por “no molestar” a la derecha, a quienes les da lo mismo lo que se haga. No soportan no gobernar “su” España Una Grande y Libre, lo que consideran su cortijo, en el que pueden hacer lo que les venga en gana con total impunidad.

Exigimos que se investigue con garantías judiciales y que se depuren responsabilidades, a todos los niveles, si quedase demostrado que estamos ante un nuevo caso de bulos, “fake news” e incluso “law fare”.

Queda probado que los herederos históricos del franquismo no quieren la convivencia ni su cacareada concordia entre la pluralidad de pueblos que componen la realidad del Estado español.

Asociación Trabajo y Democracia

La Junta Directiva

Tribuna Socialista

El Comité de Redacción

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República sí, pero con derechos.

“No hay salvadores supremos: ¡Ni Dios, ni César, ni tribuno,productores, salvémonos nosotros mismos!
¡Decretemos el bien común!”

(Estrofa de la letra original de La Internacional, escrita por Eugène Pottier, junio de 1871)

Las efemérides tienen un lado positivo, el recuerdo, el no olvido, pero a la vez presentan un lado terriblemente negativo, el carácter repetitivo que convierte la celebración en un llamamiento sin contenido político y social. Desde Tribuna Socialista huimos de posicionamientos rutinarios, simbólicos, etc. Declaramos que nuestros principios se basan en el convencimiento de que la Democracia, para ser merecedora de tal nombre, solo se puede desarrollar en una República, laica y democrática, fiel defensora de la libertad y el respeto a la voluntad de los pueblos que componen el Estado.

                En coherencia con lo anterior, cada momento en que expresamos nuestras opiniones en los foros de intervención en los que participamos lo hacemos dotando de contenido ese sentir republicano, como lo hemos hecho participando en la gestación del Acuerdo Europeo contra la Guerra y la Explotación, bajo el lema ¡Ni Putin ni OTAN!, ante el silencio sepulcral de las izquierdas europeas, incluidas las organizaciones que en el Estado español se reclaman de la izquierda.

                De la misma forma que lo estamos haciendo desde el inicio del Genocidio de Gaza, situándonos, de acuerdo con otras organizaciones, bajo las banderas de ¡Alto el Fuego! y ¡Por la ruptura relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado sionista de Israel! Exigiendo el fin de la discriminación racista que el Estado supremacista israelita viene ejerciendo contra el pueblo palestino en los territorios ocupados y usurpados, Gaza y Cisjordania, desde hace décadas.Nos cabe el enorme orgullo de recorrer este camino con organizaciones hermanas que tienen en su haber el logro político de celebrar, con un indudable éxito, el 1ER Congreso Judío anti-sionista presidido solidariamente por la bandera palestina, con comunidades judías de Inglaterra, Francia, Alemania, entre otros países.

                Trabajamos cada día por hacer realidad una República para la pluralidad de pueblos del Estado español,que rompa con la política militarista de la Unión Europea, subordinada a la OTAN. Una República que garantice el uso de los recursos económicos del Estado en los avances sociales que necesitamos las trabajadoras y los trabajadores y las clases populares y que evite que las generaciones jóvenes de hoy sean utilizadas en guerras interminables, usadas como carne de cañón. Una juventud a la que paralelamente se le niega un futuro de vida digna.

                Convencidos de que no hay República sin derechos, trabajamos por la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en la Ley 21/2021, pero que el Gobierno incumple, para que se devuelvan los fondos económicos utilizados indebidamente por todos los gobiernos desde 1967: según el Tribunal de Cuentas, en su informe de 2020, la cifra ascendía a más de 103.000 millones de euros; el Ministro de Seguridad Social de la legislatura anterior admitió que la deuda del Estado con la Seguridad Social ascendía a más de 140.000 millones de euros; y según proyecciones realizadas por CCOO, la cifra detraída a las pensiones puede superar los 500.000 millones de euros. El dinero que pagaron los trabajadores con sus cotizaciones tiene que regresar a la caja común, patrimonio indivisible de todas y todos los trabajadores del Estado durante décadas. Basta de poner en duda las Pensiones, mientras se saquean las cotizaciones.

                Una sociedad no puede considerarse democrática mientras esté impune la gestión política causante de miles de muerte, de personas abandonadas, a las que se les negó su derecho a la asistencia sanitaria, como fue el caso de las y los mayores en las Residencias de Madrid, y de aquellas comunidades en las que hubiera casos iguales o similares. República para que la libertad prevalezca sobre el consumo y las cañas. Libertad para que las personas vivan con dignidad y no en la pobreza, en tanto que se enriquecen las Ayuso y otros como ella.

                Participamos activamente de la defensa de los derechos de la Mujer Trabajadora y declaramos que sin la Liberación de la Mujer Trabajadora no es posible la construcción de la sociedad igualitaria.

                El mejor antídoto, en tiempos de regreso de la extrema derecha en Europa, es la República con derechos, en la que se protejan los servicios públicos, como la Sanidad, la Educación, la Dependencia y las Pensiones, en lugar de entregarlos a parásitos y comisionistas.

                Una República igualitaria y defensora de las personas inmigrantes que conviven cada día con nosotras y nosotros en los barrios. El discurso de la xenofobia es una falsa solución de los problemas de la clase trabajadora. La derecha sí quiere inmigrantes, pero sin ningún tipo de derechos; quiere esclavas y esclavos. El sistema económico hegemónico es el responsable de la destrucción de los pueblos en todos los confines del planeta ¿Acaso los y las somalíes, nigerianos…que se echar al océano Atlántico y al mar Mediterráneo, donde pierden la vida por miles cada año, no huyen de la guerra por la competencia imperialista en disputa por las materias primas en el África subsahariana?

                Es porque queremos caminar hacia la República por lo que defendemos la Amnistía, para quienes participaron en el Referéndum catalán de 1 de octubre de 2017,no para salvarle la cara al pro sionista Puigdemont, sino para liberara las 3.000 personas anónimas, la inmensa mayoría de ellas trabajadoras, que están encausadas y que tendrían que acatar sanciones producto de la política represiva desencadenada por el Gobierno de Rajoy y sus fracciones mediáticas y judiciales. Negar el derecho a decidir, como cortapisar el derecho de libertad de expresión o movilización, es impropio de un Estado que alardea de democrático; que es lo que ocurrió con el “procès” y lo que ocurre cada día bajo los efectos de la “Ley Mordaza”, aun no derogada.

                Nos declaramos republicanos convencidos, y por lógica antagónicos con la monarquía, por lo que rechazamos las pretensiones de los gobiernos de PP y VOX de equiparar la etapa democrática de la II República con los 40 años de terror franquista. Defendemos las leyes de la Memoria Histórica y Democrática, aunque haya todavía mucho camino por recorrer para una justa reparación de nuestros muertos a manos del franquismo tras la guerra civil, desatada por el Golpe de Estado del 18 de Julio de 1936. Son decenas de miles de víctimas, aun hoy abandonadas en fosas comunes a lo largo de toda la geografía de los pueblos de España.

                Honor a los caídos que combatieron al fascismo español e internacional. El mejor recuerdo y el mejor homenaje es continuar trabajando por la República Social que garantice Trabajo, Libertad, Igualdad entre Géneros y oportunidades de vida para la juventud, para las generaciones de hoy y las venideras.

                Tribuna Socialista apuesta de forma clara por la República social y democrática, que no sea la continuidad del ADN de la monarquía heredada con cambios simbólicos de Himno y Bandera para que las élites que abogan por el lema “cambiar algo, para que nada cambie” no sigan viviendo de una estafa en forma de Democracia tutelada y bajo chantaje permanente de golpe de estado.

                El 14 de abril y el resto del año, continuaremos contribuyendo al Movimiento Republicano bajo estos principios y por supuesto te invitamos a marchar juntas y juntos.

¡Viva el 14 de Abril!

¡Viva la libertad y la democracia!

¡Viva la República!

Comité de Redacción
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20º aniversario del 11-M

Se han cumplido veinte años de los atentados más terribles -por el número de víctimas- que se han sufrido en nuestro país, 192 muertos y 1.857 heridos.

190 muertos en los trenes de cercanías que todas las mañanas trasladan a los trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo, así como estudiantes que se dirigían a sus centros de estudio. A los que hay que añadir a Nicolás Jiménez Morán, el bebé que nació dos meses después del atentado, pero que murió a las 48 horas por las heridas sufridas por su madre y a Francisco Javier Torrenteras Gadea, el tedax que falleció en la explosión del piso de Leganés, en el que se inmolaron los autores de los atentados.

Tenían una media de edad de 35 años y pertenecían a 17 nacionalidades: 140 españoles y españolas (73,7%); 16 rumanos y rumanas (8,4%): 6 ecuatorianos y ecuatorianas (3,2%); 4 búlgaros y búlgaras (2,1%); 4 peruanos y peruanas (2,1%); 4 polacos y polacas (2,1%); un colombiano y una colombiana (1,1%); 2 marroquíes (varones) (1,1%); un dominicano y una dominicana (1,1%); 2 ucranianos (1,1%); una hondureña y un hondureño(1,1%); un senegalés (0,5%); un filipino (0,5%); un cubano (0,5%); un brasileño (0,5%); y una francesa (0,5%).

Al margen de la edad o del lugar en el que nacieron, tenían en común ser miembros de la clase trabajadora. Mencionamos a todos y a todas porque no queremos olvidarles, porque no son un número icónico de una fecha señalada, eran madres, hijos e hijas, padres, hermanos y hermanos, miembros de nuestra clase.

Es muy recurrente la frase de António Guterres, secretario general de la ONU, cuando en octubre del pasado año dijo: “el ataque de Hamas el 7 de octubre no viene de la nada sino de 56 años de ocupación”. No hay duda de que Guterres no justifica ni comparte que Hamas matase a 1.200 personas en los territorios aledaños a la franja de Gaza, ocupados por Israel. De la misma manera, no hay ninguna justificación en los atentados en los trenes de las madrileñas estaciones de Atocha y de El Pozo, el 11 de marzo de 2004. Lo anterior no implica que olvidemos que, justo un año antes, en marzo de 2003, una coalición liderada por la Estados Unidos invadió Irak; invasión en la que el Gobierno de Aznar involucró a nuestro país. Los atentados no vinieron de la nada.

En marzo de 2004 se cometieron dos atentados: uno, el de los trenes; el otro contra la verdad, se cometió la mayor mentira de Estado que hayan tenido que soportar los pueblos que componen el Estado español. El PP de Aznar mintió y, aún hoy, los medios de comunicación voceros de su política, continúan insinuando y vertiendo falsedades para desligar los atentados terroristas de la invasión de Irak.

El PP es un Partido que tiene alergia a la memoria, por eso, casi medio siglo después de la muerte del criminal dictador, no han condenado el franquismo. Por eso en comunidades autónomas en las que cogobiernan con la extrema derecha han derogado la ley de la memoria histórica. No quieren que recordemos, quizá por eso Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del Gobierno del PP en Madrid, ha eliminado -quizá debiéramos decir profanado- el monumento al 11-M.

El mismo grado de adicción que tienen contra la memoria lo tienen por la mentira. Por eso desde Tribuna Socialista todos los días del año recordamos y no olvidamos.

Comité de Redacción

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Especial 8M Dia de la Mujer Trabajadora.

La mujer trabajadora es explotada por su pertenencia a la clase desposeída y oprimida por su condición de mujer.

“…si el proletariado sólo puede conquistar su plena emancipación gracias a una lucha que no haga discriminaciones de nacionalidad o de profesión, sólo podrá alcanzar su objetivo si no tolera ninguna discriminación de sexo.”

Clara Zetkin


Discurso pronunciado en el Congreso de Gotha del Partido Socialdemócrata de Alemania el 16 de octubre de 1896

Terminamos el primer cuarto del s. XXI, en el que la propaganda burguesa ha creado un imaginario de progreso que la tozuda realidad desvanece con solo pararse a pensar un poco, o a leer.

Se está celebrando como un hito histórico, y lo es, que la Francia de la V República haya dado el paso de blindar en su Constitución el derecho al aborto, para que el 51% de la población francesa, las mujeres, tenga la libertad de abortar, si así lo decide.

Nuestra II República, la que nos usurpó un golpe de Estado militar, planteaba en su Constitución la igualdad entre sexos. Legisló sobre el Divorcio, sobre el Matrimonio Civil, en febrero y junio de 1932, por citar dos ejemplos. Pero, claro, para “salvar a España”, el programa nacionalcatolicista de Franco y sus secuaces devolvió a la mujer la mujer a la vida doméstica.

La II República dio pasos que avanzaban sobre las tradiciones ancestrales que la clase acomodada se resiste a cambiar, pues a ellos ya les va bien. Cuando decimos que la realidad dispersa la fantasía del progreso, nos referimos a que las instituciones sociales que oprimen a la mayoría, hombres y mujeres, y a las mujeres doblemente, continúan aquí; por mucho que nos las pinten como simbólicas.

¿No es acaso el Rey el cabeza del Reino? ¿no son los papas, ayatolas, daláis lamas… los cabezas visibles de sus respectivas religiones? Para quienes defienden el concepto tradicional de “familia”, la de esa célula básica social, continúa siendo el “cabeza de familia”, el que manda y decide por el resto de los miembros de la unidad familiar ¿Alguien piensa que esto no tiene nada que ver con el concepto de propiedad que tiene el asesino machista, cuando considera que “su mujer es suya”, o no es de nadie? O simplemente con el concepto autoritario de la derecha sobre la sociedad. Pero aquí seguimos, avanzando por el siglo XXI, atascados y atascadas en conceptos medievales.

Sin embargo, la vida no es igual para las familias pudientes que para las menesterosas, no es igual para la clase explotadora que para la clase explotada: la reina, tanto la vigente como la emérita, la presidenta del Banco Santander, la presidenta de la Comunidad de Madrid… para ellas la realidad es otra, aunque también estén sometidas y acaten el orden patriarcal; la reina emérita bien lo sabe, y lo ha aceptado durante décadas.

Cuando una mujer de la clase adinerada decide abortar no necesita leyes para hacerlo, tiene los recursos para hacer efectiva la decisión, no así las mujeres trabajadoras. Por eso es tan importante la senda que Francia ha trazado, al blindar un derecho legítimo de las mujeres en su Constitución.

El 8 de marzo celebramos el día Internacional de la Mujer Trabajadora de 2024, pero todos los días del año tenemos que reivindicar los derechos del 85% de la sociedad: asalariados y asalariadas, pensionistas, funcionarias y funcionarios, desempleados y desempleadas, y las hijas e hijos de la clase trabajadora, cuyo derecho al trabajo y sueldo dignos, a la Salud, la Educación, la Dependencia y las Pensiones son vulnerados y pisoteados cada día.

Y como este no es un problema aislado en nuestro país, no podemos olvidar mostrar nuestra solidaridad con las mujeres, niños y niñas que están siendo masacradas en Palestina. Por lo que exigimos ¡Alto al Genocidio!

Viva la Mujer Trabajadora

El Comité de Redacción
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Editorial: Las calles se calientan.

Las calles se calientan, y no estamos hablando del cambio climático. Los ataques que vive la clase trabajadora por parte del capital financiero en todo el mundo están teniendo su eco en las crecientes movilizaciones que conforman la resistencia a un modelo de sociedad que oprime a la mayoría social.
A pesar del rol “silenciador” que están jugando los grandes medios de comunicación, la mayoría social está expresando en la calle su hartazgo con la pasividad y tibieza con la que se actúa ante el genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. ¡Basta ya de hipocresías! El Alto el fuego es una exigencia, así como la ruptura de relaciones con Israel ya es un clamor. Estamos hartos de la palabrería de los gobiernos y la Comisión Europea, cómplices por activa o por pasiva con el genocidio.

También el campo se moviliza; particularmente los autónomos y pequeños productores. Los grandes latifundistas y ganaderos, como los duques de Alba, durante años han capitalizado las ayudas de la PAC, recibiendo cada año sumas millonarias. Pero los pequeños agricultores apenas pueden sobrevivir.

Como explicamos en el artículo «separando el grano de la paja», que se publica en este número, miles de pequeños agricultores protestan ante la dificultad para poder vivir de la tierra que trabajan. Aunque las protestas se centran en la burocracia para acceder a las ayudas, y las exigencias medioambientales, un análisis un poco más profundo nos lleva a concluir que la causa del problema radica en el propio mercado. La especulación de la tierra por un lado, y el poder de las grandes corporaciones de la distribución y fabricación de alimentos procesados para imponer el precio que se paga en origen al campesino. Esto, tiene consecuencias desastrosas tanto para los profesionales del campo como para los consumidores en general, quienes pagamos la inflación especulativa que arruina a trabajadores y pensionistas en general. Entenderlo marca la diferencia entre las posiciones socialistas y las que dice defender la extrema derecha populista.

Los agricultores y ganaderos protestan contra la excesiva normativa “mediambiental” ¡falsa defensa del medioambiente y la salud de los consumidores! Pues, si la preocupación de los legisladores de la EU fuese de verdad proteger la Salud de las personas y la Naturaleza, no abrirían las puertas de par en par a los productos de terceros países, ajenos a la UE, que no garantizan ningún respeto al medioambiente ni a la salud, pero sí generan una competencia desleal en los precios, facilitando la aludida imposición de precios a los agricultores, por parte de las grandes corporaciones de la distribución alimenticia.

Se incrementan las movilizaciones en defensa de la sanidad pública al mismo tiempo que salen a la luz nuevas pruebas y testimonios del horror que las trabajadoras y los ancianos tuvieron que vivir en las residencias gestionadas por el gobierno de Ayuso durante la pandemia.

Se incrementa el hartazgo contra unos jueces que contaminan la política, que usurpan el CGPJ desde hace cinco años (9 desde que fueron elegidos), y que (valga el juego de palabras) tienen la «des-facha-tez» de pedir a los políticos que les «dejemos en paz», ante la mirada cómplice de una monarquía que no solo tolera, sino que anima a los jueces a seguir en la misma línea de «independencia judicial», aunque ésta se base en patéticas acusaciones de terrorismo a algunos líderes independentistas, y «conspiranoicos» argumentos sobre las relaciones de Puigdemont con Putin. Todo vale, para unos jueces que niegan el “lawfare” pero lo practican con el único objetivo de desestabilizar al gobierno y que se rompan los acuerdos de investidura alcanzados entre los partidos antifranquistas.

En este sentido, incluimos en este número un nuevo artículo de opinión que trata sobre el “lawfare”, es decir, el ataque de jueces contra las decisiones del legislativo, y que trata también sobre la importancia de la ley de amnistía para el conjunto de la mayoría social, así como la necesidad de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez y sus acuerdos con todos aquellos grupos que sirvan para avanzar en derechos sociales y laborales, y mejorar la convivencia y la relación entre los diferentes pueblos de España.

Al ritmo del aumento de precios de la cesta de la compra, asistimos a una nueva oleada de cierres y deslocalizaciones de empresas: Schneider, Bimbo, Danone y varios proveedores de Ford anuncian cierres. Alcoa y Arcelor frenan inversiones. Michelin y Stellantis decretan parones. Pablosky y GE ejecutan despidos. Todo ello, en medio de una cascada de ERE con miles de afectados. No podemos permitir más cierres, más despidos. Además de solidarizarnos con los trabajadores afectados, es necesario legislar para evitarlo. Mientras, la clase trabajadora se defiende en la calle, las reformas laborales de 2010 y 2012 continúan en vigor.

Mientras en España se calienta la calle, en Europa las cosas no van mejor. Italia, Hungría, Finlandia, Holanda, Polonia…en todos estos países, la socialdemocracia no ha sabido ofrecer alternativas sociales al liberalismo, pues actúan en su misma lógica económica, y hoy están gobernadas por títeres del capital financiero, recortando derechos. Alemania puede ser el siguiente.

La socialdemocracia debe ofrecer alternativas ante el auge de los gobiernos liberales y de extrema derecha que utilizan el término libertad en el mismo sentido en el que lo hacen Ayuso en Madrid o Milei en Argentina. Libertad de mercado eliminando lo público.

La socialdemocracia debe marcar diferencias con respecto al libertinaje del mercado. Mientras que la fuerza de trabajo se debilita y la desigualdad de rentas aumenta, se sigue el dictado de la OTAN para aumentar los presupuestos de defensa.

La guerra, la destrucción, es el camino que tiene el capital financiero para imponer su nuevo orden mundial, y cuando la socialdemocracia le sigue el juego, la derecha lo aprovecha. Donald Trump va incluso un paso más allá que Biden, y amenaza a los países aliados de la OTAN que no cumplan con destinar un 2% de sus presupuestos a defensa, avisando que no solo no los defenderá de un eventual ataque ruso sino que además animará a Putin a intervenir.

El mundo está en manos de psicópatas económicos y la respuesta de la socialdemocracia europea no puede ser la subordinación sumisa a sus estructuras: OTAN, FMI… La escalada bélica con su reguero de muerte y destrucción.

La guerra, no solo es militar, también es social; la especulación de la tierra y de los recursos naturales lleva al encarecimiento de los costes de producción, a la pobreza energética y al encarecimiento de los alimentos y productos de primera necesidad, y al abuso del incremento de los precios para la maximización de los beneficios de unos pocos.

Si Europa sigue la senda imperialista, Europa, la vieja Europa, la de los derechos sociales, la del estado de bienestar, dejará de existir como tal. Para construir esa alternativa social, nuestras sociedades deben decir ¡no! a aquello que está generando el encarecimiento de los costes, el empobrecimiento energético, y el debilitamiento del campo.

Debemos decir no a la guerra y sí a los derechos, sí a la producción regulada de bienes y servicios, sí a los sistemas públicos sanitarios, educativos, energéticos, sí a las infraestructuras hidráulicas que permitan una gestión sostenible de los recursos hídricos, sí al empleo, sí a las pensiones y sí a defender en la calle los derechos colectivos de la mayoría social. Y los más urgente ¡No al Genocidio en Palestina!

Comité de Redacción de Tribuna Socialista
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Elecciones autonómicas en Galicia 18 de febrero 2024

Las expectativas y esperanzas poco fundadas han llevado a una abultada decepción en la izquierda, en Galicia, en general y muy particularmente en el mundo socialista del PSOE. Estos son los datos de las elecciones del 18 de febrero, comparativos con las celebradas el 12 de julio de 2020:

El análisis cuantitativo deja claro que el PSdG ha caído en diputados (-5), porque ha caído en votos (-46.059), a pesar de que la participación ha sido 12 puntos superior.

El PP ha crecido en votos, pero, aún así, ha bajado en diputados, aunque esto no le hace perder la mayoría absoluta, que en la Xunta está en 38 diputados. Tendría que haber perdido 3 diputados más para no tener mayoría absoluta por quinta vez consecutiva: 38 diputados en 2009; 41 en 2012; 41 en 2016; 42 en 2020; y los 40 de ahora.

El único Partido que ha ganado sustancialmente, tanto en votos como en diputados, ha sido el BNG, que ha obtenido un crecimiento del 50% sobre los votos de los anteriores comicios, lo que le ha proporcionado 6 diputados más, si bien, a efectos prácticos de la aritmética parlamentaria gallega poco cambia.

Todas las elecciones territoriales tienen sus particularidades. Sin embargo, tanto en Madrid, como en Euskadi, como en Galicia, el PSOE no solo no gana las elecciones, sino que además ha dejado de ser la fuerza de izquierdas más representativa, en favor de Más Madrid, Bildu o BNG, respectivamente.

No olvidemos que estas elecciones han sido anticipadas 6 meses porque así lo decidió Feijóo. Posiblemente, porque tras su fracaso en la investidura en septiembre del año pasado necesitaba revalorizarse en el seno de su propio Partido, en el que las ambiciones personales están a flor de piel.

Desde nuestro punto de vista, el debate sobre la Ley de Amnistía no ha sido determinante en el resultado; el PP gana por mayoría absoluta desde 2009 y no llevamos 15 años discutiendo de amnistía. Además, si este fuese un asunto determinante para el electorado gallego, el BNG, que apoya la amnistía, no hubiese obtenido los resultados tan positivos que ha recibido en las urnas. Por mucho que el pueblo gallego tenga su idiosincrasia, como cada pueblo del Estado español, está incluido en el barómetro del CIS de enero que dice que la amnistía solo está entre las tres primeras preocupaciones para el 2,3% de la población.

Desde luego que toca pensar por qué el PSdG-PSOE ha caído de manera tan abultada.

Un hecho objetivo, que no ayuda, es el que en estos 15 años pasados el Partido Socialista en Galicia ha tenido 5 secretarios generales diferentes y 4 candidatos distintos. Es evidente que esto no es lo mejor para consolidar un proyecto en un territorio en el que, además, el nacionalismo se sitúa en el mismo espectro ideológico, la izquierda. Si a esto se le añade la forma en la que se quitan y se ponen los líderes en el PSOE, en general, por ungimiento del líder federal, tenemos otro factor que contribuye al fracaso, como es la desafección de las bases militantes hacia las decisiones de las direcciones. El PP no es más democrático a la hora de imponer a sus líderes, a quienes incluso fulmina.

Por otra parte, está la estrategia. Se dice que las elecciones en Galicia las ganan, para el PP, las y los alcaldes. A este respecto hay que saber que de las 146 alcaldía que tiene el PP, sobre 300, solo el 17% son alcaldesas, el 22% en el PSOE y el 34% en el BNG -sirva esta información añadida como mensaje de cara al cercano 8-M-.

Lo anterior, además del sesgo machista, nos dice que el PP tiene el 48,66% del poder municipal, una base muy sólida para optar a la mayoría absoluta en la Xunta y las diputaciones. Este poder municipal, los gallegos y gallegas lo conocen de cerca, se ejerce con un alto grado de caciquismo. En los concellos, a los jóvenes que aún quedan en la Galicia del interior, les es más fácil encontrar empleo en los ayuntamientos -en el mantenimiento de carreteras y cunetas, en las subcontratas municipales, etc- si dan garantías de votar al Partido del alcalde. Cada cual que saque sus conclusiones y/o contraste este hecho. Esto no pretende ser excusa justificativa de los malos resultados socialistas.

No debemos dejar de observar que el porrazo electoral no solo se lo ha dado el PSdG-PSOE, también lo han sufrido, más si cabe, Podemos y Sumar que, en 2020, los primeros se presentaron como Podemos IU ANOVA y parte de los hoy Sumar Galicia eran En Marea, entre ambos han perdido 54.513 votos. Hacemos mención a estos partidos, pues, junto al PSOE han conformado los gobiernos de coalición pasado y actual.

El contenido de los programas y las campañas puede explicar por qué, a pesar de que la participación a crecido un 12%, la abstención es del 39%. De los 500.000 gallegos y gallegas que viven en el extranjero, pero que están censados en Galicia, solo ha votado el 6%. Además, tanto el voto nulo y el blanco suman un 1% del censo y han crecido un 16% y un 9%, respectivamente. Volviendo al barómetro del CIS del mes de enero, la pregunta nº 8 decía: ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, el resultado no dejó lugar a la duda:

1º.- La crisis económica, los problemas de índole económica, con un 37%.

2º.- La sanidad, con un 17,6%

3º.- Los problemas relacionados con la calidad del empleo, con un 14,1%

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones que contrasta con los multimillonarios beneficios de las grandes empresas de la energía o del sector financiero. Los efectos de la privatización de la sanidad pública, y la precarización de las condiciones de vida y trabajo, por supuesto la ausencia de puesto de trabajo. Estas son las preocupaciones, que más bien poco han pesado en las propuestas de los partidos.

A lo anterior, hay que añadir los incumplimientos de promesas electorales, incluso legales, de los partidos mencionados que han formado y forman parte del Gobierno de coalición anterior y el actual. Incumplimientos tales como la no derogación de todos los elementos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012, de ahí que la precariedad y la inseguridad en el empleo esté cronificada. Estos partidos y sus socios parlamentarios de izquierdas han sido incapaces de derogar la “Ley Mordaza”. Y unos y otros, a fecha de hoy, mantienen el incumplimiento de la Ley 21/2021, en su Disposición Transitoria sexta, encargar una Auditoría a las Cuentas de la Seguridad Social.

Estas cuestiones, señaladas a modo de ejemplo, afectan al electorado en Galicia, en Murcia, en Cataluña en Huelva y en Madrid, así como en los demás territorios que componen este Estado plural.

Si las elecciones se dirimen en las acusaciones y las campañas de desprestigio del contario, es entendible, aunque no se comparta, por qué más de un tercio del electorado que el día 18-F se quedó en casa.

Si a las imposiciones desde arriba le sumamos que las bases de afiliados se sienten “pagacuotas”, meros costaleros a los que se les llama para ir a las mesas electorales y poco más, y le añadimos la falta de consolidación de proyectos y la desventaja en el poder municipal, pensamos que hay ingredientes suficientes como para que la Ejecutiva Federal del PSOE y los demás partidos de la izquierda no nacionalista se lo hagan mirar.

Recuperar las propuestas netamente de izquierdas es absolutamente imprescindible para recuperar la confianza de la mayoría social en cada región y que como clase trabajadora tengamos una referencia clara.

El Comité de Redacción
Destacado

Editorial: El alto coste de la guerra para los ciudadanos de Europa.

Lo hemos explicado en anteriores editoriales y lo han abordado los colaboradores de Tribuna Socialista en diferentes artículos, aportando datos precisos: ¡la Guerra en Ucrania tiene un alto coste para los ciudadanos de los países de Europa! Es lo que venimos llamando “La guerra social” que se desarrollacontra todos los pueblos del continente europeo.

                Nos referimos a los efectos económicos de la guerra, pues la sociedad ucraniana y la rusa están sufriendo la guerra en su sentido más dramático: desde el 24 de febrero de 2022, más de 7 millones de ucranianos han tenido que buscar refugio en otros países y 5,4 están desplazados de sus casas en el interior de Ucrania (datos facilitados por ACNUR en diciembre de 2023); en estos casi dos años de guerra, se han muerto 10.000 civiles, de entre ellos 560 niños y niñas, y 18.500 civiles han resultados heridos (datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU).

                A lo anterior hay que añadir la sangría en vidas de jóvenes, ucranianos y rusos en los frentes: En agosto del paso año, “The New York Times” citaba datos facilitados por instancias oficiales de EE.UU., según las cuales los soldados muertos y heridos se acercan a los 500.000 entre ambos contendientes. Un auténtico drama.

                No es posible hacer comparaciones de quién está sufriendo mayormente esta guerra. Pero no por ello debemos normalizar y asumir los efectos económicos que se están cebando con los pueblos de Europa, de los que se están aprovechando las grandes corporaciones y oligopolios.

                Esta guerra estalla en su forma actual con la invasión del territorio ucraniano por partedel ejército ruso. Esto es indiscutible. Pero no se puede negar que ocho años antes, el 21 de febrero de 2014, la Rada Suprema (nuestras Cortes) destituyó a VíktorYanukóvich de sus funciones de presidente de Ucrania. Fue el acto final de una crisis que se había desencadenado unos meses antes, el 21 de noviembre de 2013, cuando Yanukóvich suspendió la firma del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, lo que desembocó en las protestas del “Euromaidan”. Tras estos hechos lo que había eran negociaciones económicas que no cuajaron: la UE ofrecía 600 millones de euros a Ucrania, y el gobierno ucraniano consideró la oferta una humillación, además de acusar al FMI de falta de apoyo económico que compensase la ruptura de relaciones comerciales con Rusia, por parte de Ucrania. Lo siguiente fue, queen abril de 2014, estalló el conflicto interno, ucraniano, conocido como la guerra del Dombás.

                Una vez más tenemos que citar al militar y filósofo prusiano Karl von Clausewitz:

“La Guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Es la continuidad de la política por otros medios”

                Las desavenencias económicas entre la UE y Rusia están azuzadas por los EE.UU., pues el Acuerdo de Asociación de Ucrania y la Unión Europa no es más que una pieza de la partida que se viene jugando desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Quien desee profundizar sobre esta cuestión y la expansión de la OTAN hacia el Este, recomendamos recuperar la lectura del artículo de nuestro compañero Roberto Tornamira, publicado en TS-145, de junio de 2023, “Ucrania: Alcanzar la paz y el desarme nuclear”.

                Llegados a este punto, resulta una ligereza decir que la guerra actual es única y exclusivamente por la ocupación del territorio este de Ucrania por parte de las tropas de Putin. Quién no vea una secuencia de hechos es por que está ciego o porque ha tomado partido. Lo que había detrás de los movimientos políticos y de las negociaciones económicas era ver quién se hacía con el negocio de la Energía en Europa, en concreto del mercado que Rusia tenía como suministrador de gas y petróleo. Negocio que ha cambiado de manos y ahora son los EE.UU., quienes suministran gas licuado a Europa, eso sí a precio mucho mayor que el gas que nos llegaba de Rusia a través de los gaseoductos Nord Stream, “reventados por nadie”.

                Las cifras disponibles hablan de que los EE.UU., han aportando más de 75.000 millones de dólares a Ucrania, al margen del coste de los equipamientos militares (hay que recodar que el presupuesto militar total de los Estados Unidos para 2023 fue de 857.900 millones de dólares, el mayor de todo el planeta). Hoy, la ayuda estadounidense para Ucrania en 2024 está sin aprobar por parte del Congreso y el Senado, por la oposición de los republicanos.

                Para comprender de qué va todo esto, hay que saber que los EE.UU., facturaron, en en el periodo marzo 2022 a septiembre de 2023, 66.700 millones de euros en concepto de Gas licuado, lo que significó un incremento del 360% respecto a 2021. Ya han trincado el negocio y ahora comienzan a pensarse si la inversión ha sido suficiente, pues el mercado está “asegurado” para muchos años.

                La Unión Europea, por su parte, a mediados de 2023, tenía comprometidos más de 77.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Es decir, que la UE, subordinada militar y económicamente a la USA, comparte los costes de la aventura militar de los estadounidenses y además paga la factura que supone el diferencial de precio del gas y el petróleo, por las sanciones contra Rusia. Sin contar con el coste de riesgo para la paz en el conjunto del continente.

                Ante estas evidencias, Tribuna Socialista participamos del Manifiesto Internacional contra la guerra de Ucrania, por el Alto el Fuego inmediato e incondicional, cuyos firmantes mantenemos la máxima de ¡Ni Putin ni OTAN!

                El problema es que Europa, y principalmente la UE, se ha visto arrastrada -con el beneplácito de los gobiernos- a una situación comprometida, cuyos efectos estamos pagando la mayoría de la sociedad, los de siempre. Una de las consecuencias más directa y evidente es la ola inflacionaria que nos está esquilmando los salarios y las pensiones desde hace dos años: alimentos, gas, luz, hipotecas, gasolina…El incremento de los precios de los combustibles está provocando las lógicas protesta de los agricultores en las dos principales potencias europeas: Francia y Alemania.

                El gobierno alemán ha recortado el subsidio al diesel, medida que no afecta solo a los campesinos, y ha introducido un impuesto a los vehículos agrícolas. Parece que al Gobierno semáforo de Alemania (SPD + FPD + Los Verdes) no le cuadran las cuentas y su Tribunal Constitucional les ha emendado la plana por 60.000 millones de euros. Todo ello, a pesar de que el ministro Agricultura, Cem Özdemir, advertía en diciembre que las medidas del Gobierno “superaban el umbral de dolor” del sector agropecuario, pero el resto del Gobierno hizo caso omiso.

                En lugar de explicar que el gobierno alemán, acatando las presiones de la OTAN, decidió destinar 100.000 millones a gasto militar para poyar a Ucrania, de ahí el agujero fiscal que arrastran, lo pretenden resolverdiciendo que los campesinos están influidos por la extrema derecha. Seguro que hay campesinos que votan a AfD (Alternativa para Alemania) el equivalente a VOX en nuestro país. Pero apelar al “lobo” es una simpleza.

                En Francia está ocurriendo algo similar, los agricultores protestan por el incremento de los precios de los combustibles y por de abuso que los mayoristas en la imposición de los precios de los productos agrícolas.

                En otros países de la UE hay situaciones de tensión con los productos agrícolas, concretamente en Polonia los agricultores llevan varios meses denunciando el “dumping” de precios del cereal respecto al precio de los cereales ucranianos.

                Las grandes multinacionales y los cárteles de hecho u oligopolios son los grandes beneficiados, quienes incrementan los precios de manera brutal y sin ningún control de los precios por parte de los gobiernos; un ejemplo de esto en España es el tremendo incremento del precio del aceite de oliva, sin que nuestro Gobierno haya hecho otra cosa que justificar y comprender a los productores, por la subida del precio de los fertilizantes desde el estallido de la guerra en Ucrania. ¿Quién comprende a las familias trabajadoras cuando ven doblarse y triplicarse el precio de un producto alimenticio básico, pero su salario crece por debajo del IPC?

                Para finalizar, Borrell, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, tienen razón cuando dice que “Europa no puede reemplazar a Estados Unidos en la ayuda a Ucrania” Él tiene datos y elementos para decir eso, sin duda.

                Los esfuerzos de la UE no deberían estar centrados en la guerra, sino en la paz. Sería muchos más rentable económica y socialmente. 

El Comité de Redacción
Destacado

Editorial: Salvar la economía hundiendo la humanidad

Esta última Editorial que despide 2023, no es un balance del año que termina, es una reflexión sobre lo absurdo de un sistema económico que destruye la humanidad.

El 24 de febrero se cumplió el primer año de guerra en Ucrania; en un par de meses se cumplirá el segundo aniversario. En agosto pasado, The New York Times daba la cifra de 500.000 víctimas rusas y ucranianas, entre muertos y heridos, datos facilitados por funcionarios estadounidenses anónimos. A esas víctimas hay que sumar los más de 5 millones de ucranianos desplazados más los 6,3 millones de refugiados, repartidos por el mundo, procedentes de Ucrania (datos de ACNUR de mediados de este año).

El 7 de octubre se desató el conflicto en Palestina. Más de 1200 muertos en los asentamientos y kibutz y más de un centenar de rehenes aún hoy en manos de Hamás. De manera inmediata, la reacción del Gobierno de Netanyahu ha tomado la forma de exterminio del pueblo palestino, con más de 20.000 muertos en la franja de Gaza, incontables heridos, la destrucción total de los hospitales en el norte de la franja y el sometimiento de la población a la hambruna en el sur. Además, de los cerca de 400 palestinos muertos en Cisjordania, a manos de colonos judíos y el ejército israelí. Las víctimas están siendo, principalmente mujeres y niños.

Estos son los datos de que disponemos. Pero, ¿Cuáles son los motivos?

En Ucrania, lo fácil, obvio e indiscutible es decir que Rusia ha invadido territorio ucraniano. Sin embargo, esta guerra, como la práctica totalidad de las guerras habidas en la historia y como en los más de 30 conflictos abiertos en el mundo actualmente, hay un trasfondo que no es tan evidente.

Lo que se dirime en Ucrania es el control del abastecimiento energético a Europa: nos suministran los oligarcas rusos protegidos de Putin o nos abastecen las multinacionales estadounidenses escudadas tras la OTAN. Esta es la disyuntiva que se disputa en territorio ucraniano; principalmente en el Este del país, donde antes de la invasión de las tropas de Putin ya había una guerra civil entre el Estado ucraniano y la población ucraniana ruso parlante del Donbass. Este conflicto fue provocado a su vez por la lucha de intereses entre la oligarquía rusa, en alianza con una parte de la oligarquía ucraniana, y las multinacionales occidentales en alianza con la otra parte de oligarcas ucranianos, a los que representa Zelensky. Estados Unidos, con la OTAN como punta de lanza, decidió hace ya tiempo colonizar todos los mercados mundiales, de ahí el avance de la OTAN hacia el Este de Europa; el problema es que ha llegado a la frontera con Rusia.

Lo de Palestina es distinto, sí. Pero con un trasfondo similar. No es necesario retrotraernos al Tratado de Versalles (1920), tras la primera Guerra Mundial, por el que se establecieron los protectorados que diseccionaron Palestina: gestión realizada por la entonces Sociedad de Naciones. Tampoco es preciso que profundicemos en el plan de partición de Palestina propuesto por la ONU, en 1947, apoyado por el trío: Churchill, Roosevelt y Stalin para dividir Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe. Si se profundiza un poco en esas decisiones impuestas al pueblo palestino se entenderán a la perfección las palabras de António Guterres, secretario general de la ONU, “los ataques de Hamás no vienen de la nada”. Siendo cierto, es curioso que lo diga el representante del organismo internacional que participó y tomo decisiones que han derivado en la situación actual. Como también llama poderosamente la atención que se insista en que la solución pasa por dos estados, cuando esta fórmula ha llevado al pueblo palestino al exilio, a ser preso en su propia tierra, y ahora masacrado.

La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué actúa así el Estado de Israel? Porque es la forma en la que el imperialismo estadounidense se garantiza el control de una zona que tiene el petróleo por castigo, entiéndase la ironía. De ahí el apoyo incondicional de la Administración Biden a este crimen de lesa humanidad contra la población civil palestina, frente a lo que los gobiernos de las naciones occidentales, subordinadas a los USA, solo están oponiendo palabrería en el mejor de los casos -es el caso del gobierno de coalición, progresista, del Estado español-. El derecho a la legítima defensa no legitima, en ningún caso, la masacre de un pueblo.

Las consecuencias aún no han aparecido completamente. De momento se amplía el conflicto al Mar Rojo, donde las fuerzas hutíes de Yemen han decidido tomar partido por Palestina atacando los barcos que transiten por sus aguas, con bandera de países aliados de Israel. Hay que recordar que en Yemen se libra un conflicto desde 2015, en el que están implicados y confrontados Arabia Saudí e Irán: una monarquía sátrapa y un Estado teológico criminal que ocupan el 2º y 3er puesto, respectivamente, en el rankig de países con mayores reservas de petróleo.

En paralelo a los conflictos armados se desarrolla una “guerra” cuya munición son las decisiones políticas y económicas que toman las instituciones económicas internacionales, como el FMI, el BCE y la Comisión Europea, los gobiernos y las grandes corporaciones empresariales. En esta guerra las víctimas también son civiles; víctimas que sufren empobrecimiento, explotación… De esta guerra no escapa ninguna sociedad, ningún pueblo.

Uno de los casos más extremos lo sufre el pueblo argentino. Todos los gobiernos, tanto radicales como peronistas, han defendido el mercado libre y han dejado Argentina en una situación lamentable. Ahora, para “arreglarlo”, llega Milei, quién a nombre de la “libertad carajo” va a privatizar Argentina. De momento, para tener las manos libres, carajo, quiere arrasar con todas las leyes laborales y con los derechos de los trabajadores, como la seguridad social, el derecho a huelga y manifestación…

Milei se inspira en los Estados Unidos, está incluso decidido a sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense -dolarizar la economía-. Su inspiración es ese país en el que caer enfermo es una ruina, en el que “4 millones de niños no tienen cobertura sanitaria, en el que un vial de insulina costaba hace ocho años 140 dólares y en el que muchas personas se medican con antibióticos para peces porque son los únicos que pueden pagar” (cita del libro “Esclavos Unidos, la otra cara del dream”, de Helena Villar).

El caso argentino es el más extremo en sus formas, pero nada tiene que envidiar al ultraliberalismo privatizador de la señora Ayuso en Madrid, a las decisiones de mister Sunak en Gran Bretaña o a las últimas decisiones anti inmigración de Monsieur Macrón en Francia.

La resistencia del pueblo palestino es vital para todos los pueblos del planeta, para toda la clase trabajadora. Si Israel aplasta al pueblo palestino cualquier gobierno se sentirá legitimado a reprimir salvajemente, incluso a su propio pueblo. Es por ello que cientos de miles de personas se han echado a las calles de las ciudades del mundo a decir «Alto al Genocidio”, “Palestina vencerá”. Movilizaciones que no han contado con el empuje de las grandes organizaciones de los trabajadores: políticas y sindicales, que han hecho tímidos gestos de apoyo, pero que en realidad están guardando un vergonzoso silencio.

De la misma manera, estamos expectantes a la respuesta que la clase obrera organizada del Argentina comienza a dar a las tropelías que prepara el Gobierno de Milei, a quién se abrazaron con entusiasmo los Abascal, Bolsonaro, Zelensky y otros invitados de “honor” en su toma de posesión.

Todo vale para salvar la economía, aunque se hunda la humanidad. Prueba de ello, por si lo dicho hasta aquí no es suficiente muestra de barbarie, es cómo el modelo de producción está destruyendo el planeta, por mucho que nos quieran convencer de que todos, la humanidad, somos culpables. No, los culpables son esa minoría social a la que pertenecen los que viajan a las “cumbres del clima” en sus jets privados y toman decisiones que les hacen aún más millonarios de lo que ya son.

Invitamos a reflexionar si verdaderamente merece la pena tanto sufrimiento y si es esto lo que deseamos dejar en herencia a las generaciones venideras.

La mayoría de la sociedad tiene la posibilidad de cambiar el rumbo, solo tiene que organizarse y tomar las riendas de su legítimo destino.

El Comité de Redacción
Destacado

Asociación Trabajo y Democracia

Os convocamos al acto debate:
“Amnistía para el entendimiento
o para la confrontación”

9 de enero de 2024, 19:00
Sala ciudad de Úbeda. Ateneo de Madrid

Contaremos con la participación de:

Manuel de la Rocha Rubí
Ex diputado socialista en el Congreso
Gloria Elizo Serrano
Jurista y ex vicepresidenta del Congreso de los Diputados
Safira Cantos Salah
Directora General de la Fundación Hay Derecho
Enrique del Olmo García
Sociólogo

Modera:

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE

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Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid lanza la campaña: En defensa de la sanidad pública ¡reclama!

Nota de prensa 28/11/2023

• El espacio que impulsó las grandes manifestaciones de noviembre de 2022 y febrero de 2023 en defensa de la sanidad pública, lanza ahora esta campaña.

• El objetivo central es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia y la necesidad de hacer reclamaciones en la Sanidad Pública de Madrid, con la vista puesta a denunciar la situación crítica que vive y presionar por su defensa.

Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid, el espacio impulsor de las dos grandes movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública y que aglutina a decenas de colectivos y plataformas de la Comunidad de Madrid, lanza ahora esta campaña. La deficiente inversión en la Sanidad Pública por parte de la Comunidad de Madrid y la grave desviación de recursos públicos hacia la sanidad privada, conlleva un peligroso deterioro de los servicios ofrecidos. En ese sentido, desde el espacio buscan con esta campaña “informar a los ciudadanos sobre su derecho a reclamar (derecho respaldado por una amplia normativa incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y proporcionar herramientas para ejercer dicho derecho”.

Salimos a la calle para enfatizar que, sin reclamaciones, no habrá mejoras ni soluciones visibles en la atención de la Sanidad Pública de Madrid. Las quejas de la ciudadanía se centran en el acceso al sistema, demoras en servicios y disfunciones en los centros de Atención Primaria, los servicios de urgencias extra hospitalarias y en los hospitales. Se destacan problemas como las citas en Atención Primaria, Centros de Urgencias sin médicos, y listas de espera hospitalarias que suman un millón de personas, proporcionando razones sólidas para la reclamación.

La campaña tiene dos objetivos: concienciar a la ciudadanía de la importancia y repercusión en nuestra salud del deterioro del sistema sanitario público, reclamando nuestro derecho a una sanidad pública de calidad, y denunciar ante la Consejería de Sanidad las áreas prioritarias de mejora a través de nuestras reclamaciones.

“Se dirige, por tanto, hacia la Consejería de Sanidad de Madrid, responsable de la gestión sanitaria y entendemos que, tanto la ciudadanía como l@s trabajador@s, somos víctimas del deterioro” dicen las impulsoras.

La campaña se llevará a cabo de manera continua en los próximos meses, buscando que los ciudadanos tomen conciencia del papel imprescindible que tienen en la defensa de su Sanidad Pública.

Se puede consultar más información de la campaña en este enlace


Contacto: Ana Encinas 630203505 / Ana Valiente 666776374
VECINAS Y VECINOS DE BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID
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El capital y la extrema derecha son pareja de baile

Asistimos a una marea alta del extremismo, en defensa de quienes se benefician de un sistema económico depredador. Argentina, Países Bajos…y la derecha española de toda la vida.

Habrá quien piense que qué tienen que ver unas cosas con otras. La respuesta es que les une seguir garantizando que unos pocos viven excelsamente bien, a costa de que muchos se hundan en la pobreza, sobrevivan o simplemente pasen su vida trabajando para pagar: hipotecas, alquileres, gastos educativos, alimentos, etc., pero sin poder garantizar a sus hijos e hijas una vida futura mejor que la que ellos y ellas han tenido, es decir, la inmensa mayoría de la sociedad.

Cuando el presidente electo de Argentina dice que su prioridad es el libre mercado, salvaguardar la propiedad, que le sobran los ministerios de sanidad, de educación, de cultura… está diciendo lo mismo que hace el PP allá donde gobierna: privatizar la sanidad, la educación, las residencias de mayores y todo aquello que a la mayoría le garantiza unas redes de seguridad que el mercado privado no garantiza a quienes viven de su salario.

El señor Milei pregona la “libertad carajo”. La señora Ayuso, es tan simple en su concepto de “libertad” que la reduce a poder salir a tomar cañas. Pero la libertad es algo más complejo, y esa; la verdadera Libertad, es vulnerada constantemente por estos dirigentes políticos. Por ejemplo, a los miles de ancianos y ancianas a los que, en 2020, se les negó su Libertad de ser atendidos en un centro hospitalario; restricción de la Libertad que le costo la vida a 7291 personas en las residencias de Madrid.

La Libertad se restringe cuando los gobernantes privatizan un servicio público. Por ejemplo, el litro de gasolina 95 en Argentina está, en estos momentos, en torno a 0,86 céntimos de euro (hoy en Madrid de la gasolina 95 está, en promedio a 1,68 €). ¿A cuántos argentinos y argentinas se les va a restringir la Libertad de viajar por carretera cuando YPF sea privatizada? Misma restricción que muchas personas sufren en España; eso que conocemos como “pobreza energética”, al tener que restringir las horas de funcionamiento de su calefacción en los meses de frío o el uso de los electrodomésticos, porque no pueden hacer frente al precio de la energía.

Es fácil hablar de “libertad”. Incluso se utiliza este término para que forme parte del nombre de un partido político, como hizo el señor Geert Wilders, al montarse el Partido por la libertad, cuando en 2006 se escindió del Partido Popular por la Libertad y la Democracia.

Al margen del nombre que le pongan al partido, de si son neerlandeses, argentinos, italianos o españoles, todos son minarquistas, neoliberales, conservadores, etc. Todos coinciden en reducir el Estado a la mínima expresión: ejercito, policía, justicia y poco más. De ahí la consigna de criticar al Gobierno por su número de ministerios.

La idiosincrasia del país, la situación concreta en cada lugar y momento, hace que tengan matices, formas de expresar su ideología, pero todos son pareja de baile del capital.

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nicolás Sakorzy, Victor Orbán…, como los Feijóo, Milei, Meloni o Wilders, todos apelan a la “libertad”, todos han gobernado y/o gobiernan a nombre de la “libertad”, pero, en su concepto, el único libre es el Mercado. La “libertad” de las grandes corporaciones, multinacionales y cárteles de subir los precios de los combustibles, de los alimentos, de la energía o del mismísimo dinero.

El problema es que su “libertad” colisiona frontalmente contra la Libertad de la mayoría de la sociedad. Según Our World in Data, con datos de 2021, el 85% de la población mundial vive con menos de 30 dólares (27,50 €), o sea que es pobre. Y la pérdida de poder adquisitivo, producto de la especulación que utiliza la guerra como excusa, nos hace cada día más pobres a los pobres y empuja a la pobreza a cientos de miles cada día.

Mención aparte merece Benjamín Netanyahu, líder actual del partido conservador israelí, Likud. Este individuo -pues el liberalismo se caracteriza por la defensa del individualismo- gobierna Israel teniendo causas pendientes con la justicia; el fiscal general de aquel país le acusó, en 2021, de corrupción en tres causas: soborno, fraude y abuso de confianza. En el ejercicio de su “libertad”, pretende reformar el sistema judicial de Israel; una reforma que atenta contra la capacidad de supervisión del Tribunal Supremo. Según Amnistía Internacional: “tiene consecuencias alarmantes para los derechos humanos, especialmente para la población palestina, así como para otros grupos marginados de Israel.” Entre otras cosas, quiere Netanyahu, otorgar al gobierno de Israel poder absoluto sobre el nombramiento de jueces y fiscales

Lo que el sionista genocida israelí quiere hacer se parece mucho a lo que, en los hechos, viene haciendo en el Estado español el Partido Popular (PP) con el secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue renovado a finales de 2013 y no se ha vuelto a renovar. Es decir, que uno de los tres poderes del Estado lleva 10 años sin ser renovado, 5 años con el mandato caducado. Esta aberración democrática es posible al ejercicio del la “libertad” del PP para boicotear la democracia que dice defender.

Por tanto, Libertad sí, pero para qué.

En democracia, solo cabe responder afirmativamente a la pregunta cuando la Libertad para, entre otras muchas cosas, poder expresarse, manifestarse, opinar… libertades que se ven comprometidas por leyes, como la “Ley Mordaza” (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Una ley que legisló la mayoría absoluta del PP, no para “proteger la seguridad ciudadana”, sino para todo lo contrario, para frenar y amedrantar a la ciudadanía que protestaba legítimamente contra las políticas económicas del Gobierno del conservador Rajoy. Una Ley que habría que derogar, pues cuestiona el derecho de libertad de expresión y manifestación, cuando, por ejemplo, “autoriza a realizar un cacheo a la fuerza, es decir, aunque el afectado haya manifestado su voluntad en contrario; pero se tendrá que causar el menor perjuicio posible a la intimidad y dignidad de su persona.” (Chabaneix, Abogados Penalistas).

El extremismo español se ha lanzado a las calles agitando la bandera, acude a las instituciones europeas, ha puesto en marcha todos sus “resortes” en la Justicia, en las fuerzas de seguridad del Estado (sindicatos policiales y colectivos de militares en la reserva), el clero y la patronal. Vamos, los de siempre. Dicen que para salvar a España y que no se rompa.

Cuidado con los libertadores, ojo con los salva patrias. Al final siempre terminan guardando silencio cuando los comisionistas saquean las arcas del Estado o se benefician de su cargo para enriquecerse, incluso los justifican. Son los mismos que trasvasan ingentes cantidades de dinero público al libre mercado, como hizo el Gobierno del caso “Kitchen” cuando le dio 100.000 millones a la banca y no les ha reclamado la deuda. Eso sí que rompe a un país. Pero es una música con la que al capital en encanta bailar.

El Comité de Redacción
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La sociedad tiene derecho a no quedarse anclada

A los políticos se les debería recordar por lo que hacen y no por lo que dicen. En este país, ha habido gobiernos que han tomado decisiones dignas de recordar por su determinación, incluso contra la opinión de los “suyos”.

Es de justicia mencionar a Adolfo Suarez, cuando en abril de 1977 legalizó al Partido Comunista de España (PCE), máxime viendo de donde venía Suarez: desde 1958 formó parte de la Secretaría General del Movimiento Nacional, entre otros altos cargos en la etapa franquista.

Cómo no reconocer la Ley General de Sanidad de 1986, conocida como “Ley de Sanidad Universal”, sacada adelante por el primer Gobierno de Felipe González. Ley fraguada por el Ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch (asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000). Una ley rechazada ferozmente por Alianza Popular, hoy PP.

Del primer Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero hay que resaltar la valentía en el proceso de negociación con ETA, de 2005 a 2007, a pesar de las posiciones refractarias que encontró fuera y dentro del PSOE. Así como la firmeza que demostró cuando dio la orden de retirar las tropas de Irak, en 2004, no subordinándose a la Administración Bush.

Claro que estos presidentes y sus gobiernos cometieron errores y tomaron decisiones impopulares, pero hay que hacer balance de los hechos concretos: ¿no es el Estado español más plural con libertad de partidos?, ¿no hemos alcanzado altas cotas de calidad sanitaria? -a pesar de que la Sanidad Pública sufre un franco deterioro- ¿no es mejor la discrepancia de algunos de los posicionamientos de la izquierda abertzale que los atentados?

Contra estas y otras medidas del gobierno de turno se han organizado manifestaciones, se ha votado en contra en el Congreso y el Senado y se ha despotricado en los medios por parte de la derecha.

Hoy vemos lo mismo, con un actor que antes no estaba o no estaba emancipado del PP: la extrema derecha: VOX, nace en diciembre de 2013 de la mano de Abascal al que se suma formalmente, un mes después, Vidal Cuadras -presidente del PP de Cataluña de 1991 a 1996-.

El común denominador del rechazo ideológico contra las medidas de progreso, ha sido el “Se rompe España”. Lo que nunca terminan de decir es qué España es la que se rompe: ¿la que muere o la que bosteza? (Antonio Machado); ¿la de los comisionistas?; ¿la de los millonarios cuyas fortunas no paran de crecer?: ¿la que sale a la calle a exigir el Alto el fuego en Palestina o la que otorga medallas de “honor” al genocida?…

El PP defiende a su España, y lo hace con muy poca vergüenza. Es el mismo partido que en 1996, Aznar, quien hoy alienta al tumulto callejero “quien pueda hacer que haga”, pactó un acuerdo de legislatura con la CIU del corrupto Pujol. Juns, heredero de CIU, es el mismo Partido del que, en el mes de agosto pasado, Feijóo decía que “es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, claro que en esos momentos optaba a que le prestasen sus votos para su investidura.

Como socialistas, no estamos de acuerdo con los nacionalismos. Pero no con unos sí y con otros no o ahora sí y ahora no, con ninguno y siempre; con el nacionalismo español tampoco. La derecha de siempre confunde España con sus intereses, como lo hacen el nacionalismo vasco y el catalán, como lo han hecho siempre las minorías sociales privilegiadas (la clase burguesa) frente a las mayorías sociales que solo cuentan con el esfuerzo de su trabajo para vivir (la clase trabajadora).

Ya veremos, con el paso del tiempo, el desarrollo de la Ley de Amnistía y de esta legislatura que se acerca, pero desde ya valoramos muy en positivo la determinación de Pedro Sánchez en alcanzar un acuerdo con todos los partidos antifranquistas, sean de izquierdas o de derechas, como es el caso de PNV y Juns.

Ojalá que esta actitud se mantenga en el gobierno que se forme en las próximas fechas, pues de la legislatura que termina quedan muchas cuestiones por resolver. Cuestiones sentidas y reivindicadas por la mayoría social que apoyó a la izquierda en las elecciones del 23 de julio: derogación de todos los aspectos lesivos para los trabajadores y trabajadoras, introducidos por las reformas laborales de 2010 y 2012; derogación de la “Ley Mordaza”, impuesta por la mayoría absoluta del PP para reprimir la respuesta de la mayoría social a sus políticas sociales y económicas; encargo de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como mandata la Ley 21/2021; implicarse en la coordinación y solución del deterioro y destrucción de la Sanidad Pública, producto de la desinversión y privatización de la Sanidad; legislación estatal de las Residencias de mayores… Esperamos que todos estos asuntos, y otros no enumerados, sean abordados por el nuevo gobierno.

De la misma manera, y en línea con la determinación mostrada en estos momentos, esperamos una reorientación de la política del Gobierno respecto a los conflictos bélicos.

Resulta insoportable que llevemos un mes de bombardeos y exterminio de la población civil de la Franja de Gaza, por parte del ejército de Netanyahu, y que, desde los gobiernos de la UE, incluido el nuestro, solo escuchemos “prudentes” palabras de parar la mal llamada guerra -en este conflicto solo hay un ejército, el israelí- y una propuesta de Conferencia de paz para dentro de 6 meses.

Este sometimiento a la posición de la Administración Biden está en línea con la exigencia permanente de la OTAN de incremento de gasto para la guerra en Ucrania; una manera directa de alimentar la guerra, sin que esto signifique compartir la invasión del Este de Ucrania por parte de las tropas de Putin -Vease el Manifiesto internacional contra la Guerra que ha sido publicado en diversas ocasiones en las páginas de Tribuna Socialista-. Una guerra que está desangrando a la juventud ucraniana y también a la rusa. Y de paso está empobreciendo a los pueblos de Europa y arrasando con derechos y servicios públicos.

De la misma manera, es insoportable la posición xenófoba y racista de la derecha contra la llegada de inmigrantes, los que llegan, y que nadie señale la situación neocolonial que el Estado francés, mantiene en los países de Sahel.

Sabemos que avanzar no es fácil, requiere esfuerzo. Lo comodón, sobre todo para quienes viven confortablemente, es quedarse como estamos. Pero la sociedad, su mayoría, tiene derecho a no quedar anclada.

Los hechos vividos en estos meses, en relación con el proceso para reeditar un gobierno de progreso, nos enseñan, una vez más en la historia, que lo que permite avanzar es la voluntad política de llevar a cabo decisiones en favor de los intereses de la mayoría: es el mejor antídoto contra el fascismo.

El Comité de Redacción
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Editorial: La barbarie sionista se ceba en Palestina

Los pueblos de la tierra asistimos indignados y perplejos a otro capítulo de barbarie, esta vez es uno más contra el pueblo palestino, puede que el más brutal, cruel y despiadado, la historia dirá. El aparato propagandístico internacional israelí, en su intento por acallar las voces discrepantes contra su acción criminal, ha llegado a acusar de antisemita al Secretario General de
Naciones Unidas, han pretendido iniciar una campaña de persecución de futbolistas por el simple hecho de ser de origen árabe y llaman a controlar a los colectivos de jóvenes universitarios norteamericanos; muchos de ellos y ellas judíos también, para que no critiquen el genocidio que se está perpetrando, no en su nombre. Pero las voces de rechazo e indignación ya se escuchan hasta en
Jerusalén.
Tenía razón Guterres cuando dijo que “los ataques de Hamás no vienen de la nada”. Desde que Naciones Unidas propusiese en 1947 la creación de dos Estados, se han producido cuatro guerras: 1948, 1956, 1967 y 1973 y numerosos levantamientos palestinos (intifadas), como respuesta a las provocaciones sionistas y a la constante vulneración de las resoluciones de la ONU. La
consecuencia son miles de muertos y 5 millones de desplazados a campos de refugiados en los países limítrofes, además de los que, con más suerte, hayan podido emigrar a otros países.
Habrá quién considere utópica la solución de un solo Estado en Palestina, laico y democrático, sin integristas islámicos ni ortodoxos judíos, no, al menos, en las instituciones del Estado, pero la aplicación de la solución de dos Estados separados ha llevado a la catástrofe humanitaria histórica que desde 1948 se está perpetrando en contra el pueblo palestino.
Hoy, 2 millones de personas se encuentra “enjauladas” en la franja de Gaza, con la única salida cerrada, el paso de Rafah. El pueblo gazatí está siendo masacrado: ya son más de 8.000 los muertos, la mitad de ellos niños y niñas.
Ante tamaña barbaridad, de las instituciones europeas solo escuchamos tímidas llamadas al respeto del Derecho Internacional y de los derechos humanos, cuando estos se están vulnerando de forma salvaje y flagrante. Los gobiernos de la UE, están de acuerdo en apoyar a Israel, solo discrepan en si balbucear o no las timoratas llamadas a un alto el fuego humanitario, dicen.
Proponen una Conferencia de Paz para dentro de seis meses ¿quedará vivo algún palestino?, ¿quedará alguien en la Franja de Gaza?
Por su parte, los Estados Unidos han pactado que la ayuda humanitaria pase con cuenta gotas por el paso de Rafah, pero más bien parece una excusa, un camuflaje propagandístico, para justificar que Israel continúe con los bombardeos y la invasión terrestre iniciada en estos últimos días.
Israel no podría llevar a cabo su política de exterminio sin el apoyo político y militar de los EE.UU., por ende, esta es una de las formas que toma la política de guerra de los USA en el mundo, al que, directa o indirectamente, tiene empantanado en 34 conflictos armados: Ucrania, Nagorno-Karabaj, Siria, Yemen, Etiopía, Myanmar…En 2022 murieron 238.000 personas en estos conflictos, un 96% más que en el año anterior, dato publicado en la 17ª edición del Índice de Paz Global. Hasta hace poco fue Irak y Afganistán. El resultado de esta política de guerra es un reguero de Estados fallidos, como Libia o Irak.
Como si la situación no fuese ya suficientemente terrorífica, pareciera que se quieran resolver las desavenencias comerciales con China abriendo otro conflicto más en el Mar de China. Se amenaza a Irán constantemente, que es sin duda un Estado teocrático que ejecuta a sus mujeres por no llevar
velo y ahorca a los jóvenes que las defienden. Un Estado que apoya al fundamentalismo islámico de
Hamás y Hezbolá. Pero la solución no puede ser destruir ese país como hicieron con Irak o con Libia.
Decía hace unos días Josep Borrell, el Comisario de Exteriores de la Unión Europea, que: “La UE no puede remplazar a los Estados Unidos en la guerra en Ucrania”. Lo decía el 5 de octubre en el periódico “El Comercio”, dos días antes de la incursión de Hamás en territorio israelí. Es como si la opción de la guerra fuese inevitable. Es evidente que Europa no puede sustituir a los Estados Unidos
en el campo militar, el hecho de formar parte de la OTAN, una estructura militar liderada por EE.UU., está poniendo a los pueblos de Europa en una difícil situación social, por las consecuencias económicas derivadas de la guerra.
Los pueblos, en las manifestaciones masivas que están teniendo lugar en las grandes ciudades, tienen otra lógica distinta a la guerra. Una lógica contraría a los intereses de las multinacionales del armamento, la energía y las finanzas, que, entre otros sectores, se están lucrando como nunca. Los pueblos rechazan la acción de estos intereses económicos que influyen sobre las instituciones y los gobiernos a través de lobbies, cabildeos y comisionistas de todo pelaje; recodemos el escándalo “Qatargate” en referencia a cómo se actúa. El lobismo es una actividad que lesiona la democracia, cuyo caldo de cultivo es la corrupción, al dejar a un lado la intención del voto soberano emitido en las urnas.
Lo urgente es un ¡Alto el Fuego! Inmediato, sin condiciones, en Palestina, en Ucrania y en cualquiera de los conflictos armados que están abiertos a fecha de hoy.
La solución pasa por el respeto a la democracia, pero la de verdad, no a los intereses económicos disfrazados de democracia.
El pueblo judío y el pueblo palestino merecen tener la oportunidad de convivir en democracia, sin sufrir las consecuencias del fanatismo religioso ni de los intereses geoestratégicos de terceros países en Oriente Medio.

Comité de Redacción
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¡Es una indecencia permanecer callados ante el exterminio que se está produciendo en Gaza!

ASOCIACIÓN TRABAJO Y DEMOCRACIA

Han pasado tres semanas desde las criminales incursiones de Hamás en territorio de Israel; asesinatos y secuestros contra población civil que no tienen justificación. La hipótesis que más lógica adquiere, de por qué Hamás llevó a cabo esta planificada acción, es la de que necesitasen que su causa tomase la relevancia que había perdido ante la pandemia, la guerra en Ucrania o los escarceos comerciales y militares de Estados Unidos y China, entre otros acontecimientos. Es posible. En todo caso, el precio en vidas humanas no justifica nada. Como el legítimo derecho a defenderse no legitima un genocidio.

El mundo se ha escandalizado con lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre, veremos cuánto duran estos deleznables hechos en las portadas de los periódicos.

Solo si nos desentendemos de un problema nos sorprendemos con las derivadas que dicho problema pueda tomar. Aceptar que Israel lleve, como mínimo, 75 años invadiendo territorio palestino, a pesar de las condenas y resoluciones de la ONU, tiene consecuencias terribles para el pueblo judío y palestino, fomentando una espiral de odio como la que se continúa fraguando en estos momentos, de manera acelerada, a un lado y otro de la valla que separa Gaza de Israel.

Son llamativos los apoyos y abrazos que está recibiendo el presidente de israelí, el Sr. Netanyahu, uno de los pirómanos de este incendio, sionista donde los haya. Apoyos de Joe Biden y Rishi Sunak, presidentes de USA y Gran Bretaña respectivamente, aunque no solo de ellos. Apoyos y comprensión incomprensible para con la masacre de víctimas inocentes en Gaza: 8000 muertos en Gaza (a 29 de octubre), de los que más de la mitad son niños y niñas.

Solo releyendo la historia y actualizando los hechos podemos encontrar alguna explicación, que no comprensión, a lo que está ocurriendo:

  • En 1922, la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, encargó a Reino Unido que administrase los territorios del Levante Mediterráneo: el Reino de Jordania, los Altos del Golán, Gaza, Cisjordania y lo hoy abarca Israel; a este encargó se le llamó “el mandato británico”; territorios que Gran Bretaña ya había ocupado en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. En esta década de los años 20 se comenzó a fomentar y financiar (por la Agencia Judía, entre otros) la migración de judíos a Palestina.
  • En noviembre de 1947, la ONU proponía dividir la parte occidental del Mandato en dos Estados, uno judío, (el 55% del territorio, antes, la población judía contaban con el 7% del territorio) y otro árabe-palestino, excepto Jerusalén y Belén que quedarían bajo control internacional. El rechazo del gobierno británico a llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia una guerra civil en el territorio del Mandato de Palestina que estalló al día siguiente de la votación del Plan, seguida de la guerra árabe-israelí de 1948.
  • En 1956 la Guerra del Sinaí, en 1967 la Guerra de los Seis Días y en 1973 la Guerra del Yom Kippur.

No profundizamos en los hechos y conflictos que han tenido lugar a lo largo de décadas, pues hay información sobrada para saber más sobre estos acontecimientos, pero nos parecía oportuno mencionarlos para establecer un hilo que ayude a entender el porqué de lo que hoy ocurre. Para ello, es necesario mencionar también las consecuencias de los mencionados hitos históricos:

  • Es difícil saber, en estos momentos, cuál es el porcentaje de territorio que Israel ha ocupado, muy por encima del 55% que se les concedió en 1947, saltándose las múltiples resoluciones de la ONU: 194, 242, 337, 3379, 446, 672, 3236, entre otras muchas, todas ellas son de interesante lectura.
  • Más de 5 millones de palestinos y palestinas sobreviven en campos de refugiados: 2,2 millones en Jordania, 500.000 en Líbano, más de 400.000 en Siria y más de 2 millones en distintos campamentos en su propia tierra, Cisjordania y Gaza.
  • Antes del 7 de octubre, el desempleo juvenil superaba el 50% y el desempleo medio se situaba en el 41%.

Son solo tres impunts de los muchos y desgarradores que se podrían dar, que se están viendo agravados hasta rebasar el límite de lo admisible con el asedio, bombardeos y ahora incursión terrestre en la franja de Gaza, por parte del Estado de Israel.

Con los antecedentes que hemos expuesto no esperamos de Reino Unido otra cosa que apoyo a Netanyahu. Tampoco esperamos que Estados Unidos abogue por la paz, tanto por la incidencia que el lobby israelí tiene en Washington, como por la nula fuerza moral de los USA; por cómo esa nación se fraguó, usurpando el territorio a las tribus nativas.

Entendemos como positiva la propuesta de una Conferencia de paz, para dentro de seis meses, que ha hecho nuestro presidente del Gobierno. Sin embargo, lo que urge es que los gobiernos de la UE y las instituciones internacionales se dejen de medias tintas y exijan a Israel un alto el fuego inmediato.

Tras siete décadas de abuso y muerte, es poco creíble que la solución pase por el establecimiento de dos estados, eso ya se propuso en 1947. La solución es muy difícil, pero desde luego no es solución continuar dando largas al conflicto. Lo deseable sería que se establecieses las condiciones para que palestinos y judíos puedan vivir en un solo Estado, laico y democrático, en el que no tenga cabida ni el supremacismo sionista ni el integrismo islámico.

El sentir manifestado en este comunicado, por la Junta Directiva de ASTRADE, sirve para cualquiera de los conflictos armados que hay hoy en el mundo, aunque no podamos precisar los hechos y circunstancias de cada uno de ellos.

Junta Directiva
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La amnistia y el referéndum en Catalunya son un avance democrático para los trabajadores y los pueblos del estado 

Estos días, de nuevo se concentra toda la atención política vinculada a la posibilidad de investidura de Pedro Sánchez, en torno al debate sobre la amnistía a los procesados y condenados por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Fueron casi 3.000 personas las encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por organizar el referéndum del 1-O, también como consecuencia de la represión impuesta en general al movimiento independentista durante el período posterior. Se pone, intencionadamente, el énfasis en los responsables políticos procesados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, en especial, jóvenes, procesados por el referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones contra el juicio y condena a los dirigentes republicanos catalanes.  

Ese número desorbitado de perseguidos y procesados es el resultado de la campaña emprendida por el aparato policial y judicial contra el pueblo catalán tras el infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, y la consigna de ¡A por ellos!  

¿Qué futuro de progreso puede establecerse en este país sobre la base de la persecución y condena de miles de ciudadanos? ¿Cómo puede establecerse una relación de fraternidad ente los pueblos del Estado sobre esta base?  

Desde el CATP, convencidos de que todo avance social en este país necesita de la alianza de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de estos procesados y detenidos, sin cortapisas o condiciones. Un ejemplo de pasos en positivo es la recogida de firmas que nuestros compañeros de Tribuna Socialista han puesto en marcha y que ha tenido una buena acogida entre la militancia socialista, una iniciativa que merece el apoyo del CATP. 

Apoyamos la amnistía y este derecho, incluso, al margen de que haya o no investidura de Pedro Sánchez y de los acuerdos desarrollados finalmente con Junts y ERC. Porque consideramos que el único “delito” de los procesados fue tratar de defender y de ejercer unos derechos democráticos, lo que fue respondido por una represión policial brutal, por la violación flagrante de la legalidad por parte del sistema judicial español y por una respuesta del aparato de Estado y de los partidos que se autodefinen como “constitucionalistas”, de cierre de filas con la monarquía centralista impuesta por el franquismo y heredada de aquel régimen criminal. 

Hoy, de nuevo, las fuerzas del viejo régimen se han agrupado contra esta exigencia de amnistía y de libertades. Desde la Corona, los aparatos del Estado y la derecha en las instituciones (incluidos los restos del felipismo en el PSOE), así como los poderes oligárquicos y los medios de comunicación a su servicio. Esta oposición cerrada no resulta casual. En 2017 estimaron igual que estiman ahora el peligro real de un cambio del régimen constitucional del 78, por lo que utilizaron y utilizarán todos los mecanismos para impedir todo avance en este sentido.  

El CATP entiende, sin embargo, que, aunque en 2017 se pusieron los focos sobre el Govern de Puigdemont, sus consellers, el Parlament y los alcaldes independentistas, quienes realmente dieron viabilidad y defendieron el referéndum del 1-O fue la población trabajadora catalana, y, en especial, la juventud, que nunca renunció a ejercer sus derechos a la libertad y a decidir libremente su destino. Unos derechos, compartidos fraternalmente con los trabajadores y los pueblos de todo el Estado español, que hoy siguen “conculcados”. 

Defender la amnistía de los represaliados políticos catalanes, sin renunciar al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro y a la realización de un referéndum con garantías forma parte, en consecuencia, de la misma lucha de la clase trabajadora de todo el Estado. Supone un avance importante para que, sea cual sea el gobierno que se forme, podamos seguir defendiendo nuestras reivindicaciones más urgentes y unos derechos y garantías democráticas que el actual régimen monárquico se ha mostrado incapaz de satisfacer.  

La exigencia de amnistía es incondicional, al mismo tiempo para los trabajadores, los jóvenes, todos los sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos, hacer frente a las consecuencias de la crisis económica es esencial. Hacer frente al nuevo impuesto para los trabajadores que significa la inflación, que permite ganancias astronómicas para el gran capital, exigir aumentos de salarios y pensiones según el IPC real, medidas para controlar los precios derogar lo que falta de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y los bajos salarios, hundiendo en la miseria a la clase trabajadora. Hay que derogar las disposiciones represivas como la “Ley Mordaza”, acabar con los gastos militares que alimentan la muerte, la destrucción en Ucrania y menoscaban los servicios públicos: la Sanidad la Enseñanza, las Pensiones, etc. 

Hoy, exigir la amnistía de los y las represaliados en Catalunya por defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conlleva también defender una salida republicana para la población trabajadora y los pueblos del Estado español. 

Llamamos a todos los demócratas a apoyar estas exigencias elementales y proponemos realizar, donde sea posible, actos y reuniones con este objetivo.  

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Editorial: La derecha nostálgica pretende entorpecer los avances democráticos.

Dicen que el tiempo es oro, y los nacionalistas españolistas nos lo están haciendo perder a raudales. Parece necesario explicar quiénes son esos nacionalistas, a los que Manuel de la Rocha se refería como “el nacionalismo esencialista español”, en un artículo publicado en elDiario.es el pasado día 17 de septiembre, bajo el título “La cuestión territorial y el encaje de Cataluña en España”. Pensamos que es necesario discernir entre españoles y nacionalistas españolistas.

Lo primero que hay que decir es que el nacionalismo es una ideología, es decir: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc”. (RAE).

Está claro que, el Estado español, es un Estado muy rico y plural en cultura, religión e ideología, incluso en lenguas. Un Estado en el que hay distintas vertientes nacionalistas: nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, y también nacionalistas españoles, además de liberales, demócrata-cristianos, socialdemócratas, socialistas, comunistas…”. Ocurre que los nostálgicos del nacional catolicismo y el movimiento nacional, con todos sus componentes falangistas y filofascistas, se niegan a que otros nacionalismos “se metan en su terreno”, esa piel de toro que consideran de su propiedad privada, su cortijo.

Pero resulta que en el Estado español también hay mucha gente, puede que la mayoría social, a quienes nos es ajeno el nacionalismo, los fenómenos nacionalistas, o la identidad nacional. Hemos nacido donde hemos nacido y lo que nos preocupa es tener un trabajo en condiciones dignas, pagado dignamente, pues de ello depende el sustento de nuestras familias. Nos preocupan las distintas partes de salario que recibimos, aunque no las llamemos salario, como son las pensiones, cuya naturaleza las convierte en “salario diferido”: el que nos pagarán cuando nos jubilemos; por eso es un tremendo error si un trabajador o trabajadora joven piensa que la pensión le es algo ajeno. También lo son los servicios públicos, pues con el salario directo, el de la nómina de cada mes, no podríamos pagar la Sanidad ni la Educación ni la Residencia cuando te haces mayor u otros servicios sociales, ahí entra en funcionamiento el salario indirecto, esa parte de nuestro salario mensual que va a impuestos, junto con el ajuste anual del IRPF, para poder costear a los médicos o a los profesores de nuestros hijos e hijas, entre otros profesionales de la función pública.

Es por este concepto no nacionalista por el que en la iniciativa(1) que Tribuna Socialista puso en marcha el pasado día 21 (publicada en la página 8 del presente número de TS) manifestamos nuestro apoyo a la necesidad de una reedición del Gobierno de coalición, de corte progresista, y nos hacemos eco de las palabras del presidente del Principado de Asturias, el señor Barbón, cuando manifestaba: “Lo que yo quiero es que haya un Gobierno de Pedro Sánchez. Uno que suba las pensiones, el salario mínimo y las becas”. Que termine de cumplir con la Ley 21/2021 y encargue la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que sea una voz en la OTAN que abogue por parar la Guerra en Ucrania, en lugar se contribuir a la espiral bélica, que tome cartas en parar la destrucción de la Seguridad Social en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, entre otras cuestiones, habría que añadir a las palabras del señor Barbón.

No identificarse con los postulados nacionalistas españoles no nos hace menos patriotas, prueba de ello es que hay “patriotas de boca y bandera” y “patriotas de hechos”: los primeros son los vividores, esos que parasitan en instituciones, sociales y del Estado, llevándoselo calentito, los que además de calentito se lo llevan a paraísos fiscales, los comisionistas de todo rango, los que se benefician de ardides y vericuetos fiscales para no tributar… y luego estamos los patriotas de hechos, que no andamos a vueltas con la bandera ni nos pirramos por la simbología nacional, los que cotizamos hasta el último céntimo de nuestros ingresos porque somos conscientes de que sin impuestos no hay servicios públicos.

Nos atrevemos a decir que la mayoría social no es nacionalista, pues en las nacionalidades históricas: Catalunya, Euskadi y Galicia, también hay muchos catalanes, vascos y gallegos que no son nacionalistas. Esa mayoría no tenemos ningún interés en confrontar con quienes sienten esta o aquella identidad; quizá porque consideramos que el territorio es de todos y todas, y no de un grupo de privilegiados. Y es por eso mismo que queremos convivir en paz con todos los pueblos que componen el plural Estado español. Si es necesario legislando una Ley de Amnistía, y si no encaja en la Constitución pues que democráticamente se reforme la Constitución.

Hay quien argumenta que no se le puede dar la amnistía a Puigdemont: están en su derecho de argumentar, pero es que no se trata solo de Puigdemont, hay 1400 encausados, entre los que se encuentran, jóvenes, directores de colegios, maestros o ciudadanos que, por el simple hecho de querer expresarse libremente, se les ha abierto causa, algunas más que dudosas, y están pendientes de ser juzgados, por una judicatura sobre la que existen dudas más que razonables sobre sus criterios y que estos sean imparciales. Se trata de avanzar en el derecho del pueblo catalán, y del resto de los pueblos del Estado español a decidir su destino, a sentirse mayoritariamente cómodos en el Estado, de forma libre y voluntaria.

El fracaso de Feijóo en su intento de ser investido presidente del gobierno ha dejado de forma nítida esa foto del “nacionalismo esencialista español”. Esa opción ideológica que se arroga la representación de la patria y la nación, aprovechándose de la intoxicación mediática que ellos mismo dirigen, para crear confusión.

Desde Tribuna Socialista siempre hemos defendido, y es pertinente defenderlo ahora, el derecho a decidir como un elemento democrático que facilita e impulsa la fraternidad entre los pueblos. La compaña por una ley de amnistía que hemos impulsado desde el Comité de Redacción pretende ayudar y que sea un punto de apoyo para que Pedro Sánchez y su equipo puedan avanzar en dar soluciones políticas a los conflictos políticos, y dejar de judicializar el mal llamado problema catalán.

Sin duda, si una ley de amnistía sirviese para impedir que el PP se hiciese de nuevo con el Gobierno, eso en sí mismo serviría para impedir que los ataques a las conquistas conseguidas se llevasen a cabo, por tanto, sería un punto de apoyo para seguir avanzando en las demandas que siguen pendientes en línea con lo expresado por el presidente asturiano, Adrián Barbón.

Si la mayoría social toma conciencia de pertenencia a la clase que pertenece la derecha nostálgica se verá cada vez más sola, por mucho que mientan y pregonen que ganan los debates.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista.

“Campaña de firmas entre los y las socialistas, para apoyar al Secretario General del PSOE y, si es necesario, para que avance hacia una solución de Amnistía sobre los hechos del “porcès”.

Destacado

Jornadas por la Sanidad Pública de Madrid, del 6 al 8 octubre 2023

Descarga aquí el Programa de las Jornadas

VIERNES, 6 DE OCTUBRE
17.00 h
Inauguración y Acogida
Genaro Raboso Saelices,
Coordinador de las Jornadas.
17.15 – 19 h
Los planes de la
Comunidad de Madrid.
17.15 h
Atención Primaria, con
Plataforma de Centros de
Salud de Madrid.
17.45 h
Atención Hospitalaria, con Médicos y Facultativos no fijos de Madrid y Sindicato MATS.
18.15 h
Urgencias Extra hospitalarias, con Plataforma SAR Madrid y Plataforma 112.
19.00 – 20.30 h
Debate en grupos.

SÁBADO, 7 DE OCTUBRE
10.00 – 11.30 h
Experiencias de acción frente al
desmantelamiento.
10.00 h
Huelgas en Atención Primaria, con AMYTS.
10.30 h
La experiencia de Encierro de Manoteras y
SUME.
11.00 h
Experiencia de V y V de B y P de Madrid, con
Latina en Defensa de la Sanidad Pública y
Vecinas y Vecinos de Asamblea Popular de
Carabanchel.
11.45 – 14.00 h
Debate en grupos.

14.00 – 15.30 h
Comida.


15.45 – 18.00 h
Experiencias de organización
ciudadana.
15.45 h
Experiencia de Vecinas y Vecinos de Barrios y
Pueblos de Madrid, con Plataforma Villaverde
por la Sanidad Pública y Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública Sierra de
Guadarrama.
16.15 h
La lucha de los familiares de usuario/as de
residencias, con Marea de Residencias y
Verdad y Justicia en las Residencias de Mayores.
16.45 h
Otras formas de participación, con Familias por la Sanidad Pública de Vallecas.
17.30 – 20.00 h
Debate en grupos.

DOMINGO, 8 DE OCTUBRE
10.00 – 12.25 h
Conferencias.
10.00 h
Dra. Irene Blanco del Río,
de Plataforma afectados
por COVID persistente y
encefalomielitis miálgica.
10.50 h
Vicente Losada, Economista y activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad.
11.40 h
Dr. Juan José Rodríguez Sendín y Dr. Fernando Lamata Cotanda, de Asociación por un Acceso Justo al Medicamento.
12.30 h – 14.30 h
Exposición de lo
recogido en los grupos
de trabajo y Clausura.

Descarga aquí el Programa de las Jornadas

Destacado

A la Comisión Ejecutiva Federal, al grupo parlamentario del PSOE

Este documento es impulsado, distribuido y difundido por el Comité de Redacción de Tribuna Socialista.Teniendo como objetivo la entrega del mismo a la Comisión Ejecutiva Federal y al Grupo Parlamentario Socialista, junto con todos los firmantes que lo apoyaron, a modo de carta abierta colectiva. Publicado en TS-146 de septiembre de 2023.

El día 23 de julio la mayoría social le paró los pies a la derecha extrema y a la extrema derecha y abrió la posibilidad reeditar la formación de un gobierno de progreso con el PSOE como partido de izquierdas más votado. Aunque el PP carece de los apoyos necesarios para conseguir la investidura, el Rey, incomprensiblemente, designó a Feijóo como primera opción para que intente formar Gobierno.

Pedro Sánchez ha reiterado en diversas ocasiones su voluntad de formar gobierno para parar los retrocesos sociales y democráticos que anunciaba Feijóo en la campaña electoral.

Las presiones para que el PSOE facilitara la investidura de Feijóo han venido desde la CEOE, la gran banca, las empresas energéticas o de esos que se llaman “hombre de Estado”; basta ver las declaraciones de Cebrián en el País del 11 de septiembre y de Aznar llamando a la movilización. Incluso dentro del PSOE se han alzado algunas voces como las de Nicolás Redondo, Felipe González, Alfonso Guerra y García Page, contrarias a los acuerdos por una amnistía. Como ha dicho Pepe Montilla (ex presidente de la Generalitat de Catalunya) en referencia a las declaraciones de Felipe, “A veces parece que [Felipe] González y [Alfonso] Guerra salgan en auxilio del PP”.

Ante la posibilidad de un acuerdo de investidura que incluya un compromiso para aprobar la amnistía para los más de 1400 políticos encausados por el conocido “procés”:

Los abajo firmantes, militantes socialistas, nos dirigimos a la Comisión Ejecutiva Federal de nuestro partido y al grupo parlamentario socialista para tramitar una ley de amnistía que sirva tanto para normalizar la vida política en Catalunya y España, y garantizar así la convivencia entre los pueblos que componen el plural Estado español, como para que se pueda conformar un Gobierno progresista liderado por el PSOE, que legisle, como dice el compañero presidente de Asturias Adrián Barbón: “Lo que yo quiero es que haya un Gobierno de Pedro Sánchez. Uno que suba las pensiones, el salario mínimo y las becas”.

Por todo ello, mostramos nuestro apoyo a Pedro Sánchez para negociar con todos los partidos antifranquistas, acordando políticas que respondan a las demandas de la mayoría social y acordando la amnistía para restablecer la fraternidad y la colaboración y el mejor encaje de los distintos pueblos de este Estado plurinacional que es España.

Firmantes a Titulo Individual:

José A Iniesta Martín, Sant Boi - Barcelona. Roberto Tornamira Sánchez, Arganzuela – Madrid. Baltasar Santos Fernández, El Vendrell – Tarragona. María Iglesias Domínguez, Nervión – Sevilla. Eduardo Hernández Oñate, Bº de Salamanca – Madrid. Iñaki Merino Montes, afiliado UGT – Bilbao. Eduardo Markina Nagore, Antonio Amat-Vitoria/Gazteiz. M. Antonia Prego Prego, Indalecio Prieto – Bilbao. Luis Rojo González Getafe – Madrid. Olga Bravo Losada, Madrid Centro. Juan José Cerrato Cerrato, Quijorna – Madrid. Eduardo Sabina Blasco, Vicálvaro – Madrid. Mario Martín Arribas Getafe – Madrid. Luciano Pereda Valdemoro, El Álamo – Madrid. María Jesús García Caballero, El Álamo – Madrid. Francisco Gaitán Rufo, El Álamo – Madrid. Mari Pau García Cupertino, Ciutat Vella – Valencia. José Joaquín Alonso Malpesa, Tarancón – Cuenca. Ignacio Cabello Cabello, Santa Cruz de la Zarza – Toledo. María Jesús Fernández Asenjo, Uribarri – Bilbao. Magdalena Maqueda Molero, Toledo. Agustina Pérez Sánchez, Santa Cruz de la Zarza – Toledo. María Teresa Forero Prieto, Santa Cruz de la Zarza – Toledo. Rosa María Sánchez Salazar, Toledo. Diego Ruiz Ruíz, Polán – Toledo. Eva Perea Berguío, Toledo. Mercedes Berguío Martín, Toledo. Juan José Uriondo Gijón, Villatobas -Toledo. Juan Miguel Hernández Rey, Piedralaves – Ávila. Antonio Ataz Rubio, Murcia - Ciudad-Sur. Francisco Navarro Domínguez, Martorell – Barcelona. Ernesto López Santos, Sant Boi – Barcelona. Carlos M Doblado Ortega, Sant Boi – Barcelona. Sergio Moya. Sant Boi – Barcelona. Fernando Ruiz Cerrato, Fuencarral – Madrid. Ignacio Bruna Calamocha -Teruel. Iñaki Malda Fuentes. Avilés – Asturias. Enrique del Olmo García, vicepresidente de Madrid Centro. Mario Peláez Martínez, Oviedo-AMSO PSOE – Asturias. Silvia Font Jurado, Arganzuela – Madrid. Andrés Hervás Carreño. Madrid Centro. Mª. Felisa Díez de la Rosa, Moncloa – Madrid. Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez, UGT – Madrid. Mari Luz Galera Quereda, Murcia Oeste. Juan Antonio Muriel Moreno, Nervión – Sevilla. José Miguel Villa Antoñana, Collado Villalba – Madrid. Marisa Cuesta Arandilla, Antonio Amat – Vitoria/Gasteiz. Leonor Mogio Gabardino, Collado Villalba – Madrid. Gloria Mora Campos, Afiliada Directa. José Manuel Álvarez Morales, Collado Villalba – Madrid. Manuel Penelas García, Arganzuela – Madrid. Esmeralda Abenia Uliaque, Quinto – Zaragoza. Isabel Uliaque Pérez, Quinto – Zaragoza. Juan José Herradón Linaza, Hortaleza – Madrid. Francisca Fontalba Barba, Puente de Vallecas – Madrid. Azucena Lamaza Martínez, Antonio Amat – Vitoria/Gasteiz. Ángel Alonso Calvo, Arganzuela – Madrid. Begoña Merino, Ortuella – Bizkaia. José Manuel Carreira García, Culleredo - A Coruña. Pedro Eugenio Robledo Campo. Majadahonda – Madrid. Antonio Rodríguez Jiménez, El Escorial – Madrid. Miguel Arranz Sánchez, Alcorcón – Madrid. Juan Félix Sánchez Triguero, Valdetorres – Badajoz. Charles Adedayo Ajayi, Miraflores – Málaga. Pepi Reyes Fernández, Canena – Jaén. Dolores Lucas Picón, Roquetas de Mar – Almería. Daniel Martínez Porras, Roquetas de Mar – Almería. Rafael Abenia Uliaque, Quinto – Zaragoza. Yolanda Santamaría Navaridas, Barakaldo – Bizkaia. Irene Fernández Lamas, Antonio Amat – Vitoria/Gasteiz. José Javier Cubillo García, Collado Villalba – Madrid. Irene Fernández Sánchez, Jaime Vera – Salamanca. Alfonso Castillo Gallardo, Secretario General de Boadilla – Madrid. Ana Molina Triviño, Pablo Iglesias – Vitoria/Gasteiz. Pilar Neve García, Antonio Amat – Vitoria/Gasteiz. Juan Pastor Álvarez, Antonio Amat - Vitoria-Gasteiz. Luis Barra Galán, Getafe – Madrid. Fernando de Pedro Rodríguez, Getafe – Madrid. Mª. Soledad Sánchez Castellanos, Getafe – Madrid. Flavio Moya Valladolid, Getafe – Madrid. Ramón Molina Torres, Getafe – Madrid. José Luis Martín Escudero, Retiro – Madrid. Iris Bustos Martín, Afiliada directa. Manuel Souto González, Marín – Pontevedra. María Ruiz Cordón, Villaverde – Madrid. Javier Muñoz Delgado, Afiliado directo. Mercedes García Pizarro, Getafe – Madrid. Héctor Ramón Molina García Getafe – Madrid. Guillermo Martínez Robles, León. Juanma González Mosquera, concejal del Ayuntamiento de Getxo.PSE-Algorta. Pilar Jané Abelló, El Vendrell – Tarragona. Silvia Vaquero Martín, El Vendrell – Tarragona. Martí Carnicer, El Vendrell – Tarragona. José Manuel Gracia, El Vendrell – Tarragona. Mª. Ángeles Zambrano Robles, El Vendrell – Tarragona. Jeroni Iturat Padilla, El Vendrell – Tarragona. Verónica Talavera Haro, El Vendrell – Tarragona. Montse Martín Gibert, El Vendrell – Tarragona. Antonio Rodríguez Cívico, El Vendrell – Tarragona. Mariano Martínez Buita, El Vendrell – Tarragona. Juan Luis Espinosa, El Vendrell – Tarragona. Montserrat Salvatierra, El Vendrell – Tarragona. Núria Rovira, El Vendrell – Tarragona. Roger Caballero, El Vendrell – Tarragona. Margarita González Rodríguez, El Vendrell – Tarragona. Esther Rodríguez Santos, Barakaldo – Bizkaia. Soledad Herrero Hernández, Atrabudua – Erandio Bizkaia. José María Martínez Portillo, Las Arenas – Getxo Bizkaia. Tomás López Arias, Latina – Madrid. Rafael García Serrano, Macarena – Sevilla. Enrique Llamas Padrino, Latina – Madrid. Antonio Gómez Iruela, Chamberí – Madrid. José Ramón Urtubi Sáez, Retiro – Madrid. Federico Montero Hita, Retiro – Madrid. María Dolores Pérez Flor, Retiro – Madrid. Fernando Magro Fernández, Retiro – Madrid. Alfonso Sanza Santaolalla, Retiro – Madrid. José Manuel Garoz Mora, Retiro – Madrid. José María Hurtado Santos, Retiro – Madrid. Marisa Álvarez Durante, Agrupación Socialista Universitaria. Jesús Fernández Martín, Macarena – Sevilla. Máximo Martínez Román, Torrejón de Ardoz – Madrid. Norberto Mira López, Callosa de Segura – Alicante. Soledad Ricardo Orozco. Retiro – Madrid. José Antonio Helguera Herrera, Retiro – Madrid. Francisco González Valiente, Retiro – Madrid. Pablo José Cernuda Molinero, Retiro – Madrid. María Luisa Cardona Miralles, Retiro – Madrid. Juana Cerezo Bao, Getafe – Madrid. Antonio Lorente Medina, Mataró – Barcelona. Mercedes Bedmar Pérez, Latina – Madrid. Mariano Gómez Iserb, Las Rozas – Madrid. Juan Iglesias Roldán, Arganzuela – Madrid. Manuel Martín Beato, Militante de UGT – Madrid. José Luis Villares Atienza, Salamanca – Madrid. Inocencio González Gutiérrez, Atrabudua – Erandio Bizkaia. Isidoro Romero de la Osa, Mairena del Aljarafe. Ángel Egea López, Antonio Amat – Victoria/Gazteiz. Dalmacio Martín. Pablo Iglesias – Victoria/Gazteiz. Jesús Sanz González, Rivas Vaciamadrid – Madrid. Pilar Fernández Rufo, Sevilla Centro. José Ángel Mauriño Márquez, Sevilla Centro. Dolores Escalona Sánchez, Aznalcazar – Sevilla. Carmina Fornelino Díez, Mairena del Aljarafe – Sevilla. María Jesús León Sánchez, Cerro Amate – Sevilla. Carmen Alcázar, Alesto – Sevilla. Encarnación Bernal Martelo, Sevilla Centro. Presentación Sánchez Ocaña, Brenes – Sevilla. Germán Payán Gómez, Militante de UGT – Sevilla. Meli Guijarro Domínguez, Sevilla Centro. Juan Antonio Gilabert Sánchez, Miraflores – Sevilla. Teodoro Piñuela Pérez, Paracuellos del Jarama – Madrid. Saturnino Mezcua Navarro, Hortaleza – Madrid. José Moreno Morales, Abrera – Barcelona. Juan Carlos Rodrigo Bragado, Cerdanyola – Barcelona. Ascensión Navío Martínez, Cerdanyola – Barcelona. María Victoria Zumalacárregui Suarez, León Fernando González Moral, Trespaderne – Burgos. Matilde Cáceres Lianes, Rosa Luxemburgo – Sevilla. Jesús Gurriaran López, Calpe – Alicante. María Auxiliadora García López, Alestos – Sevilla. Dominga Jiménez, Mairena del Aljarafe – Sevilla. Rosario Valles de Paz, Cerro Amate – Sevilla. Cristina Pereda Postigo, Santander – Cantabria. Nieves Arroyo Pecino, Avilés – Asturias. María del Carmen Alonso Rodríguez, Avilés – Asturias. Pedro García Rodríguez, Avilés – Asturias. Fernando Prendes Fernández-Heres, Avilés – Asturias. Elia Borbolla Díaz, Avilés – Asturias. Angélica González Fernández, Castrillón – Asturias. José Ángel García Rodríguez, Castrillón – Asturias. María Victoria Fernández, Castrillón – Asturias. David Casado Gamo, Castrillón – Asturias. Eugenio Gutiérrez Fernández, Avilés – Asturias. Mercedes García Martínez, Gijón – Asturias. Francisco Gabriel Sánchez Martínez, Avilés – Asturias. Petra Romero Atero, Avilés – Asturias. Beatriz Benavides Fuster, Oliva – Valencia. Francisco Ledo Arévalo, Barrio de Salamanca – Madrid. Felipe Rodríguez Navarro, Alcalá de Guadaira – Sevilla. Ana Vannereau da Silva, Alcalá de Guadaira – Sevilla. Manuel Bonilla Álvarez, Mairena del Aljarafe – Sevilla. Encarnación Roldán Mariscal, Nervión – Sevilla. Manuel Peñalosa Martínez, Triana.Sevilla, UGT-Andalucía. José Luis Bejarano Damas, Almensilla – Sevilla. Rosario Ballester Angulo, Nervión – Sevilla. Julián Vileya Rodríguez, Alesto – Sevilla. Francisco Javier Román Escalona, Aznalcazar – Sevilla. Rafael Martín de Agar, Alcalá de Guadaira – Sevilla. Eva Soriano Pérez, Mataró – Barcelona. José Ramón Arguelles García, Siero – Asturias. Carlos Rodríguez Robles, La Haba – Badajoz. José Ramón Piñero Rodríguez, Culleredo – A Coruña. Rafael Egido Pérez, Latina – Madrid. Carlos Gonzalo Sánchez, Llanes – Asturias. Feliciano Hidalgo Garrote, La Rinconada – Sevilla. María del Rosario Nájera Hidalgo, Sevilla – Centro. Miguel González Miranda, Avilés – Asturias. María Jesús Rodríguez Llera, Avilés – Asturias. David Marcos Sánchez Iglesias, Avilés – Asturias. María del Mar Álvarez Pando, Avilés – Asturias. Amparo Iglesias Gutiérrez, Avilés – Asturias. Ángeles Artime Arias, Avilés – Asturias. Pablo González Castañón, Avilés – Asturias Manuel Burgos Golfin, Avilés – Asturias. David Astorga González, Langreo – Asturias. Susana Alberdi González, Langreo – Asturias. Manuel Pantaleón Álvarez, Castrillón – Asturias. María Jesús Cereijo Alonso, Corvera – Asturias. María Dolores Patón Sabucedo, Gijón – Asturias. Nazaria Moreno Sirodey, Villanueva del Río y Minas – Sevilla. Concepción Márquez Sánchez, Villanueva del Río y Minas Sevilla. José Ramón López Martínez, Alcalá de Guadaira – Sevilla. Carmen Orozco, San Jerónimo – Sevilla. Mercedes Martín Rubio, Barrio de Salamanca – Madrid. Delia López Rodríguez, Boadilla del Monte – Madrid. Nadezhda Danova Llieva, Afiliada directa. Toñi Macías Burguillos, Alcobendas – Madrid. Alfredo Herranz Escudero, Parla – Madrid. Ana Sariego Martínez, Gijón – Asturias. María Fernández Fernández, Gijón – Asturias. María Hortensia Fernández Vidal, Gijón – Asturias. María Rosa Díaz González, Gijón – Asturias. Violeta Tomé Zapico, Avilés – Asturias. Isabel Galletero Isidoro, San Fernando de Henares – Madrid. Manuel Rodríguez Pérez, Gines – Sevilla. Manuel Campillo Márquez, Martorell – Barcelona. Lluis Martín Calafell, Mataró – Barcelona. Pilar Critacho Olaya, Latina – Madrid. José Juan Carzón Alcázar, Alesto – Sevilla. Jesús del Pliego, Latina – Madrid. Jesús García Muñoz, Quijona – Madrid, concejal portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Quijona. Joan Aguilà del Campo, Sant Boi – Barcelona. Miguel Ángel Gallardo, Sant Boi – Barcelona. Claudio Bartolomé, Moncloa Aravaca – Madrid. María Isabel Ruiz de Paz, Polán – Toledo. Mª Antonia Mencía Sánchez-Cid, Talavera de la Reina. Alberto González González, Talavera de la Reina- Toledo. Ángel López Bueno, Piedralaves – Ávila. Mª Valle Jiménez Núñez, Toledo Milagros Cobo Cuenca, Toledo. Javier Rodríguez Torres, Toledo. María Teresa Lillo Serrano, Toledo. José Manuel Sánchez Martín, Talavera de la Reina – Toledo. Ángel Domínguez Zamora, Toledo. María Antonia Vélez Nuño, Carrión de Calatrava - Ciudad Real. Santiaga Muñoz Alfaro, Daimiel - Ciudad Real. María Ángeles Calvo Cirujano, Toledo. Pedro Jesús López Argudo, Toledo. Juan Hernández Salmerón, Toledo. Jesús Tudela Castillo, Galán Merino San Jerónimo – Sevilla. Sagrario López Saavedra, Yuncos – Toledo. Manuel Antero de Oliveira Soares, Toledo. Magdalena Núñez Frutos, Toledo. Florentina Núñez Frutos, Toledo. Felipe García Sánchez, Mazarambroz – Toledo. María del Carmen Díaz Escobar, Guadamur – Toledo. Concha Mediavilla González, Camas -Sevilla. Paloma Gallego Moreno, Camuñas Toledo. María Isabel Bustos Molina, Toledo. Juan Bautista Martínez-Raposo Román Dosbarrios – Toledo. Rosa Rufo Ávila, Toledo. Rafael Valera Rey, Afiliado directo – Cádiz. Miguel Ángel Calvo Marín, Granada. Julio Bruno Bárcena, Gijón – Asturias. Andrés Cremades López, Alicante. María Victoria del Castillo, Las Rozas – Madrid. Inocencio González Gutiérrez, Atrabudua – Erandio Bizkaia. Juan Carlos González Herrero, Atrabudua – Erandio Bizkaia. Mª Begoña González Herrero, Atrabudua – Erandio Bizkaia. Laura del Cura Sancho, Antonio Amat – Vitoria/Gazteiz. Mª Begoña Reguero Angulo, UGT – Vitoria/Gasteiz. Fernando Cid Durán, Pablo Iglesias - Vitoria/Gasteiz. María Romero Cárnica, Avilés – Asturias. Cándido Muñoz Ruanes, Getafe – Madrid. Jesús Raya Rubio, Galán Merino San Jerónimo – Sevilla. Jesús Francisco Carrillo Espinoza, Miraflores – Sevilla. Juana Gálvez Romero, Antonio Amat – Vitoria/Gazteiz. Francisco José Sánchez García, Cabanillas del Campo – Guadalajara, Militante de UGT – Guadalajara. Rafael Gil Herrera, Don Benito – Badajoz. Félix O´donnel Gallego, “Paco Román” Centro – Málaga. Matilde Martín Delgado, "Marco Vitoria” Mondragón – Guipúzcoa. Albita Menéndez García- Santander – Cantabria.

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Editorial: El votante de izquierdas necesita ilusión y recuperar la confianza

El 23 de julio es necesario ir a votar a la izquierda

Hace ya muchos años que la Abstención es el hándicap de los partidos que se reclaman de izquierdas. En las elecciones del 28 de mayo, la media de la abstención en todo el Estado se ha situado en el 36%; en la Comunidad de Madrid ha sido del 30%, mientras que ni PSOE ni Mas Madrid han llegado al 19% de los votos. En el conjunto del Estado español, el 28 de mayo, se ha alcanzado la cuarta cota más alta de abstención en unas elecciones locales, autonómicas o generales.

Un estudio(1), publicado por elsaltodiario.com, relaciona la abstención y la renta por habitante en Madrid. Es relevante que mientras en las secciones electorales de los barrios más pobres se han alcanzado cifras de abstención del 44,4%, en las secciones de los barrios más ricos la abstención no ha pasado del 21%. Pongamos algunos ejemplos de esta función (renta per cápita/abstención) en los tres barrios más ricos de Madrid y los 3 más pobres:

La dinámica que se plasma en los ejemplos de los barrios de Madrid: a mayor renta por persona menor abstención y a menor renta por persona mayor abstención, es una pauta generalizada en todos los territorios del Estado. La abstención es producto de la desilusión, de la frustración, de la desconfianza, factores que llevan a la desmotivación a la hora de ir a votar. La pregunta todos nos hacemos es ¿Por qué la derecha tiene un voto más fiel que la izquierda? Evidentemente nosotros no tenemos la respuesta, porque no hay una sola respuesta. Pero sí que venimos señalando en nuestras publicaciones que las medidas tomadas por el Gobierno de Coalición eran paliativas y coyunturales y no estructurales, por lo que sus beneficiarios no lo perciben como una solución a sus problemas. Por desgracia, los datos y resultados electorales, nos dan la razón.

No pretendemos jugar al “ya lo dijimos”, pues de poco sirve. Sin embargo, para que el 23 de julio el votante de izquierdas se anime a ir a votar sería bueno hacer el ejercicio de buscar motivos que los y las animen a acudir a las urnas, en lugar de pedir el voto bajo el único criterio de la “valía de los candidatos y candidatas”, “lo bien que lo hemos hecho” o el “que viene el lobo (la derecha extrema) cuando el lobo llegó en 2008 en forma de precariedad y pobreza. Quedarse en eso es poco menos que entrar en bucle.

Una frase del filósofo francés Gilles Deleuce, define bien como vemos el problema: “si estas atrapado en el sueño de otro estas jodido”. ¿Hasta qué punto la socialdemocracia y las nuevas versiones de lo que antaño fue comunismo no están atrapadas en el sueño del liberalismo? Algunos ejemplos de esto, para que no quede en abstracto:

El PSOE se ufana de haber evitado que Bildu se haga con el Ayuntamiento de Pamplona y de haber conseguido el de Vitoria-Gasteiz con los votos de la derecha (PNV y PP). Por otra parte, cuando Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, manifiesta que “Bildu ha hecho más por los españoles y por España que todos los patrioteros de pulsera juntos”, una verdad como un templo, ha tenido que rectificar ante la avalancha de la derecha pidiendo su cese. Mientras desde la izquierda se ha guardado un sonoro silencio en su defensa.

A caso no es esto ceder ante la derecha, mientras esta está cerrando acuerdos de gobierno municipales y autonómicos con VOX, un partido que no disimula su ideario fascista.

¿No ha estado Bildu apoyando las iniciativas del Gobierno, junto a otros partidos de la izquierda parlamentaria? Como por ejemplo el paquete de medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania: las rebajas del IVA en la electricidad, que vence el 30 de junio; el incremento del 15% del IMV; la bonificación de los 20 céntimos por litro en la gasolina, que finalizó en diciembre; la ampliación de los bonos sociales; la limitación del alquiler al 2%;…

Otro ejemplo de asimilación de los postulados de la derecha ha sido la no derogación de la “Ley Mordaza”, ante las movilizaciones del sindicato de policías Jupol. Uno de los fracasos más sonados del Gobierno de Coalición y de los partidos que le han estado apoyando en esta legislatura.

En la misma línea, fue humillante ver como el Gobierno de coalición, y los grupos parlamentarios de la izquierda, se plegaban, en diciembre del pasado año, a la imposición del Tribunal Constitucional de paralizar el trámite parlamentario de la reforma de ley del propio TC, situándose esta institución por encima de los tres poderes del Estado. La humillación se saldó con el nombramiento de un par de magistrados. Mientras que ahí continua, desde hace más de 8 años, el Consejo General del Poder Judicial sin renovar, con la colaboración necesaria de esos que llaman jueces progresistas, que no han dimitido. Es un ejemplo de como la democracia es tutelada por instituciones que no ha elegido el pueblo, y de cómo se renuncia a gobernar para avanzar.

En ocasiones, la interiorización de los postulados liberales, se nos han presentado como éxitos inapelables, es el caso de “la mejor reforma laboral de la historia”, según Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Nadie discute que la reforma laboral última, la de 2022, no es lesiva. Sin embargo, es tan limitada respecto a la promesa que se hizo de “vamos a derogar las reformas laborales de 2010 y 2012”, que ha generado decepción entre los votantes de izquierdas. Preguntemos cómo le ha cambiado la vida a un trabajador o a una trabajadora que antes de la reforma tenía un contrato de “obra o servicio” y después de la reforma su contrato ha pasado a ser “fijo discontinuo”: trabaja las mismas horas, cobra el mismo salario, tiene las misma condiciones de trabajo, tan sólo ha ganado la expectativa de que cuando su contrato termine será indemnizado con algo más que cuando el contrato era de obra o servicio, pues los contratos de este tipo también tenían estipulada una indemnización por fin de contrato. Eso sí, las estadísticas dicen que la temporalidad se ha recortado en un 11%. La patronal estuvo encantada con esta reforma, sólo se derogaba la ultraactividad de los convenios, un asunto importante, y se devolvía la materia salarial y la jornada al convenio sectorial. Todos los demás elementos lesivos de las reformas de 2010 y 2012 están intactos.

Se trata de que en lo que resta de campaña, desde los partidos que dicen defender los intereses de la mayoría social, se comprometan con claridad a resolver todas aquellas cuestiones que afectan y preocupan a los trabajadores que, a pesar de trabajar, están en riego de pobreza y exclusión, a los desempleados y desempleadas que no encuentran un puesto de trabajo y están cronificados en el Paro, a los jóvenes que la precariedad en el empleo, combinada con la carestía de la vivienda, no les permite platearse la emancipación, a quienes el incremento del Euribor comienza a poner en riesgo su vivienda, a los autónomos y pequeños empresarios a los que la concatenación de crisis vividas desde 2008 han empujado a la ruina, a los pensionistas que reclaman la devolución del dinero de las Pensiones Públicas utilizados indebidamente por el Estado desde 1967, a los usuarios de la Sanidad Pública que salen a las calles por la desprivatización de su sistema sanitario.

Es una contrariedad y una incoherencia; prueba de que los partidos que se reclaman de la izquierda viven “…atrapados en el sueño de otros…” que estemos siendo alumnos aventajados de la OTAN: albergamos sus cumbres, no escatimamos en presupuestos para armamento, a las órdenes de los USA, los ciudadanos quieren que se deje de alimentar la guerra y que los gobiernos trabajen por la paz. Por eso Tribuna Socialista es firmante del Manifiesto Internacional ¡Alto a la Guerra! ¡Ni Putin ni OTAN! No hemos olvidado el Pacto de Madrid, entre la España franquista y la Administración de Eisenhower, en 1957; Pacto humillante que sentó los cimientos de las bases militares de los USA en territorio español, hoy bajo franquicia de la OTAN. Hoy se renuevan aquellos pactos sin discusión ninguna.

Podríamos continuar con ejemplos de desmotivación, pero no se trata de hacer la lista de lo que se ha hecho mal o no se ha hecho, o se ha hecho a medias.

Las familias de trabajadores y trabajadoras necesitan soluciones a sus problemas y los de sus hijos e hijas, están cansados del “que viene el lobo”, eso es llamar a conformarnos con lo que hay porque la derecha es peor. Necesitamos compromisos claros y que después se cumplan.

De la derecha no esperamos nada, sabemos que sus políticas serán groseramente perjudiciales para la mayoría social. Es por eso que necesitamos que se nos den coordenadas políticas para emanciparnos del sueño del liberalismo y luchar por nuestro propio sueño; salgamos de la lógica del sistema económico que está diseñado para el beneficio de la minoría, construyamos nuestra propia lógica.

  1. Comunidad de Madrid | El voto de clase en las elecciones de la mayoría de Ayuso – El Salto – Madrid (elsaltodiario.com)
Comité de Redacción
Destacado

DECLARACIÓN 12 JUNIO 2023

Para ganar las elecciones necesitamos compromisos claros para resolver las demandas sociales

Tras los resultados electorales y la convocatoria de elecciones, ¿Qué hacer para parar a la derecha?, en las elecciones generales del 23 de julio y en lo sucesivo.

La derrota sufrida por el conjunto de partidos de la izquierda el 28 de mayo, despierta todas las alarmas dentro y fuera del PSOE, también entre los trabajadores que ven al PSOE como el único capaz de parar electoralmente al PP y sus socios de VOX.

Puede que la pérdida de 400.000 votos no sea excesiva, pero perder Comunidades Autónomas como: Valencia, Aragón, Baleares, La Rioja y Extremadura, 5 de las 7 en las que gobernaba el PSOE, es un varapalo. Si a ello le sumamos la pérdida de 15 de las 22 capitales de provincia que gobernaba, entre ellas Sevilla y Valladolid, entre otras también importantes, hace que la gravedad aumente de forma alarmante.

No queremos entrar a valorar si es más o menos acertado el adelanto de elecciones que, sin consultar al Comité Federal, ha hecho Pedro Sánchez, pues es una decisión táctica. Sin embargo, nos preocupa que por la premura de tiempo no se realice ningún tipo de análisis de la gestión realizada y que se entienda que todo ha sido correcto en las políticas económicas y sociales llevadas a cabo por el Gobierno de coalición. Examinar las causas que han llevado a esta derrota es necesario para intentar comprender el mensaje que el día 28 de mayo han dado una buena parte del electorado, con sus abstenciones y las posibles huidas de votos de un bloque ideológico a otro.

Recordemos que tres de las ideas fuerza del programa electoral de las últimas elecciones, eran la derogación de la reforma laboral que impuso el PP, la derogación de la ley mordaza y blindar el Sistema Público de Pensiones. La primera se quedó a medias, la segunda ni se ha tocado y en la tercera solo se han atendido las exigencias de las instituciones del capital financiero.

Invitamos a releer el documento que más de 1.000 sindicalistas firmaron y que el 16 de mayo de 2017(1) en apoyo a Pedro Sánchez, en el que se exigía la derogación de la reforma laboral de 2012, la cual ha sido derogada sólo parcialmente, pero continúan en vigor muchos elementos lesivos de los derechos de los trabajadores que introdujo aquella agresiva reforma, como: el despido barato a priori por el que la indemnización por despido improcedente pasó de 45 día a 33, facilidades para la modificación de la jornada, los turnos, las funciones…, entre otras flexibilidades favorables al empresariado.

Señalamos positivamente que se ha derogado el Artº 315.3 del Código Penal, sin embargo se continua vulnerando el derecho de huelga cada vez que los trabajadores hacen uso de este derecha para la defensa de sus intereses; lo hemos visto recientemente en las huelgas del personal sanitario, con la imposición de servicios mínimos ilegales.

También, hay que reconocer como hecho positivo que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) haya crecido un 46,76%, al pasar de los 735,9 € de 2018, con el PP, a los 1.080 € de hoy (una media anual del 11,69%), pero no debemos obviar que es insuficiente, una familia media no puede subsistir con 1.080 € al mes, prueba de ello es que en nuestro país hay 3,7 millones de asalariados/as que están en la pobreza y en riesgo de exclusión. En los últimos cuatro años, los salarios han perdido un promedio del 4,27% de poder adquisitivo, situación que ha afectado a una buena parte los trabajadores, la juventud y los pensionistas.

Es igualmente positivo que las pensiones se hayan revalorizado para 2023 con el 8,5%. El período 2019 a 2023 (2023 a mayo el IPC se ha situado en el 3,2%) el IPC acumulado es del 15,71%, en tanto que las pensiones han crecido el 14% (incluyendo el 8,5% para 2023), se pierde por tanto el 1,71% de poder adquisitivo. El problema es que la revalorización de las pensiones no puede depender de si se avecinan años electorales o de si gobierna este u otro partido; eliminar esa incertidumbre y vincular de forma definitiva la revalorización de las pensiones al IPC sería un paso hacia el blindaje de las pensiones.

No obstante, la sostenibilidad de las Pensiones Públicas no consiste sólo en que la revalorización anual evite la pérdida de valor económico a los pensionistas. En 2020, el Tribunal de Cuentas del Estado cifró en más de 103.000 millones de euros el dinero de las Pensiones que el Estado (todos los gobiernos) “han utilizado indebidamente” para pagar partidas que debiera haber pagado con dinero de los impuestos. En la Ley 21/2021 el Gobierno se comprometió a encargar una Auditoría que establezca cuánto dinero le debe el Estado a las Pensiones Públicas, correspondiente al período 1967 a 2021. Esa Auditoría no se ha hecho ¿por qué? No cumplir la Ley es muy grave y si se trata del salario diferido de los trabajadores hay un plus de gravedad.

Una de las conclusiones que debemos sacar es que los resultados electorales son la causa de las políticas de paños calientes de un gobierno que no se ha atrevido en entrar a fondo para resolver los problemas de la mayoría social.

Está previsto que en los próximos meses, de cara a los presupuesto generales para 2024, comience una etapa de recorte del gasto público, para reducir el déficit público por debajo del 3%; siguiendo las directrices de la Comisión Europea. Recordemos que no se ha tocado el artículo 135.3 de la Constitución, el que garantiza el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto social, ya sea Sanidad, Educación, Dependencia… Suponemos que el incremento del gasto para armamento militar que exige la OTAN tampoco se va ver recortado para reducir el déficit.

Sería positivo aclarar, por parte de quienes aspirar a gobernar, cómo van a abordar estas cuestiones económicas.

Somos de la opinión de que a la derecha solo se le combate con políticas de izquierdas y será la única forma de parar a las políticas del PP y sus socios de VOX.

Es hora de priorizar sobre las necesidades de la mayoría social de manera estructural, no con medidas transitorias, coyunturales y de alcance limitado. Debemos tener un compromiso claro con las demandas sociales más urgentes.

El programa de las elecciones debería incluir como medidas de urgencia:

  • Políticas de Control de precios que impidiesen las subidas especulativas.
  • Política de vivienda pública contundente que acabe con la especulación inmobiliaria.
  • Renacionalización de las empresas energéticas y sus distribuidoras.
  • Creación de Banca pública que salvaguarde a los ciudadanos de los excesos de la banca privada.
  • Salarios y pensiones que no pierdan poder adquisitivo.
  • La defensa de la sanidad pública, dotación económica suficiente para dotar de personal sanitario a todos los centros hospitalarios y de Atención primaria.
  • Defensa incondicional de sistema público de pensiones.
  • Reducción del presupuesto militar y cese inmediato del envío de armas para la guerra.

* Enlace Manifiesto Sindicalistas

Comité de Redacción
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Editorial: No somos neutrales

Una vez más, Tribuna Socialista toma posición ante un proceso electoral; inequívocamente llamamos a ir a votar y a votar a las candidaturas de los partidos que se reclaman de izquierdas.

No participamos de los eslóganes del tipo “todos son iguales”, “no nos representan”… Los partidos de la derecha representan en nuestro país la continuidad del franquismo, por mucho que hayan cambiado de siglas – de AP a PP- o hayan adoptado distintas tonalidades corporativas -cambiando el azul PP por el verde VOX o el naranja de Cs-. No hay derecha radical y derecha moderada, cambian las formas para conseguir los mismos objetivos: mantener los privilegios de la minoría social.

Como miembros de la clase trabajadora, no somos neutrales frente a quienes justifican y defienden la monarquía corrupta heredada del franquismo (ver editorial de TS 143). Los líderes de la derecha aún se permiten decir que se insulta al Rey, cuando la realidad es que es la institución monárquica la que ha faltado gravemente al respeto a los pueblos y trabajadores del Estado español.

No podemos poner en el mismo nivel a quienes se empeñan en preservar las viejas instituciones judiciales franquistas, por mucho que de la noche a la mañana cambiasen la nomenclatura del Tribunal de Orden Público por el de Audiencia Nacional. Ni a quienes mantienen la indecencia de un Consejo General del Poder Judicial sin renovar desde hace casi cinco años. Es cierto que no todos los jueces son de derechas, pero sí una importante mayoría; entre la que el PP en particular tiene una fracción militante.

Los trabajadores y trabajadoras no podemos votar a quienes siempre ponen obstáculos a la subida de las pensiones, se oponen al incremento del SMI y apoyan a la patronal para no subir los salarios ni tan siquiera en la misma cuantía que se incrementa el IPC. Son los mismos que salen en tromba a defender a los bancos, las eléctricas, las gasistas, las grandes superficies de la alimentación… ante cualquier insinuación de la izquierda de iniciativas para controlar los precios, por muy moderadas que sean estas iniciativas.

La mayoría de la sociedad no puede votar a los partidos que privatizan lo público: la sanidad, la educación, las residencias. Hospitales y centros de especialidades que se entregan a empresas privadas para que hagan negocio priorizando el beneficio sobre la salud de los pacientes; para que hagan beneficio a costa de la educación, la alimentación y demás servicios que prestan a los niños y niñas en los colegios concertados; para que escatimen en el personal y en la alimentación de los mayores residentes, con el objetivo de engordar sus cuentas de resultados y el reparto de dividendos.

Mención concreta merece el crimen, no juzgado aún, cometido en Madrid por el Gobierno del PP, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que tubo como resultado de sus decisiones la muerte de 7.291 ancianos en pandemia, al negarles la atención hospitalaria.

A la hora de votar no se puede olvidar quienes, con sus políticas de gestión del suelo (Ley de liberalización del suelo de 1998. Gobierno de Aznar), nos llevaron a la mayor crisis económica de los últimos 100 años. Como no debemos olvidar quienes vendieron la poca vivienda pública de que disponíamos a Fondos Buitres. Políticas y decisiones que han generado un drama para la emancipación de nuestros jóvenes y un gran problema social con la vivienda.

No podemos avalar con nuestro voto el entramado de privilegios sociales e impunidad que la derecha viene disfrutando de manera ininterrumpida desde 1939.

Sin embargo, nuestra no neutralidad no nos impide ser críticos con los partidos de la izquierda.

Partimos de reconocer que este periodo de cuatro años ha sido un ciclo que se recordará históricamente como el de las crisis encadenadas, cuando aún millones de conciudadanos no habían salido de la crisis de 2008 entramos de lleno en la pandemia del COVID-19, y cuando aún coleaban las distintas cepas mutadas del virus estalló la guerra en Ucrania. Por si estos tres hechos fuesen insuficientes, la isla de La Palma ha sufrido la erupción del volcán de Tajogaite y todos los pueblos del Estado español sufrimos la mayor sequía desde tres décadas.

Nadie puede prever la expansión de un virus, aunque sí su contención y sus efectos. No se puede prevenir la erupción de un volcán, pero sí paliar sus consecuencias. Y no se puede combatir una pertinaz sequía de repente, pero se debería aprender y tomar medidas rigurosas para prevenir los efectos de la siguiente con una eficiente gestión del agua.

La crisis inmobiliaria de 2008 y la guerra de Ucrania no son achacables a fenómenos de la naturaleza. En nuestra opinión, son consecuencia directa de la dinámica del “libre” mercado y la competencia entre capitalistas. En el primero de los casos: la Ley de Liberalización del suelo que decretó el Gobierno de Aznar y su convicto ministro, el Sr. Rato, en 1998. En el segundo caso es la competencia entre oligarcas rusos defendidos por Putin, y los propietarios de multinacionales, fondos de inversión… defendidos por Biden.

La cuestión es qué pintamos la izquierda, aquí y en Europa, defendiendo a uno u otro bando ¿es mejor la propuesta social de Putin que la propuesta social de Biden, o viceversa? ¡NO! Como tampoco es defendible ni es mejor el modelo social de China. Lo que las tres grandes potencias actuales tienen en común es la explotación salvaje de sus propios pueblos y la necesidad imperiosa de ganar cuotas de mercado para sus sectores estratégicos, aunque sea mediante la guerra.

Es por esto que nos identificamos con la posición del presidente de Brasil, Lula da Silva “de la guerra se habla cuando hay paz, cuando hay guerra lo que hay que hacer es pararla”. Claro que la guerra sólo puede parar si el que ha invadido un territorio que no le corresponde saca sus tanques y tropas de dicho territorio, y si unos y otros aceptan un ¡Alto el fuego inmediato y sin condiciones! Pero la guerra también se para si no se alimenta con armas y si todas las partes se afanan en presionar a ambos contendientes a sentarse en la mesa de la negociación.

Parar la guerra debe ser la prioridad y se debería realizar el máximo esfuerzo, pero los tiros van por otro lado; los gobiernos atlantistas están destinando cantidades ingentes de los presupuestos para reponer los arsenales que se han vaciado en estos quince meses de guerra. Igual que Putin a anunciado presupuestos ilimitados para la guerra. Mientras, se escatima en contratar médicos y demás personal sanitario y, a los que hay, se les niegan unas condiciones dignas y acordes con su responsabilidad y aportación social, no incrementan los presupuestos para la guerra.

Insistimos, es cierto que ha sido un periodo muy difícil y extraordinariamente complicado, pero no pensemos que a la ciudadanía se la puede engañar. Nos pasó en 2011, con Zapatero. Ocurrió en Grecia, en 2019, con Alexis Tsipras, ha ocurrido en Chile con Gabriel Boric en las elecciones para consejeros constitucionales del 7 de este mismo mes de mayo. Ha ocurrido muchas veces, cuando la izquierda se pliega a los dictados de los organismos internacionales del capital, le abre las puertas de para en par a la derecha. Es un hecho probado que el incumplimiento de promesas electorales da alas a la derecha y desmoviliza a muchos sectores de trabajadores.

Vender humo está muy feo. No es de extrañar que la patronal aplauda la reforma laboral última; deja prácticamente intacta la que impuso Rajoy en 2012. Es lógico que el Rey reciba y se haga fotos con los líderes sindicales, y con el de la patronal, para celebrar el acuerdo intersindical que sólo garantiza la paz social hasta 2025, -aunque los sectores en lucha opinan otra cosa-, pues no garantiza que no se siga perdiendo poder adquisitivo y menos aún que se recupere el poder de compra perdido en 2021 y 2022. No sabemos si es la forma que ha tomado el deseado pacto de rentas, pero, si es así, los capitalistas firmarían esos pactos todos los días, máxime en un periodo en el que las grandes empresas baten récords de beneficios todos los trimestres.

No podemos entender por qué el Gobierno no cumple la Ley 21/2021 y no encarga una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social: en 2020, el Tribunal de Cuentas cifró en más de 103.000 millones de euros la deuda del estado con las Pensiones (sólo para el periodo 1989 a 2013. La Ley 21/2021 obliga al Gobierno a encargar una Auditoría para el periodo 1967 a 2021). Recientemente, el ministro Escrivá, hablaba de una deuda de 140.000 millones de euros– no decía en qué periodo se había generado, ni informaba de en qué estudio se basaba-. Pero, a pesar de estas ingentes cantidades de dinero de las Pensiones públicas que el Estado ha gastado indebidamente, se continúan aplicando reformas al Sistema Público de Pensiones y manteniendo el falso mantra de la insostenibilidad del sistema.

En última instancia, para sectores crecientes de trabajadores y jóvenes el hecho de que ninguna fuerza de izquierda responsa a reivindicaciones esenciales: contra la OTAN, contra su guerra, contra los planes de austeridad de la UE, que no cuestionen a la Monarquía… provoca una sensación de orfandad electoral y política que genera la sensación de acudir a votar sin ningún entusiasmo.

Analizaremos los resultados del 28 de mayo, esperemos que sean positivos para la izquierda. Aún quedan meses para las generales, todavía hay tiempo de legislar y de ganar credibilidad entre la mayoría social.

Comite Redaccion Tribuna Socialista.
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Editorial: ¡Alto a la Guerra social y militar!

La segunda quincena de abril está enmarcada por dos fechas muy simbólicas, si bien ese simbolismo no las quita ni un ápice de actualidad: 14 de abril y 1º de mayo.

Hemos celebrado el 92º aniversario de la proclamación de la II República, recordando que aquel breve espacio de tiempo fue una de las etapas más fecundas en derechos en la historia de nuestro país, hasta que los que no soportan que la mayoría de la sociedad avance en igualdad y bienestar dieron un golpe de Estado militar. Recordar la II República no como acto romántico o meramente conmemorativo, sino para aportar razones para trabajar por la tercera.

La monarquía, como otras instituciones, es herencia del franquismo. Lo afirmamos y lo razonamos, partiendo de los hechos:

Como bien establece Ángel Viñas en su libro “¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración” (Ed. Critica), los monárquicos conspiraron contra la II República desde su proclamación el 14 de abril de 1931. Fue el entorno de Alfonso XIII quién buscó la alianza con el fascismo italiano de Mussolini y quienes adquirieron aviones y material militar para preparar el golpe del 18 de julio. Otra cosa distinta es que Franco traicionase, como traicionó, a la Casa Borbón y a los monárquicos españoles; traición que ejecutó en la Ley de sucesión de julio de 1947, en la que decretó que “el Estado se constituye en Reino” (Artº 1), y condicionó “la proclamación de un Rey al fallecimiento del jefe del Estado” (Artº 7), es decir que en el Reino no habría Rey hasta la muerte del dictador(1).

Uno de los refrendos forzosos que Franco decretó fue para vestir la Ley de sucesión de julio de 1969, en cuyo artículo primero “instaura La Corona en la persona de (el hoy Emérito), Juan Carlos de Borbón”(2), dejando claro en el mismo artículo que será Rey “cuando quede vacante la jefatura del Estado”, lo que no ocurriría hasta el 20 de noviembre de 1975. Ese mismo día, el 20-N, el Decreto Ley 16/1975(3) establece en su artículo primero:

“Se promueve al empleo de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire a S. A. R. Don JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN, Príncipe de España, con todos los honores, privilegios y prerrogativas que a tan alta jerarquía corresponden.”

A la vista de esto, decir que el Rey heredó la gorra de plato antes que la Corona no es una exageración. Del mismo modo, los privilegios y prerrogativas que recibía de Franco se trasladarían tres años después al Título II de la actual Constitución.

Los compromisos adquiridos con los monárquicos, por parte del generalato franquista, no se cumplirían plenamente hasta 48 horas después de la muerte del dictador.

La secuencia es clara y no deja lugar a la duda del atado y bien atado. Otros nudos, como el referido a la constitución de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo; sucesión directa del Tribunal de Orden Público (TOP), ya han sido abordados en otras editoriales y artículos publicados en Tribuna Socialista.

Dentro de la minoría social privilegiada hay fracciones: monárquicos, militares, empresarios, clero… que se mezclan e interactúan para garantizar que la mayor parte de la riqueza y el control del país queda dentro de sus dominios. Por ello, cuando los hechos históricos sitúan a la cabeza del poder a un grupo ajeno a su corral no lo soportan, aunque los partidos acaten sus normas y leyes, y garanticen que se limitarán a ser gestores del sistema que les es favorable, aun así, los privilegiados y sus representantes apelan a lo que haya que apelar para recuperar el poder. Es lo que está ocurriendo con el Gobierno de coalición de partidos que se reclaman de la izquierda, que acatan las condiciones que las instituciones europeas le ponen en materia de Pensiones, que es timorato y comedido a la hora de atajar el saqueo de salarios y pensiones por la hemorragia de la inflación, que se disciplina a la OTAN en sus estrategias bélicas… y a pesar de ello, la fracción judicial de la derecha instalada en el CGPJ, la patronal y, por supuesto desde la derecha política y mediática, se le considera ilegítimo y lo atacan hasta más allá de los límites de su propia de democracia; este fue el caso el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional vetó el trámite legislativo para la reforma del propio TC. Y el Gobierno acató lo que debería haber desacatado.

Dicen los institucionalistas que la institución monárquica es la clave de bóveda de la arquitectura constitucional. El problema es que esa clave de bóveda y muchas de las dovelas de la cúpula están podridas y de su “enfermedad de la piedra” solo ellos son responsables. Muchas veces es más eficiente derribar y construir de nuevo que parchear sobre lo deteriorado.

La institución monárquica es por ende el palo mayor de la nave en la que navegan los privilegiados, y a la misma vez es el obstáculo principal para las aspiraciones de la mayoría social. Siendo conscientes de que cambiar al rey por un presidente de la República no resuelve los problemas automáticamente, estamos convencidos de que abre el camino a la solución. Al menos no estaría instalado en la impunidad que las instituciones heredadas del pasado parecen estar instaladas; véanse las fechorías cometidas por el Emérito a lo largo de su reinado, el secuestro del CGPJ (8 años desde su última renovación) o la colaboración del presidente de la Audiencia Nacional con los investigados en la trama “Kitchen”, se podrían poner muchos más ejemplos de impunidad.

El 1º de mayo concentra la lucha de los trabajadores y trabajadoras por sus reivindicaciones. A lo largo de la historia, los logros conseguidos por las organizaciones obreras han sido a costa de luchar y plantar cara a la minoría privilegiada; clase social minoritaria que sólo ha cedido ante el temor al estallido social. El 1º de mayo, como el 14 de abril, es un día de celebración y de reivindicación. Reivindicaciones que durante todo el año se concentran en la acción de los colectivos sociales que reclaman sus derechos: pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones, asociaciones vecinales y de barrios, y sanitarios en huelga, en Defensa de la Sanidad Pública, sectores de trabajadores sindicalizados que reclaman subidas salariales, como mínimo IPC, para prevenir la pobreza en sus familias…hombres, mujeres y jóvenes que pelean por recuperar lo perdido y/o por mantener los derechos que son atacados cada día a nombre de los distintas crisis: inmobiliaria, económica, pandemia, guerra…

La clase privilegiada siempre encuentra una excusa, y si no la inventa, para hacer prevalecer sus intereses, en detrimento de los intereses mayoritarios: España es el país europeo en el que mayor porcentaje de poder adquisitivo han perdido los salarios: un 5,3% en promedio, frente al 0,5% en Francia. Somos, entre las grandes economías de Europa, de los países que menos porcentaje del PIB destinan a Sanidad, un 7,8%, frente al 10,9 de Alemania o el 10,3 de Francia (datos de 2020). España ocupa el puesto 18 en el ranking de viviendas sociales, con un 2,5% frente al 9,5% de media en la UE (Fuente: observatorio de la vivienda y el suelo 2020). Sin embargo, no se escatima en incrementar los presupuestos para gastos militares.

Son parámetros que nos ponen frente al espejo. Malos datos que no se dan por causalidad. Son la consecuencia de las decisiones, muchas veces impuestas o, al menos, sin haber consultado al pueblo que dicen que es soberano, como el hecho de estar participando en una guerra -sea directa o indirectamente. Son las decisiones de los que permanentemente se niegan a la subida del SMI, los que niegan la subida de los salarios, mientras año tras año baten récords de beneficios, haya o no haya crisis. Y lo hacen porque tienen a su disposición esa arquitectura constitucional que los ampara y vela por sus intereses, los de esa minoría privilegiada.

Es por todo ello que reivindicar la República es la vía para cambiar una sociedad desigual e injusta. Es por eso que el pueblo trabajador tiene muchas reivindicaciones para sacar a la calle el 1º de mayo: Parar la guerra, la bélica y la social; defender la Sanidad Pública, parando la privatización y dotando a la Sanidad de los medios necesarios; o reivindicando la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, para que el Estado devuelva todo el dinero de las Pensiones públicas que ha utilizado para pagas gastos ajenos a las pensiones.

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Editorial: Que el barullo no impida ver el bosque

El periodo electoral se acerca inexorablemente. Todos los partidos están desplegando sus tácticas para que el contexto electoral les sea lo más favorable. Todo está dentro de esa “normalidad” a la que ya nos han acostumbrado, a la que nos resistimos.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista no somos neutrales, de ser así no podríamos reclamarnos del Socialismo. Por ende, no participamos de la idea “todos son iguales”. No por ello dejamos de percibir que hay mucho barullo que, a modo de árboles, impide ver el bosque.

Todo es política, aunque no toda la política tiene los mismos objetivos. Los tacticismos partidistas no impiden que pongamos el foco sobre las cuestiones fundamentales para la mayoría. Recordemos que “Democracia” se compone de los términos griegos dêmos (pueblo) y krateîn (gobierno), la cuestión es ¿para qué parte del pueblo se gobierna?; para una minoría privilegiada o para la mayoría de la sociedad. A dos meses de las elecciones municipales y autonómicas y a más o menos nueve de las generales, tenemos que poner el acento en lo fundamental, en lo que constituye el basamento del Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Dependencia y Educación, que es lo que preocupa a la mayoría social, independientemente de los que digan los y las chef de encuestas y sondeos.

La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema de la Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto.

Los partidos que se reclaman de la izquierda, los que dicen defender lo público, ya deberían estar explicando cómo y a qué ritmo van a implementar políticas desprivatizadoras. El electorado que necesita los servicios públicos tiene que percibir con claridad la posición de cada partido, y ese electorado es la mayoría social:

  • El 25% de la población tiene un seguro de salud privado, por tanto, el 75% no lo tiene, muy probablemente porque no lo puede pagar, por lo que necesita la Sanidad Pública.
  • El 33% del alumnado está matriculado en un colegio concertado, por tanto, el 67% necesita Educación Pública.
  • 9,4 millones de personas tienen contratado un plan de pensiones privado (7,5 individuales y 1,9 planes colectivos de empleo) sabiendo que hay partícipes con más de un plan de pensiones y teniendo en cuenta que en España hay 30,5 millones de habitantes con edad comprendida entre 18 y 65 años(1)), el 69% de la población necesita Pensión Pública.
  • Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debería disponer de 5 plazas de residencia por cada 100 mayores de 65 años. España cerró 2022 con 8.935.673 mayores de 65 años(1). Con datos de 2021, nuestro país cuenta con 389.031 plazas, por lo que tenemos un déficit de 60.000 plazas

Podríamos cuantificar muchos otros déficit y problemas que sufre nuestra mayoría social: mayores que viven solos, déficit de plazas en FP y universidades, ratio de pacientes por hospital…El problema al que nos enfrentamos es que estos déficit y desigualdades, lejos de tender a corregirse tienden a ampliarse.

Lo que origina que tendencia sea en favor de la minoría en lugar de la mayoría no es por casualidad, ni está marcada por el destino, es el objetivo de las política privatizadoras y económicas de los gobiernos, de todos los ámbitos de la Administración. La tendencia va en el sentido en el que se marcan las decisiones políticas cuando cada año dedican más dinero público, en términos relativos, a la educación concertada que a la pública. Por ejemplo, en el periodo 2010 a 2020, las partidas para los centros privados crecieron un 20,26%, frente al gasto en la pública que aumentó un 2,09%.

La colaboración público-privado es un chollo para el negocio y una enfermedad para lo público. El Estado construye hospitales que después cede en explotación a multinacionales de la salud, como el Grupo Quiron. La deriva de pacientes a los centros privados, donde los costes de los tratamientos y pruebas se multiplican, está a la orden del día. Las listas de espera para operaciones o para ser atendidos por un especialista están fomentando el crecimiento de las pólizas de salud privadas; donde ya se comienza a saturar el servicio y aflora una sanidad privada de premium y otra de clase turista.

Esto podría aplicarse al campo de las Pensiones, en el que desde hace años se fomenta la falsa idea de que los sistemas públicos son insostenibles y en paralelo se fomentan los sistemas privados: individuales y colectivos, con ventajas fiscales, flexibilidades legales, eso que llaman liberalización, y campañas de publicidad. La realidad es que crece el negocio de las entidades bancarias y aseguradoras, mientras se recortan las cuantías de las pensiones y endurece el acceso a la pensión, con reformas más o menos agresivas. Mientras el Estado -todos los gobiernos lo vienen practicando en España desde, al menos 1967- utiliza indebidamente el dinero de las Pensiones para pagar gastos que debiera afrontar con dinero de los impuestos. Con datos del Tribunal de Cuentas, en su informe de 2020, referido al periodo entre 1989-2013, el estado le debe a la Seguridad Social más de 103.000 millones de euros. Por eso exigimos al Gobierno actual que cumpla con la Ley 21/2021 y encargue un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, incumplimiento legal desde hace casi un año.

La situación de deterioro de lo público se acelera y se agrava a nombre de la guerra en Ucrania. A las políticas privatizadoras hay que sumar el tsunami inflacionario que se está llevando por delante la capacidad de compra de salarios y pensiones. La perniciosa tendencia del deterioro de lo público en favor de lo privado nos está llevando de un Estado de Bienestar a un Estado de Beneficencia. Esto ya pasa de una economía de libre mercado a una economía de libre saqueo.

Hay una guerra militar en Ucrania y una guerra social contra todos los pueblos de Europa. Por ello, Tribuna Socialista, participamos de la campaña internacional ¡Alto a la Guerra!

Sin muchas ilusiones, quedamos a la espera de conocer los programas y soluciones que ofrezca la izquierda.

  1. Datos del Instituto Nacional de Estadística a cierre de 2022
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Editorial: Doce meses de destrucción y muerte

Se ha cumplido el primer aniversario del estallido de la guerra en Ucrania; concretamente el pasado 24 de febrero, día de 2022 en el que las tropas de Putin invadieron territorio ucraniano.

Las cifras son espeluznantes. En septiembre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general, Serguéi Rudskoi, afirmaba que 14.000 soldados ucranianos podrían haber muerto desde el inicio de la guerra. Un par de meses después, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., hablaba en la BBC de 200.000 soldados muertos -100.000 rusos y 100.000 ucranianos-, además de 40.000 civiles. En el mes de enero de este año, el jefe del ejército de Noruega, calculaba que 180.000 soldados rusos han muerto o que habían resultado heridos durante el transcurso del conflicto.

La propaganda de guerra -los medios de comunicación al servicio de la guerra- hace muy difícil conocer la verdad, y más aún la exactitud de muertos, heridos y desaparecidos, quizá algún día lo sepamos. Toda guerra es la máxima expresión de la barbarie. National Geographic cifra en 10 millones de muertos y 20 millones de heridos en la I Guerra Mundial. La Enciclopedia del Holocausto eleva a 55 los millones de personas muertas en la II Guerra Mundial, no sabemos si esa cifra incluye los, entre 50.000 y 100.000, muertos en Hiroshima que, el 6 de agosto de 1945, provocó la primera de las bombas atómicas que lanzó EE.UU., ni los entre 30.000 y 50.000 muertos que provocó la segunda bomba, lanzada tres días después sobre Nagasaki,. La BBC cifra en más 58.000 los soldados estadounidenses muertos en Vietnam y en no menos de 1,1 millones de vietnamitas. La guerra de los Balcanes, que se desarrolló entre 1992 y 1995, dejó 130.000 muertos… Un solo muerto ya es un espanto.

La destrucción de Ucrania está siendo doble: física, con la destrucción de viviendas, hospitales, colegios, carreteras, aeropuertos, estaciones eléctricas… y social, pues son más de 7 millones de personas las que se encuentran refugiadas en otros países de Europa y otras tantas las que se encuentra desplazadas, fuera de sus hogares, en el interior de Ucrania. El drama de la guerra se está cebando con mujeres y niños y niñas, como siempre. Ya en marzo del pasado año, el Grupo de Expertos en la Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa advertía del riesgo de ser víctima de trata en un momento en el que el flujo de refugiados en Europa estaba experimentando «su mayor aumento desde la Segunda Guerra Mundial».

Muerte, destrucción y sufrimiento es lo que sufre el pueblo ucraniano. El resto de los pueblos de Europa, incluido el pueblo ruso, están sintiendo los efectos del intercambio de sanciones económicas, en forma de empobrecimiento y deterioro de los servicios públicos; sanciones que, a la vista de los resultados económicos de las grandes empresas de la energía, los combustibles, la banca, el armamento, etc., solo afectan a los más débiles. Un efecto perverso, el de las sanciones, que llevamos décadas viendo en Cuba, que se vio en Irak, que se continúa viendo en Siria…; las sanciones son para los débiles, los ricos sacan producto de la guerra.

Pero la llama de la resistencia contra la guerra no está apagada. Más 1.200 militantes; políticos y sindicales, docentes, periodistas, activistas de diversos movimientos y 29 organizaciones a nivel internacional han firmado el Manifiesto ¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!, manifiesto que se hizo público el pasado 11 de enero.

Diputados del Bundestag han llevado a cabo una movilización el pasado día 25 d febrero ante la Puerta de Brandemburgo, en Berlín, para llamar a la paz y la negociación. Este llamamiento ha sido apoyado en Change por más de 600.000 firmas. Como en Berlín, en Madrid, en Génova, en Bruselas, en Londres y en otras grandes ciudades europeas, miles de personas han salido a la calle a decir ¡Alto a la Guerra!

A lo largo del mes de febrero han tenido lugar actos por el ¡Alto a la guerra!, manifestaciones y concentraciones, de forma acentuada en los días del aniversario de la guerra, los días 24 y 25 de febrero, y hay actos programados para estos días próximos de marzo. De todo ellos se da cuenta detallada en los Boletines informativos del CATP. Toda esta actividad es ninguneada por los medios de comunicación de masas.

Las bravuconadas de Putin y Biden, lanzadas en escenarios y platós de TV al aire libre, acompañan a los presupuestos de guerra a los que la OTAN empuja a sus aliados, a los que el epígono de Stolypin responde que dedicará recurso ilimitados a la guerra y que suspende el tratado de control de armas nucleares. ¿Dónde nos quieren llevar? La barbarie no es la garantía de la democracia y la libertad.

La sociedad tiene que despertar, y lo va a hacer con o sin el concurso de las organizaciones políticas y sindicales que debieran estar, desde hace tiempo, al frente de la movilización y la organización contra la guerra y la barbarie.

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Editorial: La Economía va bien, según a quién preguntes

El legítimo ejercicio de decir lo que se piensa es tan saludable como hacer deporte. Es agotador, sí, como el ejercicio físico, pero según los facultativos estimula el organismo y se duerme mejor. También se corre el riesgo de lesiones, pues siempre habrá quién nos pongan una zancadilla o la etiqueta de “enemigo”. El Comité de Redacción de Tribuna Socialista venimos practicando esta disciplina desde que iniciamos la actividad en julio de 2005, y lo hacemos como un deporte de equipo, debatiendo cada editorial que firmamos. En TS-140 queremos poner el foco en la situación económica.

El Gobierno de coalición resalta y pone en valor lo bien que va la economía: el IPC se ha moderado al 5,7% “el más bajo de Europa”; la tasa de paro es la de las más bajas desde que hay registros; la temporalidad ha caído en picado; tenemos los precios de energía, gas en particular, más bajos de la UE…

Todo eso que se dice y se publica es cierto, los datos son irrefutables. No obstante, como decía Gila: “depende de con quién lo compares”.

En relación con el IPC(1), en 2021 se impuso el IPC medio, 3,08%, para la revalorización de las pensiones y para las comparativas con el incremento salarial, cuando el IPC interanual a diciembre fue del 6,5%. Este año que ha terminado, el IPC medio se ha situado en el 8,39%, sin embargo, se toma de referencia el interanual a diciembre que ha sido del 5,7%.

Las Pensiones contributivas, que representan el 95% de todas las pensiones, se revalorizaron para 2022 con un 2,5%, cuando debieran haberse revalorizado con el 6,5%, acorde al IPC de diciembre. Por lo que las pensiones contributivas arrastran un déficit del 4%. Para 2023, la revalorización aprobada por el Gobierno para las pensiones contributivas es del 8,5%, parejo al IPC medio del año pasado, por tanto, siendo una medida positiva motivada por la movilización del movimiento de pensionistas del 15 de octubre, se arrastra una pérdida de poder de compra del 4%. Sin olvidar la pérdida de poder adquisitivo de los años en los que el PP impuso el incremento de las pensiones con un mísero 0,25% (de 2014 a 2017 ambos inclusive).

Por su parte, los salarios se incrementaron en promedio el 1,47% y el 3,24%, en 2021 y 2022 respectivamente. Esto supone una pérdida acumulada, en estos dos últimos años, del 7,54%. Comparando el incremento con el IPC de diciembre, que es el que el Gobierno está utilizando este año.

Hay que señalar, pues ahí el foco alumbra con menos intensidad, que el IPC de la cesta de la compra: Alimentación y bebidas no alcohólicas, se ha situado en el 15,7%, prácticamente tres veces el IPC interanual y el doble que el IPC medio. Esto vale para salarios y para pensiones. Para evitar este juego de IPCs; entre interanual, subyacente, medio… habría que aplicar el mismo principio que se utiliza en derecho penal: “la condición más beneficiosa”, en este caso para el ciudadano. Como veremos a continuación esta propuesta no es descabellada, a la vista de los beneficios empresariales.

Para la clase empresarial la economía va muy bien, aunque no lo reconozcan. Los beneficios de las 35 empresas que componen el Ibex, se estiman en 56.321 millones de euros, al cierre de 2022, a expensas de que las empresas hagan públicos sus beneficios al cierre del 4º trimestre de 2022. Banco Sabadell ya ha declarado que, en 2022, ha obtenido un 62% más de beneficio neto que en el ejercicio anterior.

Un dato que orienta sobre la lujuria en la que está instalado el mercado libre, libre según para quién, es la remuneración de un banquero (no confundir con un bancario) del Banco Santander que en 2021 percibió una remuneración de 14,6 millones de euros; dato aportado por la Asociación Española de Banca (AEB). Alguien puede argumentar que esto es anecdótico, pero estaría mintiendo, pues la “anécdota” beneficia, al menos, a 221 directivos del sector financiero, que cobran más de 1 millón de remuneración cada año, según la misma fuente, la AEB. Por ejemplo, la señora Botín, presidenta del Banco Santander percibió en 2021 (aún no hay datos del 2022) 12,29 millones de euros, un 23% más que antes de la pandemia. El consejero delegado del BBVA, el Sr. Álvarez tuvo una remuneración de 9,16 millones de euros y el presidente de Caixabank, el Sr. Goirigolzarri, dobló la remuneración que tenía en Bankia, al pasar de cobrar en torno a 800.000 euros al año, cuando Bankia era de propiedad pública, para percibir en 2021 1,7 millones de euros. Remuneraciones que no incluyen las aportaciones a los Fondos de Pensiones.

Estos datos son de estos años de pandemia y crisis. Datos que no permiten pensar más que el alza desmesurada de los precios tiene la finalidad única de saquear los bolsillos de la clase trabajadora para cebar las cuentas de una minoría social privilegiada. Una vergüenza, en definitiva, porque esos beneficios salen del incremento de los precios de los productos básicos.

La lujuria económica no está instalada solo en el sector financiero. Se estima que las empresas de la energía también han obtenido beneficios multimillonarios: Iberdrola 12.825 millones de euros, Repsol 6.033. O las de telecomunicaciones, como Telefónica, con un beneficio estimado de 12.815 millones de euros. Los presidentes de estas empresas obtuvieron remuneraciones estratosféricas, en 2021: el señor Galán, presidente de Iberdrola, se embolsó 13,2 millones de euros, el Sr. Brufau, presidente de Repsol, obtuvo una retribución de 2,77 millones de euros y el presidente de Telefónica, el Sr. Álvarez Pallete, percibió 1,92 millones de euros.

El Banco de España ha hecho público que los beneficios empresariales han crecido siete veces más que los salarios. ¿Solo 7 veces? Teniendo en cuenta que, según el INE, el salario mediano en España en 2021, mismo año de las cifras dadas respecto a las remuneraciones de los altos directivos, fue de 1.757,4 € brutos. Según esto, los percibido por el presidente de Iberdrola supone 626 veces el salario mediano de los trabajadores y trabajadoras, y la remuneración de la señora Botín supone 583 veces dicho salario mediano.

En una cosa tiene razón la ministra Belarra, cuando llama “capitalistas despiadados” a los propietarios y directivos españoles, y pone de ejemplo a Juan Roig, presidente y propietario de Mercadona – este señor tuvo un sueldo bruto de 10,65 millones de euros en 2021-. Si tomamos el Convenio Colectivo de Mercadona, veremos que el grupo profesional mejor pagado es el de “Gerentes y Coordinadores”, con un sueldo base mensual de 1.643,35, es decir que el Sr. Roig, ese que tanto se ha ofendido por las palabras de la ministra, gana 540 veces más que la media de los mejor pagados de su empresa. En lo que no tiene tanta razón la Sra. Belarra, o habría que matizar, es en que solo señala a los capitalistas despiadados, como si hubiese un capitalismo no despiadado.

Por otra parte, en relación a los datos de empleo, es indudable que las estadísticas de temporalidad han mejorado, en el sentido de que con el cambio legal en la última reforma laboral, la que no derogó los aspectos más lesivos de las reformas de 2010 y 2012; al derogar el “contrato de obra o servicio” y flexibilizar, es decir, ampliar las posibilidades de uso del “contrato fijo-discontinuo” la temporalidad ha caído de forma muy significativa, al haberse reducido un 5%, respecto a 2021.

El número de parados, con datos de la EPA a cierre del 4º trimestre de 2022, se ha situado en 3.024.000 (12,9%), lejos del 1.927.600 (8,60%) que arrojó la EPA al final de 2007, mejor dato de paro previo a la citada crisis. El empleo de los jóvenes menores de 25 años tampoco ha ido bien, pues el paro juvenil ha subido del 31,2% de 2021 al 32,3% en 2022.

Hay un dato que quizá nos dé una imagen fidedigna de la situación del empleo en nuestro país, como lo es el número de horas trabajadas semanalmente, dato que el INE desagrega por trimestres. Según esta fuente, la media de horas trabajadas semanalmente, por los y las asalariados, en 2008, fue de 547.787.300, mientras que la media de los tres primeros trimestres de 2022 ha sido de 521.109.100, un 4,87% inferior al primer año de la gran crisis de lo que va de s. XX. ¿Se puede decir que hemos salido de la crisis de 2008? La mayoría de la sociedad no.

El último informe que publicó el INE, en junio de 2022, en base a los datos de 2021, el riesgo de pobreza se ha incrementado hasta el 27,8%, casi un punto más respecto a 2020, cuando el riesgo era del 27%.

Podríamos analizar otros factores e índices, pero ya no sería una editorial sino una tesis, y no es nuestra intención desarrollar un documento excesivamente extenso. Con los datos analizados, podemos sacar al menos tres conclusiones objetivas:

  • Los salarios y las pensiones están perdiendo poder adquisitivo.
  • La inflación no se justifica, en un porcentaje muy importante, con el alza de los carburantes y/o la energía, sino con el incremento de los márgenes de beneficio de las grandes empresas y grupos empresariales.
  • Los datos estadísticos de empleo han mejorado, pero aun no se ha recuperado el nivel de empleo ni de horas trabajadas previo a la crisis económica que el mercado libre desató en 2008.

Y alguna conclusión política:

  • Están muy bien la ayudas y medidas que el Gobierno viene tomando, pero es evidente que esas medidas paliativas y transitorias no resuelven los graves problemas estructurales que generan pobreza entre las asalariados y asalariados.
  • Que no es posible hablar de pactos de rentas, no de hecho ni de derecho, con una clase empresarial avariciosa y despiadada.
  • Que es necesario defender las rentas del trabajo, no solo en el salario directo (los sueldos), también el salario diferido (las pensiones) y el salario indirecto (los servicios públicos: Sanidad, Educación y Dependencia.

Fuente: INE

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Nicolás Redondo Urbieta.

Una vida de lucha, en defensa de los derechos de los trabajadores

Se ha ido Nico, el de la generación del 27, la obrera, no la literaria. Nació el 16 de junio de 1927, en Barakaldo. Sufrió en su infancia la guerra civil desatada por quienes no soportan los avances sociales y las libertades para la mayoría. Así, siendo niño, entre los 9 y los 12 años, soportó el hambre, el miedo provocado por los bombardeos y el exilio; con 11 años, junto a más de dos mil niños y niñas, embarcó en el Habana, que zarpó desde Santurce rumbo a Francia.

No regresaría hasta finales de 1939, para encontrase con la España del “Cara al Sol” y la represión.

Como era lo habitual en aquellos años, comenzó su vida laboral en la pubertad, en La Naval de Sestao, con 15 años. Nicolas fue de los que estudiaba y trabajaba; por la mañana en la Escuela Náutica y por la tarde en la fábrica. Participó en las primeras huelgas obreras contra el franquismo en 1946 y 1947, en las que se mezclaba la euforia por la victoria aliada en la IIGM, con la resistencia de los trabajadores en España contra la miseria y la sobre explotación. En aquellos años ya era militante de base de la UGT y del PSOE colaborando con el reparto de propaganda, lo que le supuso la primera detención, en la primavera de 1951.

Participó activamente en la huelga de la Naval del 30 de abril del 62, en solidaridad con la que se había desatado el 7 de abril en la mina asturiana de la Cuenca del Caudal, en el Pozo Nicolasa. No descasará de colaborar en los conflictos obreros de la década de los años 60 y en viajar por todo el territorio del Estado, haciendo proselitismo y organizando sindical y políticamente; actividad que conllevaba el riesgo de cárcel y de pérdida del puesto de trabajo. Comenzó a formar parte de las direcciones del PSOE y la UGT en 1970 y el 1971, respectivamente. La Naval le despidió en 1973, era uno de los “precios” que se corría el riesgo de pagar por ser coherente.

Fue en ese año de 1973 cuando, en el XII Congreso de la UGT, es elegido Secretario General por vez primera. Participó en todos los acontecimientos políticos, sociales y de Partido de la década de los 70, destacando su actitud inteligente y generosa en el Congreso del PSOE, celebrado en Suresnes, en el que optó por apoyar a Felipe González como Secretario General del PSOE, a pesar de que él contaba con apoyos suficientes para serlo, con el criterio de no dividir al Partido y optar por una persona más joven, con capacidad probada.

Fue uno de los diputados secuestrados en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Su respuesta fue la de la defensa de la democracia llamando a la movilización y exigiendo la depuración de responsabilidades.

La década de los 80 comenzó alterada por el intento de golpe de Estado y continuó siendo dura para Nicolas Redondo, quizá la más dura ideológicamente, pero, en la adversidad, prevaleció su sentido de la coherencia y la lealtad a los intereses de la clase trabajadora: se opuso a la permanencia de España en la OTAN, en el referéndum de marzo de 1986; renunció a su acta de diputado, en octubre de 1987, por el desacuerdo con el Gobierno en las políticas económicas y el reparto de la riqueza, acto en el que fue secundado por las también diputados, Antón Saracibar y Cándido Méndez; convocó, junto a las CCOO de Marcelino Camacho, la huelga del 14 de diciembre de 1988, frente a las políticas “liberales” del Gobierno Socialista.

Tras una vida de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores, en 1994 puso punto y final a su dedicación sindical al frente de la Unión General de Trabajadores, Nicolás ha vivido serenamente y siendo receptor del cariño y la gratitud de sus compañeros y compañeras. Sirvan estos párrafos para dar una pequeña idea y recordar quién fue este gran defensor de las libertades y los derechos de quienes viven de su salario.

Que la tierra te sea leve, compañero.

Roberto Tornamira
4-ene-2023

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Editorial: No acatar los dictámenes del TC, es defender la democracia

l jueves 19 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC) ha dado una vuelta de tuerca más a las presiones sobre el Gobierno (el Ejecutivo) y las Cortes (el Legislativo), para impedir que estas voten el cambio del sistema de renovación en el CGPJ y en el TC y seguir bloqueando ambos organismos. Impiden con un auto judicial que el poder legislativo; único poder que emana directamente del pueblo, supuestamente soberano, pueda cambiar las leyes, aunque estos cambios no sean de la conveniencia de los miembros del TC y del CGPJ.

La connivencia con el PP es tan descarada que les resulta imposible ocultarla; el TC jamás se había dado tanta prisa en admitir a trámite el recurso de Amparo de un particular o de una organización. Por contra, rechazan las alegaciones presentadas por el PSOE y Unidad Podemos, el Congreso, el Senado y la Fiscalía. Esta última, solicitó la recusación de Tribiño y Narváez por tener caducado su mandato desde hace seis meses y afectarles de forma directa el cambio legal en cuestión, lo que no ha sido obstáculo para que ambos magistrados votasen en la decisión del Pleno del TC.

El Tribunal Constitucional fue creado para que hiciera de guardián de la Constitución, lo hace de forma absolutamente sesgada, pues no es para nada imparcial y hace una lectura reiteradamente favorable a los intereses del bloque conservador, representante claro de los intereses de la minoría privilegiada de la sociedad. Como garante de los intereses de esa minoría privilegiada, se pronunció a favor de reforma laboral en sus contenidos más lesivos para los trabajadores, o cuando el Parlament de Cataluña aprobaba leyes que protegían a las familias sin recursos económicos, para que las compañías eléctricas no pudiesen cortar los suministros energéticos de sus casas, declarando inconstitucionales estas medidas protectoras.

La intervención TC en el Estatuto de Cataluña se produjo después de ser aprobado por las Cortes Generales, el Parlament de Cataluña y por un referéndum pactado, demostrándose, por tanto, que no es la primera vez que el TC se inmiscuye en asuntos que no son de sus competencias y que se sitúa por encima de la soberanía popular, creando la discordia y el enfrentamiento entre pueblos, y dejando al descubierto los nudos del “atado y bien atado”.

Esta vez han ido más lejos, impidiendo que los diputados elegidos por el pueblo cumplan con las funciones que son propias de cualquier parlamento de nuestro entorno, proponer leyes debatirlas y en su caso aprobarlas es, en definitiva, legislar.

Quieren impedir que se realice la reforma del Código Penal tanto en lo que respecta a la sustitución de sus miembros que, sin duda, está más que justificada, porque necesitan tener un aparato judicial que garantice que, por encima de las decisiones democráticas, se paraliza cualquier avance social que no sea de la conveniencia de los intereses económicos de los de siempre, como cuando el Tribunal Supremo se pronunció groseramente a favor de la Banca y en contra de los ciudadanos, en el asunto de los gastos notariales de las hipotecas. Pero no interfieren en la evidente destrucción de la sanidad pública y el sistema público de pensiones, en eso sí colaboran.

La intromisión del TC en el poder legislativo ha recibido, entre otros, el calificativo de “golpe de las togas”. Un golpe que demuestra la incompatibilidad de la democracia y la judicatura que hunde sus raíces en el franquismo y pone al descubierto el verdadero carácter de esa institución que, al igual que el CGPJ es presidido por el Rey Felipe VI cada año, al inicio del año judicial y que solo obedece a la defensa de la institución monárquica. Vivimos por tanto en un sistema, que dice ser democrático, cuyo jefe del Estado es jefe a su vez de los tres ejércitos, como lo fue el Dictador durante 36 años, es inviolable e irresponsable, y, por si algo falla, está el “cortafuegos” de un Tribunal Constitucional que se sitúa por encima de los otros dos poderes del Estado, dejando la división de poderes en un chiste sin gracia.

Los hechos ocurridos durante estos días muestran que la Constitución del 78, fruto del pacto con los franquistas, no da para más; hace aguas por lo cuatro costados, grietas por las que solo supura corrupción. Una democracia que está atenazada, controlada y mutilada, no es merecedora de tal nombre, no, al menos, para resolver las reivindicaciones y necesidades de la mayoría social.

Aceptar que el Congreso de los Diputados y el Senado queden cautivos del TC no solo debe ser rechazado, es intolerable, y como tal no debería ser acatada por ninguna de las cámaras de representantes con mayoría suficiente. Acatar las decisiones del TC, da alas a la derecha y los anima a continuar en sus ataques a derechos y libertades.

La gravedad de los hechos acaecidos hace necesario que las organizaciones que se reclaman de izquierdas y los sindicatos, convoquen movilizaciones masivas. Movilizaciones a la que los socialistas debemos acudir y ocupar el lugar que nos corresponde, trasladar a nuestros dirigentes que es urgente deshacerse de estos organismos para defender los derechos democráticos. El socialismo es avance social, no conservadurismo. El socialismo debe garantizar que los representantes del pueblo ejercen su mandato sin ningún obstáculo.

Ante la situación que vivimos, que se viene pudriendo desde hace mucho tiempo, el socialismo debe trabajar por la democracia plena, en el marco de la República.

El Comité de Redacción de Tribuna Socialista
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Editorial: La clase trabajadora no deja de sorprender, gratamente.

En Tribuna Socialista nº 137 dedicamos la editorial a la inflación y la respuesta que la clase trabajadora le está dando en otros países, “La inflación también es un arma”. En el anterior número de TS también valoramos muy positivamente las manifestaciones de pensionistas, el 15 de octubre, y en defensa de la sanidad pública en Madrid, el 22 del mismo mes.

Tenemos que reconocer que la clase trabajadora no deja de sorprendernos gratamente: si bien las dos manifestaciones mencionadas fueron importantes, en lo que al número de manifestantes se refiere, la que tuvo lugar el domingo día 13 de noviembre, para mostrar el rechazo del pueblo de Madrid a la privatización de la sanidad pública, ha sorprendido a los más optimistas.

Echábamos de menos movilizaciones de masas para afrontar problemas generales y fundamentales, como lo son la defensa del Sistema Público de Pensiones y la Sanidad Pública. Y en cuestión de treinta días se han producido tres grandes manifestaciones, la última con más de 600.000 manifestantes.

Quienes acudimos a estas movilizaciones somos clase trabajadora, aunque muchos hayan aceptado considerarse clase media. Somos ese 65% de personas que dependen de un salario, cuyo sueldo no supera los 1.715 € brutos mensuales, que es el salario medio en la España de hoy. Nos movilizamos para exigir que nuestro salario diferido, la pensión, se revalorice como mínimo en el mismo porcentaje que los precios. De la misma manera, participamos en las manifestaciones para defender que no nos quiten nuestro salario indirecto; el que recibimos en forma de servicio público cuando acudimos al médico, en el hospital o en el centro de Atención Primaria, o cuando educan a nuestros hijos e hijas en un colegio público.

Otro de los aspectos sorprendentes de estas movilizaciones es que tienen en común que no han sido convocadas por las dos grandes centrales sindicales de nuestro país, si bien en las de la sanidad participan minoritariamente. La Manifestación del 15 de octubre, con más de 40.000 asistentes, fue convocada por las organizaciones de pensionistas, como COESPE, sin que los grandes sindicatos quisiesen apoyar, siquiera. La del 22 de octubre, en defensa de la Sanidad Pública madrileña fue convocada por la mesa sectorial de la Atención Primara, y la del 13 de noviembre fue convocada por asociaciones vecinales de Madrid, apoyándose en la perseverancia del sindicato corporativo de médicos Amyts.

Hay motivos para que se produzcan muchas movilizaciones masivas: por el deterioro de la Educación Pública, contra la privatización de las residencias (hubo una manifestación multitudinaria el 17 de septiembre, convocada por las plataformas de familiares de víctimas en las residencias), contra la Guerra… pero falta una movilización de masas en defensa de los salarios directos, los que nos abonan en nómina. Alguien podrá decir que el día 3 de noviembre miles de delegados sindicales llenaron la Plaza Mayor de Madrid, bajo el lema “Salario o Conflicto”. Sí, pero además de los delegados y delegadas de personal y miembros de comités hay que dar cauce a la movilización de los trabajadores y trabajadoras, que han salido a la calle a reivindicar la defensa de las pensiones o de la sanidad, demostrando que el problema no es que no se quieran movilizar.

Se está terminando el año y ni hay conflicto ni los salarios dejan de perder poder adquisitivo. La subida salarial media en convenio colectivo, a cierre de octubre, es del 2,64%, frente al 7,3% del IPC interanual, lo que equivale a una pérdida de 4,66% que hay que sumar al 4,95% de pérdida del año 2021, año en el que el incremento promedio de los salarios se quedó en el 1,55% frente al 6,5 del IPC. Es decir, que los asalariados más “afortunados” llevan una pérdida de valor en sus sueldos del 9,6%. No hablemos de los cientos de convenios sectoriales o los miles de convenios de empresa en los que el sueldo no ha subido nada o el incremento está incluso por debajo de la media.

La devaluación de los salarios en España se viene dando a lo largo de lo que llevamos de siglo: comenzamos con el redondeo de los precios con la entrada del euro, pero no se redondearon los salarios; continuamos con la devaluación provocada por las reformas laborales de 2010 y 2012, no derogadas en todos sus aspectos más lesivos; se han devaluado en los dos años de pandemia; y se están devaluando nuevamente, a nombre de la guerra, con esta ola inflacionaria.

Garantizar que los salarios no pierden valor que los trabajadores y trabajadoras, que no se empobrecen, es competencia de las organizaciones sindicales, pero dejar que los trabajadores, empresa por empresa, intenten mejorar sus salarios, o sea de forma aislada, solo sirve para facilitar las exigencias de la patronal. De hecho, sin firmarlo, es poner en práctica el llamado “Pacto de Rentas”, cuyo objetivo, recordémoslo, no era otros que el de hacer caer la carga de la crisis sobre los salarios.

Veremos si alguien no convoca por este motivo y la clase trabajadora vuelve a sorprendernos.

Comite de Redacion Tribuna Socialista
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Editorial: La inflación también es un arma

Europa está revuelta no solo por la guerra en Ucrania, hay armas que matan de pobreza, como la carestía de la vida, que afecta a todos los países del continente. Nuestro país cerró 2021 con una tasa del riesgo de pobreza o exclusión social del 21,7%. Seis meses después, la cifra a cierre de junio ha crecido hasta el 27,8% (Fuente: INE). Esto significa que 13 millones de personas se encuentran en esta lamentable situación.

En otros países del continente las cosas no son diferentes, salvo en la resistencia activa de la mayoría social y en particular de los trabajadores y trabajadoras.

Estos meses atrás, en Gran Bretaña han ocurrido más cosas que la muerte de Isabel II y las fastuosas idas y venidas de su féretro. Incluso cuestiones que, aunque no se relacionan, están vinculadas con la grotesca situación que vive el partido conservador en el Gobierno. Nos referimos a la huelga del transporte ferroviario que tuvo lugar el pasado 21 de junio, la mayor de los últimos 30 años, seguida por más de 40.000 trabajadores. Boris Johnson dijo al sindicato de ferroviarios, RMT, que: “a pesar de la huelga, los planes de reforma del transporte ferroviario seguirían adelante”, además de amenazarles con contratar trabajadores de agencias (lo que en España conocemos como ETTs). Sin saber, en aquel momento, que quien no seguiría adelante sería él. A las movilizaciones se sumaron los trabajadores del Metro de Londres. La huelga afectó a las estaciones ferroviarias de Inglaterra, Escocia y Gales y a la capital del reino.

Se reivindicaba que los sueldos se incrementen en el mismo porcentaje que el coste de la vida, contra las reducciones de personal, la eliminación de las oficinas de expedición de billetes y contra la decisión del Gobierno de quitar la financiación de la red metropolitana londinense.

El 31 de agosto fueron los trabajadores del servicio postal, Royal Mail, convocados por el sindicato CWU, quienes paralizaron la actividad. Estaban llamados a la huelga más de 100.000 trabajadores, y los motivos coincidían con los trabajadores ferroviarios en la reclamación de incrementos salariales iguales a la inflación.

Como los ferroviarios y los trabajadores del correo, los estibadores de Felixstowe: en el puerto de carga más grande de Gran Bretaña, el 26 de agosto se inició una huelga de 8 días, para exigir subidas salariales.

Otros sectores se echaron a la calle y pararon la actividad: los camioneros se aseguraron aumentos salariales del 20 %, los trabajadores del aeropuerto de Gatwick ​lograron el 21 % de incremento y los de la aerolínea British Airways, consiguieron el 13%.

Además de las bravuconadas del penúltimo jefe del Gabinete británico, el Gobierno reaccionó con cambios legales que significan el retroceso de, al menos, un siglo en los derechos de movilización y huelga de los trabajadores; facilitando a las empresas el uso de personal temporal (los llamados “esquiroles” en España), lo que hasta este año era considerado un delito. La represión contra los sindicatos toma su forma en la posibilidad de ser juzgados por “huelga ilegal”, con multas que podrían ser de 250.000 a 1 millón de libras (285.000 a 1.140.000 euros).

Al mismo tiempo que han tenido lugar estas expresiones de resistencia de los trabajadores y trabajadoras, se desarrolla en todo el país un potente movimiento contra la guerra, o sea contra la implicación directa del gobierno británico que se ha convertido, después de Estados Unidos, en el principal proveedor de armas y de entrenamiento de los soldados ucranianos. Estar en contra de la Guerra no es compatible con alimentar la guerra con armas.

La situación en Francia no es diferente, el pasado 16 de octubre tuvo lugar una manifestación en París, con cerca de 140.000 asistentes, que finalizó en la emblemática plaza de la Bastilla. ¿Los motivos? Son idénticos a los de las movilizaciones de los trabajadores británicos: contra la carestía de la vida, salvando las formas y ritmos de las movilizaciones.

Desde el 27 de septiembre se mantiene el conflicto en las refinerías francesas, con una huelga en la que los trabajadores exigen un 10% de aumento para compensar los efectos de la inflación.

La reacción del Gobierno de Macron ha sido similar a la de Gobierno británico: Obligación administrativa de retorno al trabajo, la requisición. O lo que es lo mismo: la anulación del derecho a huelga.

El martes 18, más de 150.000 personas se manifestaron en Marsella, Burdeos, Lyon, Montpellier, Reims, Rouen, Amiens, Lille, Poitiers, Orléans y Estrasburgo. No solo trabajadores de las refinerías. También trabajadores de la Enseñanza, del sector agroalimentario y los comercios por un reparto justo de la riqueza y un aumento salarial. Los manifestantes llamaron a respetar su derecho a la huelga. Quebrar este derecho, es lo que ha hecho el Gobierno finlandés en el mes de septiembre, como es lo que se hace en España, por la vía de los servicios mínimos abusivos o apelando al artículo 172 del Código Penal, una vez que el 315 fue derogado.

Podríamos poner otros ejemplos de movilizaciones en otros países de Europa, por los mismos motivos o parecidos, excepto en España. No porque la carestía de la vida en nuestro país sea más baja que en Francia o Gran Bretaña, ni en otros países de nuestro entorno; la media del IPC en la Zona Euro estaba en mayo del presente años en el 8,8%.

Tampoco se puede achacar a que no hay problemas sociales y laborales. De hecho, según datos del INE, las jornadas de huelga en España se han incrementado en el periodo enero/agosto en un 25,61%, comparado con el mismo periodo de 2021.

Los trabajadores de Vueling, compañía aérea con sede en Barcelona, irán a la huelga los viernes, domingos, lunes y festivos durante los tres próximos meses, hasta el 31 de enero, en demanda de incrementos salariales que revaloricen sus salarios por encima del IPC. Como ellos, los trabajadores de Renfe irán a la huelga los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. Otros sectores están en conflicto, como las trabajadoras de la limpieza en cuatro provincias de Castilla La Mancha; los trabajadores y trabajadoras de diferentes servicios sanitarios de Madrid, como los de las Urgencias de Atención Primaria, son solo ejemplos de los cientos de empresas y decenas de sectores en lucha.

Las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, el 15 de octubre o las del 22 del mismo mes, en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, demuestran que hay motivos para la movilización y que los trabajadores y la ciudadanía en general tiene predisposición a luchar por defender sus derechos, solo falta la voluntad de organizar la movilización, por parte de quienes tienen capacidad para ello. Los groseros beneficios que están anunciando las principales empresas españolas justificarían por sí solos dicha movilización.

En la siguiente tabla y en la gráfica que la representa, podemos extraer, a simple vista, dos conclusiones, entre otras: una, que la inflación comienza su ascenso antes de que Putin invadiese Ucrania, por tanto, la guerra no lo justifica todo. Y la otra, que si en otros países la clase trabajadora está movilizada en defensa de su sustento, contra la vida cara, en España hay más motivos.

La inflación en buena medida provocada no solo solo favorece a las grandes empresas, sino que podemos decir que es la traducción de la política de guerra en el terreno social, como se dice popularmente es «el impuesto a los pobres».

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Editorial: El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado.

Manifestaciones y movilizaciones de todo tipo: en defensa de la Sanidad pública; por la reapertura de sus Centros de Atención Primaria; contra el vergonzoso incremento del tiempo de espera para pruebas médicas o citas con especialistas. Movilizaciones masivas de familiares contra la privatización de las residencias y el mal trato a las personas mayores, producto de la mercantilización de este servicio esencial. Denuncias de los sindicatos de la educación pública, y de las asociaciones estudiantiles, por la caída del número de profesores, por el déficit de plazas para estudiar FP o contra las leyes de Educación que no cambian sustancialmente los problemas crónicos que deterioran el sistema educativo público, en favor del privado. Las arbitras de fútbol luchando por subidas salariales dignas, al igual que lo están reclamando las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio, en todo el Estado. Se cuentan por miles las empresas y sectores en los que los trabajadores reclaman subidas de sueldo acordes al IPC real. Los trabajadores de la industria ven como sus plantas de producción continúan siendo deslocalizadas a otros países, buscando, los empresarios, de salarios más bajos, y como a nombre de una supuesta ecología, se les despide con promesas de “tecnologías verdes” sin concretar. Los trabajadores de las líneas aéreas en pie de guerra en defensa de sus derechos laborales, como los trabajadores de Contact Center, los de Consultoría… Los pensionistas preparan una gran movilización para el 15 de octubre en Madrid.

La lista de conflictos y problemas sociales es larga, muy larga, tanto en el terreno de la defensa de los servicios públicos, como en el campo de los derechos laborales y la defensa del salario y las pensiones, devaluadas por la desbocada carestía de la vida.

Pero el Gobierno parece vivir en una burbuja que le hace ciego y sordo a lo que está ocurriendo en la calle. A pesar de ello, nadie puede decir que las medidas que están tomando sean negativas: 0,2 céntimos de ayuda a los carburantes, 10 euros en el abono transporte a jóvenes (en Madrid), 450 millones de euros para la gratuidad del transporte de cercanías Renfe, 200 euros al mes para quienes perciben menos de 14.000 € al año, 15% de incremento a las pensiones no contributivas (PNC); sabiendo que esta medida afecta al 4,5% de los pensionistas, excepción ibérica al precio del gas (con fecha de caducidad en mayo de 2023).

Parece claro y objetivo que, si en una balanza pudiésemos poner los problemas que sufre la mayoría de la sociedad, para los que reivindica soluciones desde hace años, y en el otro colocásemos las medidas bienintencionadas del Gobierno, la fuerza de la gravedad se decantaría, sin duda, por las reivindicaciones y quejas en defensa de lo público, los derechos laborales y contra la devaluación de salarios y pensiones.

La derecha por su parte, en todas sus formas: PP, VOX y C´s, se encarga de salvaguardar los intereses del gran capital, como son los bancos y las empresas de la energía.

Las medidas del Gobierno son paliativas, sucedáneos de solución, que comienzan a ser percibidas como placebos y trampantojos por esa mayoría social que, por naturaleza, es el verdadero caladero de votos de la izquierda. Quizá por esto, es por lo que las encuestas no reflejan la perspectiva que tiene el Gobierno de sí mismo, y que desearía.

Todas esas medidas quedan difuminadas cuando escuchamos decir a la ministra de Trabajo que el SMI debe subir un 4,5%, mientras que el IPC se ha situado en agosto en el 10,5%. O cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos dice que quiere, con la aquiescencia del Gobierno al completo, pasar de 25 a 35 años el número de años cotizados para hallar la base reguladora de la pensión, es decir la pensión futura.

El Gobierno puede lanzar muchas iniciativas, pero mientras no resuelva los grandes problemas estructurales que sufren los pueblos que componen el Estado español, será como el equipo de fútbol que tiene las cuentas saneadas pero que no gana títulos.

Estamos a menos de un mes para que tenga lugar una gran manifestación en Madrid, el 15 de octubre, convocada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) y el conjunto de organizaciones que compone el movimiento de Pensionistas. Movilización que cuenta con el apoyo del CATP y de Tribuna Socialista. En esta movilización se le reclama al Gobierno que cumpla con su obligación legal de encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que no lleve a cabo la reforma de Pensiones que propone el ministro Escrivá y que revalorice las pensiones con el IPC real, no con el IPC medio; subterfugio matemático que en 2021 provocó una pérdida del 4% en la capacidad de compra de los pensionistas.

Se podrá decir que lo que se pide es muy caro, puede que sea cierto. Pero más cara sale la guerra y están dispuestos a más que duplicar el presupuesto anual en defensa, hasta llegar a los 23.000 millones de euros anuales. O más caro sale sanear a los bancos privados con 65.000 millones en efectivo, del dinero público, más 35.000 en activos fallidos de la Sareb: 100.000 millones de dinero público que, aún, ninguna institución del Estado ha reclamado su devolución a las arcas públicas.

El Gobierno tiene que tomar medidas, sí pero que sean de calado y que sirvan para resolver los problemas. Dejemos de jugar al escondite con topes al precio del gas, que por detrás y por delante se les compensa a las empresas gasistas. Dejemos de tomar medidas estéticas, como el impuesto a la banca y a las energéticas, para recaudar 3.500 millones cada año, durante dos años, cuando el incremento interanual de la luz, en julio, ha sido del 53,44%, cuando, solo las cuatro grandes energéticas: Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, sumaron más de 14.000 millones de euros de beneficio en 2021. Cuando el oligopolio de la banca: Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja, batieron récord de beneficios en 2021, superando los 20.000 millones de euros.

La filosofía económica que necesita la mayoría social es “ni un euro para la Guerra y si se interviene en el mercado, que sea de verdad”.

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Editorial

No es honesto guardar silencio

No podemos mirar para otro lado ni guardar silencio ante la barbarie. Tal cosa sería impropia de personas que dicen ser socialistas, progresistas, de izquierdas.
Lo ocurrido en la valla de Melilla el pasado viernes día 24 es un crimen, como los de guerra. Esta acción de la gendarmería marroquí no se puede justificar, bajo ningún concepto; por encima del respeto a la vida humana no se pueden poner las normas, las leyes ni la soberanía (en marruecos la soberanía no es precisamente del pueblo). De la misma manera que es injustificable la acción de la Guardia Civil española que, mientras los desesperados subsaharianos se amontonaban sobre las concertinas de la valla, se dedicaban a lanzarles pelotas de goma a bocajarro ¿qué acción violenta había que reprimir?, la misma violencia que ejercían los 15 muertos que el 6 de febrero de 2014 trataban de llegar a la playa del Tarajal en Ceuta, que tan solo nadaban para intentar salvar su vida.
Asombra escuchar las declaraciones del Gobierno español. Del Gobierno de Marruecos, sometido por una dinastía sátrapa no sorprende, aunque han pasado una línea que nunca se debería trasgredir; por el crimen cometido y por el desenlace de esconder los cuerpos en una fosa común, sin autopsia ni identificación. ¿Dónde ha quedado el respeto a los Derechos Humanos?
Este crimen se ha cometido a las puertas temporales de la cumbre de la OTAN en Madrid. Tribuna Socialista no somos neutrales ni tomamos posición por esta estructura militar que, con unas formas u otras, lleva en España, y España vinculada a ella, desde 1953, como ya explicitamos en la editorial del número 134 de Tribuna Socialista. Es un error caer en el frentismo. Nuestra posición está del lado de los pueblos; por eso exigimos la retirada inmediata del ejército de Putin de suelo ucraniano y decimos no a la Guerra, decimos no a cualquier guerra que se lleva por delante la vida de civiles y de soldados de ambos bandos, hijos de familias trabajadoras, en este caso rusos y ucranianos.
Pero la guerra contra los pueblos y los menesterosos toma muchas formas. Las “armas” económicas de los oligarcas, imperialistas y explotadores de toda laya tomaron la forma de reformas laborales en 2010 y 2012 y tuvieron como consecuencia la destrucción masiva de derechos y calidad de vida de los millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país; devaluaron y precarizaron el empleo, empujando a millones de ciudadanos a las puertas de la pobreza, cuando no a la pobreza misma: recordemos que hoy el salario más frecuente en España es de 1.357 € en 14 pagas, 357 € más que el SMI. Un 32% inferior al engañoso salario medio (que se halla contando salarios como el del Gobernador del Banco de España, quien en 2021 obtuvo un sueldo anual de 214.956,01 €).
En paralelo a la Guerra en Ucrania, recorre toda Europa una ola inflacionaria provocada por la especulación de los carburantes, la energía y los alimentos, entre otros productos de primera necesidad. La reacción de los gobiernos, de todos, no ha tenido ni por asomo la contundencia que los cuerpos de represión han ejercido en la valla de Melilla. La respuesta está siendo de parches. Respuesta que eso que llaman los mercados se está tomando a risa, pues tanto las rebajas fiscales como las subvenciones del Gobierno español han aplicado a los carburantes han sido absorbidas por los oligarcas de la luz, el gas, el petróleo…
Ante esta situación, en su conjunto, es llamativo el silencio de las organizaciones que se reclaman de la izquierda; políticas y sindicales. Han puesto sordina a sus quejas. Tienen la misma actitud que Podemos, IU y el PCE (miembros también del Gobierno) que se quejan, dicen no estar de acuerdo con esto o con aquello y punto. Los derechos sociales y laboral es no se consiguieron con cortes mediáticos y declaraciones de intenciones.
Lo que está ocurriendo e muy grave.Estamos en una etapa de crecimiento armamentístico muy peligroso. Es llamativa la docilidad con la que la Unión Europea se está subordinando a los intereses de los EE.UU.; el gran beneficiario con el incremento de los presupuestos para armamento y con las restricciones a la compra de gas y petróleo a Rusia es EE.UU., quien está incrementando exponencialmente sus ventas de gas licuado a España y al resto de países de Europa. ¿Tendrá estos relación con la maniobra de la Administración Biden para que España gire en su política respecto al Sahara?
¿a quién beneficia si Argelia corta o incrementa el precio del gas que consume España?
El hecho de que el Gobierno de Rajo y en 2014 aceptase incrementar el presupuesto en defensa al 2% del PIB, compromiso que el Gobierno actual está por la labor de cumplir a rajatabla, es una bomba para los servicios públicos del Estado español, ya de por sí muy deteriorados por la crisis económica de 2008 y por la pandemia de 2020/2021.
Los ataques se anuncian últimamente, pero parece que no escuchamos: los organismos internacionales dicen que los gobiernos tienen que reducir su deuda pública y que tiene que rebajar el déficit público. Es decir, que hay que amortizar deuda y que no se pueden endeudar más para cubrir las necesidades sociales. No olivamos la reforma constitucional del Artº 135.3. Todo ello a la vez que van a duplicar el presupuesto en Defensa para alcanzar los 23.000 millones de euros (el equivalente al 2% del PIB actual), desde los 9.700 de este año.Está claro de dónde va a salir el cuadre de las cuentas: de Sanidad, de Educación, de Dependencia y de Pensiones.
Pero no están dispuestos a cuadrar las cuentas exigiendo que la banca privada devuelva los 100.000 millones de euros públicos que se le dieron (65.000 en efectivo para el saneamiento + 35.000 de la Sareb). Como se resisten a cumplir el compromiso legal de realizar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para saldar la deuda de más de 103.000 millones con las pensiones, por el uso indebido del dinero de las pensiones para otras partidas que debieran haber sido asumidas con dinero de los impuestos.
Lo ocurrido en la Valla de Melilla nos da la pauta de hasta dónde están dispuestos a llegar para defender sus intereses la minoría social que dirige el mundo. La pena es que esto solo es posible por la colaboración de los dirigentes.
La emigración, en este caso africana, es producto de la destrucción de estos países llevado a cabo por las potencias imperialistas europeas y sus multinacionales que explotan las riquezas de estos países, empujando a la emigración a su juventud y utilizan después a los emigrantes como mano de obra barata y sin derechos.

Comité de Redacción
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Editorial

Ni un euro para la guerra

Puede que al Gobierno le llene de orgullo albergar la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid los días 29 y 30 de junio. Sin embargo, para las personas y organizaciones de izquierdas, que se mantiene leal a sus valores y principios, es una vergüenza y motivo de rechazo. Es por respeto a uno mismo y porque los hechos, pasados y presentes, son irrefutables. Quizá la falta de respeto a los valores y principios sea lo que esté detrás del ascenso de la derecha en el mundo; no tanto por acierto de a la derecha como por la pérdida de apoyo de la izquierda.

Rechazamos con rotundidad la invasión que la Rusia de Putin está llevando a cabo desde hace tres meses en Ucrania. En distintos actos que hemos participado en nombre de Tribuna Socialista hemos dejado claro que la acción expansionista de, carácter militar, llevada a cabo por la OTAN no justifica la acción criminal de Putin. De la misma manera que la guerra iniciada por Putin no justica la aceleración de los planes de OTAN por tomar posiciones en el este de Europa. Nuestra posición está en defensa de los pueblos; del ucraniano en primer lugar, como del ruso y de todos los pueblos del continente europeo.

No olvidamos que en septiembre de 1953, el Gobierno franquista firmó el vergonzoso “Pacto de Madrid” con la Administración de Eisenhower: los EE.UU., se comprometían a suministrar a la España de Franco material de guerra de segunda mano, concedía créditos (a devolver) al Gobierno de Franco por valor de unos 1.500 millones de $, a condición de comprar productos estadounidenses, y a cambio Franco y su Gobierno le cedían espacio en Rota, Torrejón, Zaragoza y Morón a los EE.UU., para que estableciese bases militares y el ejército franquista y la Guardia Civil ejercían de guardianes y protectores de dicha bases. Estos acuerdos se han ido ajustando y modificando a lo largo del tiempo, como cuando en julio de 1974 el actual Emérito suplió a Franco en funciones de jefe del Estado para ratificar estos acuerdos con la Administración Nixon.

¿Se puede decir que hoy la izquierda asume las decisiones políticas de los ilegítimos gobiernos franquistas?

La OTAN nace el 4 de abril de 1949, no por casualidad en Washinton D.C., bajo los auspicios de los EE.UU., con 10 países (hoy la conforman 30 países). Los Estados Unidos dirigen esta estructura militar que no ha parado de crecer hacia el este de Europa. Tienen en su historial la curiosa manera de “salvar vidas” bombardeando ciudades y causando miles de muertes; es el caso de la intervención de la OTAN en 1999 en la extinta Yugoslavia.

Fue el Gobierno de Calvo Sotelo quien, en mayo de 1982, hace ingresar a España en la OTAN. En la práctica, nada cambió respecto al periodo 1953/1982.

En enero de 1986, el Gobierno de Felipe González convocó un referéndum (que se celebró el 12 de marzo de 1986) para ratificar la permanencia de España en la OTAN. Un referéndum plagado de manipulación mediática, cuyo voto favorable solo obtuvo el 56,85%, con una abstención del 60%.

Nadie que se reclame de izquierdas puede asumir estos antecedentes: decisiones franquistas, decisión de un Gobierno salido de un intento de Golpe de Estado y el referéndum que avergonzó y avergüenza a tantos y tantas socialistas en el Estado español. Rechazar la OTAN es rechazar ser partícipes de una estructura militar al servicio de los intereses del mayor imperialismo del planeta, y sus consecuencias para los pueblos que componen el Estado español.

Siendo presidente de los Estados Unidos Barack Obama, en la cumbre de la OTAN celebrada del el 4 y 5 de septiembre de 2014, en Cardif, acordaron incrementar el gasto en defensa al 2% del PIB, hasta 2024. Estos acuerdos fueron asumidos por el Gobierno de M. Rajoy.

Según datos del Ministerio de Hacienda, en 2014, España destino 5.743 millones de euros a Defensa(1). El presupuesto ha crecido el 70,49% en estos 8 años, hasta los 9.791 presupuestados para este año 2022(2). El actual Gobierno ratificará, previsiblemente, el acuerdo de 2014 en la cumbre del próximo mes de junio. Esto significa que en los próximos dos años tendrán que aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB comprometido, es decir, llegar a los 24.000 millones de euros; teniendo en cuenta que el PIB español se situó en 2021 en 1,2 billones de euros.

Es políticamente importante señalar que las administraciones de Obama, Trump y Biden, mantienen exactamente la misma política expansionista y de fomento de la industria militar.

Es inaceptable este incremento en gasto militar mientras mantenemos un paro cronificado por encima de los 3 millones de trabajadores y trabajadoras sin puesto de trabajo, mientras la tasa de temporalidad duplica a la media de la UE, mientras 2021 cerró con 1.024.000 familias con todos sus miembros en paro, mientras la tasa de paro juvenil está, a cierre de 2021, en el 30,7%.

No aceptamos este brutal incremento del gasto militar para mantener la política imperialista de la OTAN y los Estados Unidos, en tanto que la Sanidad, la Educación y la Dependencia públicas continúen en franco deterioro por el recorte de los presupuestos en gasto social. Recorte del gasto que ya se anuncia, en base a las llamadas del FMI y de la Comisión Europea a rebajar deuda y a que en los próximos meses volverán las reglas, suspendidas por la pandemia, de control del déficit público.

En este contexto se pide un “Pacto de Rentas” a patronal y sindicatos. A lo que la patronal exige que los salarios se incrementen por debajo del IPC, lo que equivale a continuar devaluando los salarios. A la par que desde Bruselas se indica que las pensiones no deben revalorizarse por encima del IPC; ya en 2021 se han devaluado un 4% por debajo del IPC (subieron el 2,5% frente al IPC interanual del 6,5%).

Estos planteamientos los hacen cuando las 35 empresas del IBEX han batido récord de beneficios en 2021, más de 58.000 millones de euros, y se encuentran entre las principales responsables de que la inflación esté desbocada. Estos beneficios, en el caso de las empresas de la energía, demuestran que es falso que los costes de producción de la electricidad obliguen al alza del precio de la luz. Lo que obliga a subir el precio de la luz es la presión de los inversores por incrementar el reparto de dividendos multimillonarios. Esta es la interpretación que hacen los empresarios del “Pacto de Rentas”.

Por ende, rechazamos la política de sometimiento de nuestro Gobierno a los dictados de la OTAN o, lo que es lo mismo, de los USA, consistente en incrementar los presupuestos militares en detrimento de los gastos sociales. Poco ha cambiado en este aspecto desde 1953, quizá tenga que ver con que la jefatura del Estado no ha dejado de estar en manos de un militar desde 1939.

Tribuna Socialista participará y llama a participar en el Encuentro Internacional que se prepara para el 25 de junio en Madrid, así como en la Manifestación unitaria que recorrerá las calles de Madrid en la mañana del 26 de junio.

(1)https://www.defensa.com/espana/defensa-recorta-presupuesto-3-2-para-2014-gasto-defensa-espana

(2)https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-aumentado-20-presupuesto-defensa-ultimos-anos-sigue-lejos-pib-20220301134826.html

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1º de mayo:

¡Subir salarios!, ¡contener precios!,¡Igualdad!

¡Contra la Guerra y la Explotación!

Este 1º de mayo, los trabajadores y trabajadoras de este país tenemos la oportunidad de salir a las calles a denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pensiones, y reivindicar que se revierta la situación. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), que publica el INE, el aumento acumulado de precios durante los últimos doce meses asciende al 8,4%. la subida nominal de salarios para 2022 que recogen los convenios es del 1,55% en promedio, la de los empleados públicos el 2% y la de las pensiones el 2,5% con carácter general. Esto es, en la actualidad la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y pensiones que sufre la clase trabajadora es de un 8,35%, 7,8% y 7,3% respectivamente, con respecto al año anterior. Cabe reseñar que entre los años 2008 y 2019 la pérdida de poder de compra de los salarios ya había caído un 4,8% Los sindicatos reconocen que se está generando “un polvorín social que pone en riesgo la recuperación económica”.

Aumentar salarios y reducir los precios son necesidades urgentes, pero… ¿por qué suben los precios? La primera respuesta quizás sería La guerra de Putin. Sin embargo, el IPC del 2021 se cerró en diciembre con un aumento del 6,5%, y la invasión de Ucrania fue el 24 de febrero de 2022. Por tanto, la guerra de Putin no es la causa del aumento de los precios, es la acción especulativa del mercado lo que desboca la inflación.

Según el gabinete económico confederal de CCOO, los precios al consumo han aumentado más en España que en el resto de la Unión Europea (ver gráfico 1). La razón está en una excesiva dependencia energética del gas, y del lucrativo negocio que el sector energético supone para las multinacionales quienes actuan en régimen de oligopolio y especulan a su antojo. Quienes pagamos su “fiesta de los beneficios”, otros lo llaman “pa la saca”, somo los trabajadores, que vemos como cierran nuestras empresas, temporal o definitivamente, por no poder hacer frente al aumento de la energía y materias primas. Vemos como el empleo, sobre todo industrial, pierde peso, y vemos como los precios de nuestra cesta de la compra se disparán, mientras que con nuestros salarios y pensiones cada vez cuesta más llenar el carrito.

Gráfico 1

Los salarios no son responsables de la inflación, pero se devalúan con el incremento desmedido. El Pacto de Rentas propuesto por el gobierno y que pasa por contener salarios y precios no es ninguna solución, sino una nueva amenaza sobre los bolsillos de la mayoría social pues los salarios se moderan, pero los precios no respetan el pacto.

En relación al empleo, uno de los grandes objetivos de la última reforma laboral del gobierno PSOE-UP pactada con los sindicatos es darle la vuelta a la contratación como a un calcetín, y que los contratos indefinidos sean la norma y no la excepción del total del volumen de contratación. En este sentido, es cierto que la contratación indefinida se ha triplicado desde diciembre (ver gráfico 1), pero no es menos cierto, que en la actualidad estos contratos todavía suponen solo un 30,7% de la contratación, teniendo en cuenta que tras la eliminación del contrato de obra o servicio estos contratos se han convertido en indefinidos, con lo que no se puede hablar estrictamente de “nueva” contratación.

La renuncia a derogar la reformas laborales de Zapatero (2010) y Rajoy (2012) ha dado paso a a una “maquillada derogación” de los aspectos más lesivos de aquéllas; la reforma laboral de PSOE-UP mantiene el abaratamiento del despido, intenta poner coto al fraude en la contratación, y aunque hace aflorar contratos indefinidos, sigue manteniendo un inaceptable índice de temporalidad y no toca aspectos esenciales para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores tan depauperadas por la uberización del mercado de trabajo y las reformas laborales anteriores.

Un ejemplo de la tibieza de la reforma laboral lo podemos encontrar en la feria de abril de Sevilla, en la que los caseteros profesionales (gremio) anunciaban huelga por entender que la nueva reforma laboral les impedía contratar trabajadores para que trabajaran más de 12h al día. Sin embargo, la ministra de trabajo ha aclarado que “La reforma laboral no toca nada relativo a la jornada laboral y mucho menos al descanso”. Los caseteros han desconvocado la huelga al ver que la reforma laboral no era tan fiera como la pintaban, y que pueden seguir aplicando las mismas condiciones abusivas para lucro de sus propios bolsillos, a costa de explotar a los trabajadores.

En el 1 de mayo de 2021 los sindicatos nos convocaban bajo el lema “Ahora Toca Cumplir. Un País en deuda con sus trabajadores y trabajadoras». Hoy, un año después, los sindicatos sacan pecho de los acuerdos alcanzados en los últimos meses, como el aumento del SMI o la reforma de las pensiones, y la reforma laboral. Desde Tribuna Socialista, creemos que es absolutamente insuficiente y, aun así, nos sentimos apelados por el lema de este nuevo 1º de mayo, porque la solución, o una parte de la solución, pasa por subir salarios, contener precios y una justa redistribución de la riqueza.

Ya hemos hablado de la importancia de un aumento de los salarios, y de que el anunciado Pacto de rentas no supone ninguna solución, sino al contrario, empeoraría la situación de la clase trabajadora. Y para contener los precios no basta con subvencionar la energía ni por conseguir, durante tres meses, desvincular el precio de la electricidad del precio del gas (aunque ayudará). La lucha contra la subida de precios pasa por la independencia energética, es decir, ni depender del gas ruso, ni depender del gas argelino (en riesgo de encarecerse por el cambio de posición de España con respecto al Sáhara) ni depender del gas licuado norteamericano. Asegurar el autoabastecimiento energético en el país europeo con más horas de sol y más kilómetros de costa no es fácil, pero sí posible, si nos “independizamos” de los intereses de las multinacionales del sector, incluidas las españolas, y apostamos por un sector público energético fuerte.

Respecto a la redistribución de la riqueza, vemos como la derecha reclama bajada generalizada de impuestos, cuando en realidad lo que necesitamos es un aumento de los impuestos al capital y una mayor progresividad fiscal, para que quien más tenga más contribuya en beneficio de las rentas más bajas. Solo existe un pacto de rentas útil: el que redistribuye las rentas del capital para favorecer las rentas del trabajo.

Para acabar esta editorial, no podemos sino apelar a la unidad de la clase trabajadora, en España y en el mundo, y, por tanto, juntamente a la lucha por los derechos sociales y económicos de la clase trabajadora de nuestro país, hemos de exigir el No a la guerra de la Rusia de Putin, el No a la Guerra de expansión de la OTAN y el No a la carrera armamentística que no traerá otra cosa que nuevos recortes sociales en pro del gasto público militar y destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora en todos los pueblos del mundo.

Viva el 1º de mayo

¡Subir salarios!, ¡contener precios!, ¡igualdad!

¡Contra la Guerra y la Explotación!

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La Monarquía heredada

Hace tiempo ya que debiera haberse abierto el debate Monarquía o República, aunque solo sea porque quienes nacieron después de diciembre de 1960 no pudieron votar la Constitución. El debate no se ha abierto en el ámbito institucional, ni en los medios de comunicación de masas, ni en el interior de los partidos políticos con representación parlamentaria, no al menos en los grandes partidos. Sin embargo, en el seno de la sociedad se extiende el desapego, cada día mayor, a la institución monárquica; en buena medida gracias a la familia Borbón.

Los más conscientes vienen recordando que la institución monárquica y los inquilinos del Palacio de la Zarzuela fueron una herencia que nos dejó el franquismo. Cosa que las instituciones del Estado, los medios de comunicación de masas (públicos y privados), y los grandes partidos y organizaciones que se reclaman de la izquierda niegan, faltaría más.

Me propongo en este artículo demostrar que, por mucho que la Constitución de 1978 incluyera en su texto la monarquía, los padres de la Constitución, los partidos y las Cortes Generales, se limitaron a asumir la herencia de Franco.

La decisión la tomó el dictador el 22 de julio de 1969, designando al entonces príncipe Juan Carlos sucesor de Franco en la Jefatura del Estado con título de Rey, conforme a las Leyes Fundamentales del Régimen; concretamente al artículo once de la Ley Fundamental de 26 de julio de 1947(1) por el que se instauraría La Corona a la muerte de Franco. Es decir, que la monarquía data de 1947, tan solo ocho años después de acabada la guerra.

Esta Ley del franquismo fue sometida a referéndum de 6 de julio de 1947, un referéndum al estilo franquista, atado y bien atado. En él, pudieron votar todos los españoles mayores de 21 años, para responder a la pregunta: «¿Ratifica con su voto el proyecto de Ley sobre Sucesión en la Jefatura del Estado aprobado por las Cortes Españolas el siete de junio de 1947?». Hay que saber que quien no votara perdería el racionamiento y el derecho a cobrar el sueldo. Como hoy sigue ocurriendo en muchas residencias de mayores, propiedad de la Iglesia, y en muchas zonas rurales, donde el caciquismo de derechas está a la orden del día, la papeleta se rellenaba previamente en el domicilio particular.

En 1969, la prensa del régimen se hacía eco de la designación:

“Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado, (…) ha designado hoy a su sucesor: don Juan Carlos de Borbón y Borbón, de 31 años. Las Cortes Españolas, reunidas hoy en sesión plenaria extraordinaria, convocadas el pasado día 17 del actual, han aprobado la propuesta de Franco, presentada en forma de ley, tras un mensaje de dos mil quinientas palabras, al que dio lectura, con emoción en la voz y firme acento en cada palabra, el propio Jefe del Estado”(2).

Por tanto, el hoy huido a Abu Dabi, Juan Carlos de Borbón era designado sucesor de Franco en la Jefatura del Estado, conforme al artículo primero de la Ley 62/1969, de 22 de julio(3). Se le designó con un argumento que deja poco lugar a la duda sobre la naturaleza y origen de esta institución:

“Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento”.Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento

El 22 de julio de 1969, Juan Carlo de Borbón pronunció su discurso de adhesión y aceptación de los principios del Movimiento Nacional franquista al responder a la pregunta:

“En nombre de Dios y sobre los Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino?

“SÍ, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino«

A lo que respondió:

“SÍ, juro lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes Fundamentales del reino«

Juan Carlos de Borbón traicionó a su padre al romper el orden sucesorio de la Casa Borbón. Los conflictos y traiciones en la Casa Real, entre padre e hijo debe ser parte de la tradición borbónica, por mucho maquillaje que los medios de comunicación le pongan. En aquel caso fue tan así que Juan de Borbón no renunció a sus derechos dinásticos hasta 1977. Vamos, que lo asumió “por imperativo legal”.

La colaboración de Juan Carlos de Borbón con el régimen fue total. El 19 de julio de 1974, se convierte en jefe del Estado, supliendo a Franco por enfermedad, porque el Gobierno debía firmar la ratificación del Tratado con los Estados Unidos, alcanzado en 1970, por el que los estadounidenses implantaban bases militares en suelo español, dado que el tratado vencía en 1975. Ratificación que el hoy Emérito firmó sin ninguna objeción. En este periodo, que duró mes y medio, firmo convenios, decretos y sentencias propias de la vida diaria del franquismo.

El 31 de octubre de 1975, Juan Carlos de Borbón preside el Consejo de Ministros para abordar la crisis que Hassan II abrió con la “Marcha Verde”. El 2 de noviembre de ese año volvía a dar el relevo a Franco, en su “spring” final, esta vez para consumar el desbarajuste de la salida de España del territorio colonizado del Sahara occidental. En calidad de jefe del Estado, con plenos poderes, viajó a El Aaiún para mentir en nombre del Gobierno de Carlos Arias: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres”, “no dudéis que vuestro comandante en Jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”.

Lo que no les dijo a los sahauis es que estaba en tratos secretos con Henry Kissinger y con el Rey de Marruecos, para abandonar precipitadamente el territorio y dejarlo en manos marroquíes, traicionando así al pueblo saharaui. Abandono que se consumó pocos días después de su viaje a El Aaiún.

En mi opinión, Juan Carlos I fue jefe de los tres ejércitos antes que Rey. Pues antes de ser proclamado Rey, título que no le había hecho falta en distintas ocasiones para suplir al dictador, ya había ejercido de jefe del Estado franquista. 48 horas después de hacerse pública la muerte de Franco, Juan Carlos I es proclamado Rey, el 22 de noviembre de 1975. Ese momento no es el primer paso de la transición, es un paso más en el camino que Franco y sus más allegados trazaron muchos años antes.

La ruptura con el franquismo aún está pendiente. Felipe VI no ha hecho más que heredar la gorra de plato y la Corona que su padre recibió de las manos manchadas de sangre de un dictador. Vivimos en democracia, sí, pero con muchos límites y condiciones; tantos que a veces no parece una democracia.

(1)https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/208/A04238-04239.pdf

(2)https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/el-cronista/1969-franco-designa-20210803123755-nt.html#:~:text=El%2023%20de%20julio%20de%201969%20El%20Norte%20de%20Castilla,a%20los%20Principios%20del%20Movimiento%C2%BB.

(3)https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-915

Roberto Tornamira

Militantes del PSOE

Agrupación de Arganzuela (Madrid)

Destacado

Editorial

NO A LA GUERRA

RECUPERAR LA CAPACIDAD DE COMPRA DE LOS SALARIOS, PARAR LA ESPECULACIÓN

En el momento de escribirse esta editorial la guerra en Ucrania está a punto de cumplir su primer mes; en los primeros 25 días de guerra, 3,3 millones los ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares, mientras el ejercito de Putin bombardea ciudades causando víctimas civiles. Las imagines retransmitidas dan cuenta de la barbarie que está viviendo la población ucraniana, en su mayoría trabajadores.

La guerra también la sufre la clase obrera rusa quien, sin duda, pagará las consecuencias de las sanciones económicas a las que está siendo sometida por parte del imperialismo americano y los gobiernos de la Unión Europea. La guerra no es de los pueblos, ni el pueblo ucraniano ni el pueblo ruso son partidarios de la guerra y sin embargo son los principales afectados por la misma. Es difícil de calcular el coste, solo en destrucción de empleo, que supondrán las sanciones impuestas a Rusia, hay informes que lo cifran en más de un millón de empleos.

Los efectos de la guerra se hacen sentir en Europa, con matices distintos y de modo diferente a como hemos percibido las guerras que hemos venido conociendo hasta ahora. EEUU disputa con Putin, Xi Jinping y con los gobiernos de europeos el control de más cuotas de mercado, para ello, Joe Biden, impone a la UE cuál debe ser su política: Alemania tiene que renunciar al gas ruso del que depende más de la mitad del consumo alemán y obliga a aumentar el gasto armamentístico al pasar de los 57,5 millones de dólares de 2021, a los 83,5 millones de dólares en el presupuesto de 2024; España ha aumentado su gasto en defensa desde los 5.711 millones de euros de 2015 a los 9.791 presupuestados para 2022, lo que supone un incremento del 71,44% (Fuente: Ministerio de Hacienda). Aun así, no es suficiente para la industria del armamento; Rajoy se comprometió en 2014 a llegar al 2% de nuestro PIB en 2024 (se estima en torno a 20.000 millones de euros). Se abre la perspectiva a aumentos escandalosos en los próximos años, pasando a ocupar una prioridad en los presupuestos, otra prioridad junto al pago de la deuda; la presidenta de Suecia, Magdalena Anderson, lo expresaba con claridad en la Cumbre Europea del pasado 10 y 11 de marzo, «me gustaría invertir más en pensiones y escuelas, pero lo he de hacer en defensa«.

Después de la pandemia la guerra. El Gobierno de España se dispone en primera línea en la aplicación de las exigencias del mercado especulativo, medidas que van a decidir en la cumbre europea de final de mes.

Atrás han quedado las promesas incumplidas de derogar las reformas laborales y la ley mordaza. Los llamados ajustes económicos afectan más a los más desfavorecidos, de tal manera que todavía no hemos salido de las medidas adoptadas por la pandemia y preparan toda una oleada de ajustes que sin duda empobrecerán más la mayoría de asalariados.

La inflación se dispara sin control y se ha situado en el 7,6%, el interanual en febrero (el IPC más alto en los últimos 34 años). Los carburantes han superado incrementos del 30%, el precio del gas está desbocado, mientras que, el pasado año, las pensiones subieron un 2% y los salarios una media del 1,47%. Por el contrario, los capitales que componen el Ibex 35 alcanzaron en 2021 un beneficio récord de 58.543 millones de euros. La UGT denuncia que la escalada de precios es irregular y especulativa, pues el precio del Mkh se sitúa en 200€, mientras el coste de producción es de 20€ o más bajo. Ejemplo concreto de lo que denuncian los informes sobre la dinámica de rentas lo vemos en el incremento de la escandalosa remuneración del presidente de Iberdrola o de la presidenta del banco de Santander: en 2021, el señor Sánchez Galán, ha cobrado 13,2 millones de euros, un incremento del 8,23. Por su parte, la señora Botín percibió, en el mismo ejercicio económico, 11,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 15%. Estos son solo dos ejemplos de cómo se explica el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital, que viene produciéndose desde la crisis de 2008.

En el conflicto del transporte por carretera, en concreto, hay que decir que está siendo utilizado por la extrema derecha y no es admisible que se utilice un conflicto legítimo para hacer la política de “cuanto peor mejor” que tanto le gusta a VOX y a los salvadores de la patria. Sin embargo, no se puede deslegitimar un conflicto y a sus promotores colgándoles etiquetas. Tampoco se entiende mucho lo de las legitimidades. No estamos ante un sindicato minoritario de trabajadores que se presenta a elecciones cada cuatro años y no alcanza el 5% de representatividad. Estamos ante organizaciones patronales, con más o con menos asociados, pero la pregunta que hay que hacer a los empresarios que rechazan a la Plataforma en Defensa del Sector del Trasnporte ¿a que proceso electoral se presentan las grandes patronales, de cualquier sector de actividad?, a ninguno. Por ende, aquí lo importante es resolver el conflicto con todas las partes implicadas y que ninguna de ellas pretenda sacar réditos espurios al verdadero problema, el alza insoportable de los precios.

El giro político del PSOE hacia la derecha, operado en el 40º Congreso que se celebró en Valencia en octubre del paso año, se va plasmando en acciones de Gobierno que se hacen difíciles de entender incluso para la propia militancia. La negativa a derogar las reformas laborales, la renuncia a blindar el Sistema Público de Pensiones. O el último episodio, el cambio drástico de criterio en relación con el Sahara, en el que todo apunta a que una vez más nuestro Gobierno de España se ha plegado a los criterios estadounidenses. Solo cabe esperar que esta decisión no nos complique el suministro de gas argelino; en su cantidad y en su precio.

Tampoco nos sirve de mucho el juego del “poli bueno” al que parece estar empeñado el otro socio del Gobierno. Un gobierno es un órgano colegiado y no cuela el permanente “nosotros no”, pero solo de boquilla en los medios.

El Consejo de Ministros del 29 de marzo aprobará lo que haya establecido el Consejo Europeo celebrado los días 24 y 25 de este mes; nada bueno para la mayoría social podemos esperar de esa reunión. En las calles, carreteras, en los puertos y los campos de todo el país hay movilizaciones que expresan como la mayoría de la sociedad no puede tolerar que desprecien sus derechos y no se atiendan sus reivindicaciones. Los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de Cataluña han dando un claro ejemplo de ello, con la jornada exitosa de huelga del 16 de marzo, aunque esta movilización haya sido acallada en los medios de comunicación.

Desde Tribuna Socialista decimos no a la Guerra y rechazamos la rapiña que lleva a cabo un mercado infectado de especuladores, al calor del desastre. El Gobierno debe posicionarse en la defensa de los derechos de la mayoría, no en la lógica del mercado para sacrificar dichos derechos.

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Editorial

Las “enfermedades” del PP son de origen genético

El PP está exteriorizando todas las patologías que sufren las instituciones del Estado. Enfermedades crónicas de origen genético; no tienen cura y la heredaron del franquismo.

La primera es la corrupción sistémica que corroe las instituciones, y al PP. Para ver la continuidad del “modus operandi” de los poderosos e instituciones de este país, antes y después de 1978, solo hay que acudir a las hemerotecas y refrescar los casos: “Barcelona Tracción” (1948/1951), “La agenda Rivara” (1958), “La quiebra de Manufactura Metálicas Madrileñas, S.A.” (años 50), “Matesa” (1969) o “Sofico” (1974). Estos ejemplos, de entre los muchos que se podrían citar, guardan toda la cadena de ADN con los Gürtel, Púnica, Lezo, Brugal… La corrupción no es cosa individual, es algo colectivo: uno o una no se lo lleva si otros y otras no lo consienten.

En la locura desatada en estas semanas pasadas en el PP, parece que quienes ejercen y llevan a gala la “enfermedad” heredada de sus ancestros políticos le han dicho a Casado lo que él le dijo a Abascal: “hasta aquí hemos llegado”. Que Casado y su escudero, Teodoro “El Tosco”, hagan en ridículo ante las instituciones de la UE, no hay problema; que se peleen con Ayuso por ver en qué fecha les conviene más el congreso del PP en Madrid, vale; que en una huida hacia adelante convoquen elecciones anticipadas en territorios, comenzando por Castilla y León, pase. Pero que se persiga la corrupción, aunque sea por tacticismo, ¡Ah no, eso sí que no!

Nadie del PP se ha manifestado frente a la sede de la calle Génova por el caso “Kitchen”, en el que utilizando los medios y recursos del Ministerio de Interior se allanó el domicilio se Bércenas para eliminar pruebas de los sobres en efectivo, la contabilidad paralela y vaya usted a saber qué más de los años de Aznar y Rajoy. Esto, es sin duda alguna, mucho más grave que si Almeida, el alcalde de Madrid ha utilizado recursos y medios del Ayuntamiento para conseguir pruebas de las, presuntas, corruptelas de IDA.

Por tanto, no es por la forma por lo que se han cargado a Casado, es por haber señalado la corrupción. Esta corrupción congénita, heredada del franquismo, plantea que la solución no puede ser solo depurar a los corruptos sino la trama institucional en que se sustenta, y que coge de abajo arriba y de arriba abajo al Estado monárquico. Esto quiere decir REPÚBLICA.

Esto explica que el PP, junto a los otros formatos de la derecha: C´s y VOX, se haya erigido en defensor y máximo justificador de los “desmanes”, bonito eufemismo, del Rey Emérito.

Esto aclara, si es que no estaba claro, porque el PP dice tener contralada la sala 2ª del Tribunal Supremo, lo dice ellos, porque obstruye la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o porque impone a jueces como Enrique Arnaldo en el Tribunal Supremo.

Jefatura del Estado, poder judicial y un partido político manchados por la corrupción, el abuso de poder para enriquecerse, participación en tramas sucias… de ahí que solo reconozcan como legítimo al gobierno cuando ellos gobiernan: Ejecutivo, Judicial y legislativo (aunque solos sea en parte, cuando no tiene mayoría absoluta). Es la verdadera situación de la separación de poderes, en apariencia.

Esta descripción, que nos ha facilitado el Partido que fundó el ex ministro de Franco, el que se bañó en Palomares, no puede ocultar el papel de los partidos y organizaciones de la izquierda.

Las elecciones en Castilla y León, aunque parezca que se celebraron hace mucho, resulta que fue el 13 de este mismo mes de febrero.

Los resultados de estas elecciones anticipadas por el PP, por Casado y “El Tosco”, solo fueron buenas para la extrema derecha y para algún partido regionalista. El PP sacó 55.000 votos menos que en 2019, pero gracias al aumento de la abstención ha sacado más procuradores en cortes.

La izquierda, PSOE y UP, ha tenido muy mal resultado. Los datos no admiten excusas, solo el PSOE perdió 117.000 votos y UP ha sacado la mitad de votos que cuando IU y Podemos se presentaron por separado.

Además del trasvase de votos, hay un fenómeno central: el aumento de la abstención, pues a pesar de que todos los partidos se emplearon a fondo en la participación, se produce un rechazo general a estos partidos y a unas instituciones regionales que, en Castilla y León en particular, son vistas como un artificio para cuadrar el mapa.

Cada cual podrá achacarle la derrota a quién quiera y al factor que más le convenga: a la inoportunidad del ministro Garzón en sacar el debate de las macro granjas, a que los progresistas de la España vaciada se han cansado de que les aldeanicen los pueblos, o al mal tiempo porque ese día llovía.

Desde el Comité de Tribuna Socialista pensamos que el problema está en que el Gobierno de coalición decepciona a gran parte de la clase trabajadora de nuestro país. Lo ha hecho con la reforma laboral que, sin ser negativa, deja sin tocar muchos de los aspectos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012; justo los que afectan a la protección por despido de los trabajadores y trabajadoras. Lo hace con su timorata actitud ante la Iglesia. Lo hace con inacción ante el problema de exclusión financiera que ha generado la banca privada. Lo hace cuando no defiende con contundencia y vigor la Sanidad Pública: la atención primaria y la hospitalaria. Lo hace cuando las pensiones pierden un 4% de poder adquisitivo. Lo hace cuando, tras inyectar ingentes cantidades de dinero en empresas privadas, como en la banca o en la industria, no solo, consiente que se destruyan puestos de trabajo por miles: ya sea vía fusiones, ya sea vía deslocalizaciones. Lo hace cuando no deroga la “Ley Mordaza”. Etc.

A la derecha no se le para diciendo “que viene la derecha”, ya sabemos que viene. A la derecha se le para atendiendo las necesidades que reclama la mayoría social, se para a la derecha no tragando con todo lo que nos imponen las instituciones económicas internacionales: FMI, BCE y la Comisión Europea (¿se acuerdan de la Troyka?).

Si el Gobierno de Coalición y los partidos que apoyan la legislatura quieren parar a la derecha más extrema, deben tomar decisiones que den satisfacción a las justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, de los desempleados y desempleadas, de los y las pensionistas, de los y las autónomos, de los y las jóvenes que no ven presente ni futuro.

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Editorial

Ellos provocan la avería y después se ofrecen para la reparación

Hay que mirar la sociedad actual desde un punto de vista global y no local. Esta es una afirmación de la que muy pocos disienten. Del mismo modo, hay que ver los acontecimientos en su conjunto y no por separado.

El año 2021 ha terminado cargado de decisiones políticas y hechos económicos que están relacionados, sin embargo, se nos presentan como si fuesen independientes unos de otros. La reforma laboral no es un departamento estanco sin conexiones con la reforma de pensiones. De la misma manera que la “Ley Mordaza”, que impuso el Gobierno de Rajoy, no fue una decisión política ajena a la imposición de las reformas regresivas de aquel Gobierno: la laboral de 2012 y la de Pensiones de 2013.

Es cierto que la reforma laboral en curso (pues falta el trámite parlamentario), por sí sola, carece de gran calado, aunque se haya presentado como el descubrimiento de América. Es más lo que no se ha tocado que aquello en lo que se avanza: no se recuperan los 45 días por año trabajado en la indemnización por despido improcedente, ni el tope de 42 mensualidades; no se recuperan los salarios de tramitación; no se recupera la autorización administrativa para llevar a cabo un ERE; ni se derogan las causas del despido colectivo u objetivo, se mantiene por tanto la batería de facilidades que se otorgó a las empresas para despedir con 20 días por año trabajado…

Todos estos mecanismos de abaratamiento, tanto de la indemnización por despido como de los salarios mismos, se conectan con el Sistema público de Pensiones, pues la devaluación salarial que se produjo en nuestro país, tras la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, son una de las vías de “agua” que vacían la Caja de la Pensiones. Cuando organismos como el FMI instan a los gobiernos a llevar a cabo reformas y abaratar los despidos, son conscientes de que sus recetas en lo laboral son la base sobre las que argumentar que los sistemas públicos de pensiones son insostenibles; ellos generan la avería y se ofrecen para la reparación.

Otro eslabón que une lo laboral con las pensiones es el contrato de Formación. Las bonificaciones(1) a la contratación en este tipo de contrato son tan jugosas para las empresas como perjudiciales para el sistema público de pensiones: del 100% para las empresas con menos de 250 trabajadores y del 75% para la de más de 250 trabajadores. Además, en la reforma laboral de final de año, la edad de los trabajadores y trabajadoras que pueden ser contratados con esta modalidad se amplía de 25 a 29 años.

Del mismo modo que la reforma laboral se nos ha presentado la reforma de la Ley de la Seguridad Social con mucho foco y como un hecho aislado, se nos ofrece por “temporadas” como las teleseries: se ha cerrado el primer capítulo y estamos a la espera de conocer definitivamente los contenidos del segundo, el temido desenlace. Lo más dañino en la reciente reforma de las pensiones es la aparición del factor de revalorización vinculado al IPC medio; un cambio de método matemático que, con un IPC acumulado del 6,5%, garantiza una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de un 4%.

La inflación ha conseguido que tanto salarios como pensiones se devalúen: la media del incremento salarial, fijada en convenio, para 2021, ha sido del 1,47%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5,03%.

A este respecto del poder adquisitivo, y retomando nuestra visión global, podemos afirmar que el objetivo del capital en la crisis de 2008, provocada por ellos mismos, y en la crisis sanitaria producida por el COVID-19 tiene en común la devaluación de los salarios. En 2014, un informe de Caixabank titulaba(2): “Caen las rentas del trabajo y aumenta la desigualdad”. En el texto del informe añadían: “el peso de las rentas del capital exhibe una tendencia claramente al alza”. No tenemos por menos que agradecerles la sinceridad. Seis años después, a principios de 2020 y a las puertas de la pandemia, la sección de Economía de “elDiario.es” publicaba un artículo(3) de Marina Estévez, en el que entre otras cosas decía:

“La última revisión estadística de las series de Contabilidad Nacional por parte del INE, del pasado diciembre (2019), muestra que las rentas del trabajo y la remuneración de los asalariados han caído más de lo que se estimaba entre 1995 y 2018, y se están empezando a recuperar de mínimos históricos (2017). En paralelo, las del capital se han elevado. El motivo no es otro que el crecimiento de las rentas inmobiliarias, que se han cuadruplicado en ese periodo.”

A punto de cerrar la edición de este número 130 de Tribuna Socialista, ha visto la luz el último informe de OXFAM, “Las desigualdades matan”, en el que se actualizan datos que retratan al sistema económico hegemónico: “La riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa del COVID-19”.

La pérdida de poder adquisitivo en 2021 sumada a la pérdida salarial de más de un millón de trabajadores y trabajadoras que durante meses han sufrido un ERTE, nos permite afirmar que en el Estado español, en el bienio de pandemia, el peso de las rentas del trabajo ha continuado cayendo frente a las rentas del capital.

Esta visión de conjunto es lo que nos hace pensar que los partidos del Gobierno de coalición y los sindicatos que se sientan en las mesas de “Diálogo Social” están dando la espalda a la realidad que se vive y se percibe en la calle, sean más o menos conscientes de ello. Esta percepción es muy peligrosa, pues la decepción sumada al retroceso en las condiciones reales de vida: aumento de la pobreza, precarización, paro de larga duración cronificado… son el caldo de cultivo para el fortalecimiento del pensamiento de la extrema derecha. No podemos entender que, a estas alturas de la legislatura, no se haya derogado aún la “Ley Mordaza”, íntegramente. Legislación que da pie a las brutales actuaciones policiales vividas en Cádiz; durante y después de la huelga del metal del mes de noviembre.

Desde Tribuna Socialista, llamamos a que:

  • deroguen íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012.
  • el Gobierno encargue ya la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como se ha comprometido, y reintegre hasta el último céntimo del dinero de las pensiones que nunca debió ser utilizado más que para el pago de las pensiones.
  • en 2022 la media del incremento salarial no baje del 6,5%, con cláusula de revisión respecto al IPC acumulado de diciembre de este año.
  • Se revise la revalorización de las pensiones y se incrementen como mínimo en el 6,5%.

Si las políticas y acuerdos no suponen una solución verdadera a los problemas de la mayoría social, luego no busquen explicaciones pseudo científicas para entender los resultados electorales.

  1. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/BR_SS_GUIA_GENERAL_2020.pdf

Ver página 5 de la Guía de bonificaciones.

  1. https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/caen-rentas-del-trabajo-y-aumenta-desigualdad
  2. https://www.eldiario.es/economia/capital-espana-dispararse-ladrillo-calculado_1_1068480.html
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Editorial

Normalidad democrática, pero para quién.

El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.

Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.

Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.

De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.

La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.

Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.

Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.

No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:

  • Por ejemplo, en el componente 30. A (página 343 del documento) fomento de las pensiones privadas, se vende la quimera de facilitar que los trabajadores más precarios se beneficien de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Cómo, si el salario más habitual en España diese para ahorrar y/o invertir, a septiembre de este año 2021, se ha fijado por el INE en 1.125,8 €. Con ese salario se hace difícil vivir y pagar el alquiler o la hipoteca de una casa muy modesta. Dónde está el compromiso de que los planes de pensiones de empresa no serán a costa del trabajador, ni siquiera en parte, esto no consta en ningún apartado de los múltiples compromisos asumidos.
  • El componente 30 B (en la misma página) atenta contra las carreras largas de cotización y contra las cotizaciones más altas, cuando son las que más han aportado al sistema. Todo ello, partiendo del falso argumento de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; el Banco de España también sería insostenible si lo saqueasen. Recordemos el informe del Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 103.690 millones el pago de gastos impropios de las cotizaciones de los trabajadores, entre el periodo 1989 a 2013.

Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

  1. https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
  2. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/DESI_2021_Spain_es.pdf
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Editorial

REFORMA LABORAL & PENSIONES DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Casi diez años después de la brutal reforma laboral de 2012, seguimos escribiendo sobre la necesidad de derogar las reformas laborales y nos vemos enfrascados en la defensa del Sistema Público de Pensiones, dos temas de especial relevancia para la clase trabajadora.

La mayoría social, cada día más desprotegida, sufrirá cuando menos una nueva frustración tras la negativa del gobierno de coalición (PSOE-UP), de no llevar a término sus propuestas electorales y su pacto de gobierno.

La derogación de la reforma laboral comenzó siendo un compromiso, después se transformó en ese eufemismo denominado “los aspectos más lesivos” en referencia a: subcontratación, ultraactividad, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector. Aspectos algunos ya superados por vía de la negociación colectiva y/o judicial. Veremos qué sale de la mesa de negociación.

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

  • supresión de la autorización laboral administrativa en caso de despidos colectivos;
  • reducción de la indemnización del despido improcedente, pasando de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
  • potenciar los despidos por causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción con una indemnización de 20 días de salario;
  • avalar despidos por causas económicas no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres de bajada de facturación;
  • supresión de los salarios de tramitación,

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se les dio toda la flexibilidad a las empresas y se les quitó toda la seguridad a los trabajadores, desequilibrando las relaciones laborales. Por tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no son lesivos?

Leamos el siguiente párrafo del documento “Los daños de la reforma laboral de 2012 Datos de su impacto negativo sobre el empleo y los salarios”, publicado por el Servicio de estudios de la Confederación de UGT, el 15 de octubre de 2019:

“No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos”

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT que, al cierre del primer trimestre de 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma que el Sr. De Guindos decía que era “muy agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras no tuviesen empleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca vistas, para transformar más de 3 millones de puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el título “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, fechado en septiembre de 2013, entre otras cuestiones manifiesta:

“Esto ha supuesto una gran transformación del modelo de despido colectivo, tanto en lo referente al procedimiento, con la sustitución de la autorización administrativa por la decisión unilateral de la empresa, como en la reducción de la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas han de concurrir para que el despido colectivo pueda considerarse justificado, todo en relación con el objetivo asumido de facilitar a las empresas la realización de los despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindicales no pueden, ni deben, dejar de lado las lesiones que las reformas producen a los intereses de los trabajadores, lesiones que sus gabinetes de estudios reconocen, permitiendo la consolidación de los aspectos tan regresivos de las reformas laborales.

Otra de las grandes condiciones impuestas por la Comisión Europea es la reforma de las pensiones; según hemos conocido, cuando se ha hecho público el documento acordado por el Gobierno y Bruselas con relación a los compromisos acordados sobre los fondos europeos. Es en este momento cuando nos damos cuenta del alcance de las distintas declaraciones efectuadas por el ministro Escrivá.

El acuerdo con los agentes sociales, establece la revalorización de las pensiones con la inflación media del año anterior y la separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no habían sido asumidas todavía por el Estado las cuales han generado la deuda de manera consciente y fraudulenta a las cuentas del sistema público de pensiones.

No podemos obviar que la nueva regulación de la jubilación anticipada (tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad), la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una reducción de las condiciones, frente a las actuales. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo eufemismo, busca incrementar el Fondo de Reserva en 50.000 millones de euros en 10 años, por la vía de subir un 0,5% las cotizaciones de las empresas y un 0,1% las de los trabajadores.

Para valorar el acuerdo firmado, tenemos que recordar que, desde 1982, las cotizaciones de las empresas han sido rebajadas en un 3,68%, al pasar del 27,28% que cotizaba la empresa al 23,60 que cotizan hoy. Por tanto, el incremento de un 0,5% sigue dejando la reducción que las empresas han obtenido en un 3,18%.

Según estableció CCOO, cada 2% menos de cotización significan 7.000 millones menos de ingreso a la Seguridad Social. Por tanto, el 3,18% suponen 11.130 millones de euros cada año de menos ingreso para la Seguridad Social. Si el ministro Escrivá, y el Gobierno, exigiesen a los empresarios el esfuerzo de cotizar lo que cotizaban en 1982, la recaudación en diez años se elevaría a 111.300 millones de euros, más del doble que con la medida acordada con UGT y CCOO.

Otras magnitudes que dejan en una cantidad menor los objetivos del acuerdo es la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social, por las cuantías pagadas con los fondos de las pensiones de manera indebida. El Tesoro Público lo tasa en 103.000 millones de euros (tomando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el valor del dinero). La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba a estimar esa deuda en 500.000 millones de euros. Es muy importante que el Gobierno haya aceptado encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como reivindicamos miles de trabajadores, pensionista, jóvenes… los pasados día 16 de octubre y el 13 de noviembre en las calles, para reponer las cantidades que correspondía pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un sistema que no es deficitario, a condición de que dejen de sangrarlo.

La recuperación de los derechos perdidos por la clase trabajadora ha de pasar por la movilización de las trabajadoras y trabajadoras, pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las direcciones de las organizaciones sindicales de clase deberán decidir si continúan siendo parte de las decisiones de recorte de las Pensiones, haciéndolas más vulnerables a la deseada privatización que ansían la banca, las aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen a la cabeza de la defensa del Sistema Público de Pensiones y de una verdadera derogación de las reformas laborales.

Destacado

Editorial

¿Resurge la socialdemocracia europea?

Dicen que estamos ante el resurgir de la socialdemocracia ¿es esto cierto o es un espejismo? 

El SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), ha crecido en votos y escaños. Ha pasado del 20,5% de 2017 al 25,7% en las elecciones del 26 de septiembre. Resulta excesivo hablar de resuirgimiento si recordamos el 45,8% que octuvo en 1972 o el 40,9% de 1998. Sin duda, el SPD en Alemania, como el PSOE en España, continúa siendo el partido de referencia para la mayoría de la clase trabajadora.

La coalición conservadora CDU/CSU, acumula su segunda caída consecutiva: obtuvieron un 41,5% de los votos en 2013, cayeron al 33% en 2017 y cae al 24,1% en estas últimas elecciones. Más que de resurgir socialdemócrata habría que hablar de una alternancia en el gobierno.

El Partido Socialista de Portugal, en las elecciones municipales del 26 de septiembre, perdió un 5% de apoyo respecto a las municipales de 2017, siendo derrotado en Lisboa y en grandes ciudades como Coimbra o Funchal.

El caso del partido Laborista Noruego es similar. Tras las elecciones celebradas el día 13 de septiembre gobernará en minoría, con el apoyo del Partido centrista, a pesar de haber perdido 1,1 puntos, pasando del 27,4% de los votos que obtuvo en las elecciones de 2017, al 26,3% obtenido el mes pasado.

El Partido Democrático italiano, en las municipales del 18 de este mismo mes, ha obtenido unos buenos resultados: ha ganado alcaldías como la de Roma o Turín. Pero no se puede perder de vista que la abstención se ha disparado al 56% del censo electoral.

Celebramos los avances de estos partidos socialdemócratas y de centro izquierda, pero afirmamos que la situación de la socialdemocracia en su conjunto, no permite alharacas.

El 15, 16 y 17 de este mes se ha celebrado el 40 Congreso Federal del PSOE. Se ha dedicado tan solo una hora, a debatir el periodo 2017-2019, en el que se han producido dos elecciones generales y las autonómicas de Madrid. Como muy acertadamente ha dicho Cándido Méndez en un artículo publicado por la Cadena SER el sábado 16: “Los temas para debatir son muy interesantes, pero no hay ninguna de ellas (mesas de debate) que analice en profundidad el futuro del trabajo, en el marco de la doble transformación verde digital”. El Congreso de un Partido democrático es donde se supone que se fraguan las líneas maestras de la acción política de cara a los próximos cuatro años; líneas que deberían ser el programa electoral con el que el Partido acuda a las elecciones generales que, si no se adelantan, se celebrarán en otoño de 2023.

Paralelamente al desarrollo del Congreso, el sábado 16 de octubre, llegadas de todos los puntos del país, se manifestaban en Madrid más de 20.000 personas en defensa del Sistema Público de Pensiones y en demanda de una auditoria pública a las cuentas a la Seguridad Social. El congreso hubiese sido un buen lugar para dar una respuesta pública y satisfactoria para esa justa demanda. ¿Por qué no se ha hecho?

Otro ejemplo que muestra el “divorcio” de las grandes organizaciones con las masas, es la cuestión de la Monarquía y lo acaecido en el Congreso a ese respecto. Este mismo mes de octubre, la Plataforma de Medios Independientes (PMI) hacía pública una encuesta: el 53% “ve la Monarquía como una institución de otro tiempo”, un 43,8% considera necesario un referéndum sobre la forma de Estado y la mayoría se decanta por la República con un 39,4% frente al 31% que prefiere la monarquía. Sin embargo, el congreso no solo no ha no ha tratado esa opinión de la población, ¿por qué no se tienen en cuenta esas preferencias que emanan del pueblo y que corresponden a nuestra mejor tradición republicana? Por contra, se han puesto impedimentos para que se debatan las enmiendas sobre República, como la presentada por Izquierda Socialista. Apareciendo ante nuestros votantes como un partido más de los que encubren al rey corrupto.

A mitad de mandato, aseveramos que hay luces y sombras de cara a las próximas elecciones generales. No invertiremos tiempo en aplaudir las luces, como: la derogación del Artº. 315.3 del Código Penal, los avances sociales como la de Memoria Democrática o la de Eutanasia; si bien queda mucho por hacer.

A pesar del anuncio mediático del discurso de cierre de Pedro Sánchez, no nos queda más remedio que criticar al Gobierno, por no haber derogado aún las reformas laborales: la primera abrió las puertas a la brutalidad de la segunda. Continúan vigentes los cambios de 2010, como: la posibilidad de descuelgue del convenio por parte patronal; el abaratamiento de la indemnización por despido improcedente al pasar de 45 a 33 días por año; o la calificación de los despidos objetivos, con 20 días de indemnización. Por supuesto fue la reforma de 2012, impuesta por el gobierno de Rajoy, la que provocó una enorme destrucción de empleo con derechos, devaluó los salarios e incrementó la temporalidad, con elementos como: la subordinación del convenio sectorial al de empresa, la eliminación del principio de ultraactividad o las facilidades dadas a las empresas para implementar Expedientes de Regulación de Empleo.

La clase trabajadora, con sus organizaciones a la cabeza, respondió con tres huelgas generales (1 en 2010 y 2 en 2012). Nueve años han pasado desde la última huelga general y las reformas siguen intactas, a excepción del Artº. 52 d) que permitía despedir a los trabajadores por caer enfermos, derogado en febrero de 2020.

Otra sombra importante del Gobierno actual (PSOE y UP) es la reforma de pensiones que está en marcha, por la que se pretende penalizar a los trabajadores y trabajadoras con largas carreras de cotización y a las cotizaciones más altas.

De estas cuestiones que afectan a millones de ciudadanos, no tenemos ni una solo noticia en las resoluciones del Congreso. No somos ingenuos; tanto la materia laboral, así como de pensiones, están entre los “compromisos” adquiridos con las instituciones europeas a cambio de los “Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Es decir, el daño que las reformas laborales infringen a los trabajadores en activo, a los jóvenes trabajadores… y la devaluación del Sistema Público de Pensiones, es moneda de cambio para unas inversiones de las que, previsiblemente y como siempre, se beneficiarán las grandes corporaciones empresariales.

No nos vengan con que repercutirá positivamente en los trabajadores, pues ni la digitalización ni la transformación que promete la “economía verde” garantizan el empleo ni la recuperación. Es precisamente a nombre de la digitalización que se ha “justificado” la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo; un ejemplo de ello son el sector financiero, el de las artes gráficas…

Respecto al eufemismo de la “Economía Verde”, ya se está generando destrucción de empleo; no tanto por el cambio del producto final como por la deslocalización de las fábricas: ejemplo de ello es NISSAN o las cuencas mineras tras la descarbonización.

¿Resurge la socialdemocracia?, nos gustaría poder celebrar el verdadero resurgir de políticas que defiendan los derechos de la mayoría social: el empleo de calidad y con derechos, la salud y la educación públicas, la robustez de los sistemas públicos de pensiones, es decir, la defensa del Estado de Bienestar.

La mayoría social: los trabajadores y trabajadoras, los y las jóvenes trabajadores y estudiantes, los y las pensionistas, los autónomos, los desempleados y desempleadas son los votantes que después se echan de menos en elecciones. Quizá, porque no ven soluciones a sus problemas en los partidos de izquierda o porque se han visto defraudados una y otra vez. Buen ejemplo de esto es la situación de la socialdemocracia en Madrid.

Comité de Redacción

La farsa de Trump: ni acuerdo, ni paz, ni alto el fuego

El pasado sábado 29 de noviembre, aniversario de la Resolución 181 de la ONU que dividió Palestina a cuenta del imperialismo, volvieron a movilizarse las organizaciones palestinas en más de 40 ciudades de todo el Estado español.

La movilización en solidaridad con la lucha y la resistencia palestina, por los derechos humanos, por la paz, unió a colectivos palestinos, partidos de izquierda, estudiantes, pensionistas y organizaciones sindicales que salieron a las calles de pueblos y ciudades exigiendo un alto el fuego definitivo en Gaza y Cisjordania, y a nuestro Gobierno, el embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones económicas y políticas que el Estado español mantiene con el Estado criminal y genocida de Israel.

La estrategia de Trump y Netanyahu de intentar quitar del foco mediático el genocidio que están perpetrando en Gaza mediante la publicación de un falso acuerdo de paz no ha sido suficiente para desmovilizar a la ciudadanía que no se ha dejado engañar. Madrid, Barcelona, y hasta cuarenta localidades, han respondido de manera clara y masiva a la farsa, dejando claro que la lucha por la libertad y el derecho a decidir del pueblo palestino sigue estando en el centro de las reivindicaciones de la clase trabajadora.

Mientras muchos militantes de partidos y sindicatos participan masivamente en las movilizaciones, los partidos que se reclaman de la izquierda deberían participar de manera organizada con consignas claras. Es lo que ellos esperan de las organizaciones sindicales confederales de las Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), que tras la pasada convocatoria para la jornada de lucha y huelga del pasado 15 de octubre, parecía que iban a continuar participando, y no ha sido así .

Pese a todo, la base militante política y sindical continúa saliendo a las calles dando ejemplo de lucha a todas las organizaciones de izquierda, reivindicando con su solidaridad un derecho tan legítimo como es la libertad de decidir del pueblo palestino.

La mayoría social quiere una paz justa para Palestina, sin falsos pactos, y así se ha reflejado en las calles de todo el Estado español y de muchos otros países en la Jornada Internacional por Palestina en el 78º aniversario de la partición. Porque la lucha es el único camino, debemos continuar con la lucha y las movilizaciones si queremos una Palestina libre desde el rio hasta el mar.

J. FER
Miembro del comite por la alianza de trabajadores y pueblos (CATP)

Reconectar con la mayoría social: una llamada a la militancia socialista

De izquierda a derecha: representantes de VOX, ERC, la periodista, y PSC.

Hace unos días, con ocasión de la aprobación de los presupuestos municipales del Vendrell, asistí a un debate en la televisión pública del Vendrell, con represenantes de VOX y ERC.

El debate en sí carece de interés para el objetivo de este artículo. Se pueden imaginar: en mi calidad de concejal de hacienda defendí la acción del gobierno municipal y las bonanzas de un presupuesto con impuestos congelados, con excepción del impuesto a los fondos buitre que especulan con la vivienda, y con un buen número de inversiones transformadoras en marcha, mientras VOX y ERC me atacaban con su demagogia.

Tras el debate, un asesor de VOX que estaba detrás de las cámaras me reconocía que su «caladero» electoral más importante son los barrios obreros, donde pregonar que la falta de empleo, el incivismo y la delincuencia es culpa de los inmigranes es fácil.

También les resulta fácil pregonar lo malos que somos los socialistas que damos ayudas sociales a los musulmanes, lo malos que somos los socialistas que bonificamos coches eléctricos y placas solares que solo pueden comprar la gente con más renta, y que solo nos encargamos de favorecer políticas a favor de los gays, los transexuales y las lesbianas. Ante tal hecatombe, ellos proponen la deportación masiva de inmigrantes (incluso los hijos que ya han nacido aqui),y quitar todos los impuestos para que la gente tenga el dinerito en sus bolsillos.

Todos esos argumentos demagógicos son fáciles de desmontar, pero lo que más me llamó la atención es que se pasan el día en la calle, yendo cada día a los institutos a hacer proselitismo de sus ideas, que poco a poco, van calando entre la juventud y las capas sociales más desfavorecidas.

Es claro que la demagogia de VOX se combate con políticas de izquierdas. En la editorial de este número de TS se hace alusión a la ilusión que despierta en EEUU, propuestas encaminadas a abaratar el precio de los alimentos, la sanidad, la vivienda… los verdaderos problemas de la mayoría de la sociedad.

La política española vive una paradoja inquietante: mientras la ultraderecha avanza con un discurso emocional, sencillo y omnipresente en los barrios obreros, el socialismo —históricamente la voz natural de esa mayoría trabajadora— parece haber perdido presencia, oído y pulso territorial.

En toda Europa y en EEUU se ha observado el fenómeno de una parte creciente de la clase trabajadora que ha virado hacia formaciones populistas de derecha, en un contexto de precariedad económica, transformaciones sociales y crisis de representación. España no es una excepción.

La lucha contra el cambio climático y por la igualdad no son suficientes para articular un discurso aglutinador e ilusionate para el proletariado, sobre todo cuando, en vez de ayudar, agravan los problemas de éste. Por ejemplo, las «zonas de bajas emisiones» que limitan el acceso a las ciudades a miles de trabajadores sin tener una red de transporte público alternativo; o por ejemplo, las nuevas políticas de gestión de los residuos, impulsadas desde Europa, y que encarecen la tasa de basura. No digo que no sean necesarias estas políticas, sino que no son suficientes si no existen políticas públicas que tengan efectos tangibles y reales en las vidas de las personas.

La insuficiencia de las propuestas que den respuesta a las necesidades de la mayoría, es terreno abonado para la rebeldía retrógrada de la ultraderecha. «Libertad» reclaman, igual que Ayuso en Madrid, o Milei en Argentina. «Fuera impuestos» prometen. «Fuera servicios públicos» que son «chiringuitos» para los políticos que viven del cuento mientras los trabajadores y jóvenes no llegan a fin de mes.

No es casualidad que Vox haya desplegado una estrategia meticulosa de proselitismo emocional: presencia constante en redes, en institutos y en barrios obreros, ni que utilicen una retórica de “hablar claro”, visitas a barrios vulnerables, y una narrativa de agravio que ofrece explicaciones fáciles a problemas complejos. Es propaganda, sí. Pero funciona. Y funciona porque dan respuestas (falsas y engañosas, pero respuesta) a las preocupaciones de la mayoría social más vulnerable.

Mientras tanto, demasiadas agrupaciones socialistas se han replegado a dinámicas internas, lejos del mercado, del casal, de la asociación de vecinos, del bar de siempre o del campo de fútbol del domingo. Hemos dejado de hacer política donde importa: en la calle, con la gente y para la gente. Y eso, para un partido que nació para transformar la vida de la mayoría social, es inadmisible.

La militancia socialista tiene un papel que ninguna estructura institucional puede sustituir: captar el pulso real de la ciudadanía, sin filtros ni gabinetes. Las preocupaciones son claras: empleo y salarios precarios, vivienda inaccesible, inseguridad cotidiana, soledad no deseada, barrios degradados, coste de los alimentos … La gente … nuestra gente, la clase trabajadora, no quiere discursos épicos: quiere soluciones alcanzables.

El socialismo siempre fue fuerte cuando escuchó primero y habló después. Cuando conectó la lucha por la igualdad con la mejora concreta de la vida diaria. Cuando no temió debatir cara a cara con quien piensa diferente. Cuando las agrupaciones eran escuelas de política y motores de comunidad. El futuro no se construye desde la comodidad; se construye desde el debate valiente y el territorio vivo.

Cuando los socialistas somos militantes activos, y recuperamos la vida de las agrupaciones, pegadas a los problemas reales de nuestros conciudadanos, no hay quien nos pare. No hay algoritmos ni bulos que sustituyan una conversación honesta en un rellano o en una plaza.

Nuestra actividad política es la de estar en los barrios con propuestas claras: empleo estable, salarios dignos, seguridad vecinal, vivienda asequible, servicios públicos de calidad.

Nuestro lenguaje y presencia en redes debe ser claro, directo y humano, y no recargado de mensajes institucionales que no llegan al corazón de la gente.

Vienen tiempos difíciles en los que los mensajes de individualismo y cargar contra lo público, contra la igualdad, contra la justicia social y contra la democracia… van calando… porque vamos dejando que calen.

Insisto: la demagogia se combate con pedagogía trabajo y esfuerzo; y a la ultraderecha se la vence con políticas de izquieda. El resto no vale para nada. La gente no es ni ignorante ni se vuelve facha, a la gente hay que escucharla y hacerles propuestas para mejorar nuestras vidas de forma colectiva.

La ultraderecha no está ganando porque tenga mejores soluciones, porque no las tienen. Su solución es la de excluir a otros y desinformar. Diversos estudios muestran que las fuerzas de extrema derecha explotan (y promueven) de manera sistemática la desinformación y los marcos emocionales simplificados para ganar apoyo, especialmente en contextos de malestar económico y desconfianza hacia las instituciones. No es que su electorado sea “más ignorante”, sino que se mueve en entornos informativos más polarizados, donde los bulos y los mensajes de odio circulan con mayor intensidad y menor contraste con datos verificables.

Nuestro reto como socialistas no es llamar ignorante o «facha» a nadie, sino disputar el sentido común: llevar datos, propuestas y presencia a los mismos espacios donde hoy solo se escucha ruido, discursos de odio y miedo.

Ese terreno lo podemos recuperar. Pero exige militancia activa, debates incómodos, calle, calle y más calle, y propuestas que mejoren de verdad la vida de la mayoría social.

Una invitación a la militancia

Compañeras y compañeros: es hora de desentumecer el músculo político. Ni nostalgia ni resignación. Acción. Debate. Escucha. Propuesta. Trabajo.

El socialismo no se defiende solo desde los despachos o las tribunas parlamentarias; se construye caminando junto a la gente, poniéndose en la cabecera de las reivindicaciones y no adoptando actitudes defensivas de la labor de las instituciones.

Si la extrema derecha, y los populismos venden humo con discursos rancios, odio y bulos, los socialistas tenemos la obligación de ventilar bien y recuperar el pulso de la vida activa de las agrupaciones y de nuestras calles y barrios.

Baltasar Santos
1er Sec PSC del Vendrell

El “Trumpantojo”

Dice la RAE de trampantojo: “Trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es”. Desde su reelección Donald Trump adopta y promueve políticas que se ajustan como un guante a esta definición. Nos hace ver que defiende al pueblo estadounidense cuando en realidad lo que está defendiendo son negocios propios y de sus allegados. Si no fuera terrible resultaría cómico verle sentado en la Casa Blanca, haciendo carantoñas en perfecta sintonía con el príncipe de Arabia Saudí, al que califica de defensor de los derechos humanos, y que hasta ayer era acusado mundialmente del asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi.

Los ejemplos son numerosos: Gaza y Ucrania, Colombia, Brasil, etc. Ahora le toca a Venezuela. Desde primeros de septiembre ha iniciado una cruzada contra las drogas, lanzando amenazas sin tino, acusando sin pruebas y asesinando extrajudicialmente a decenas de tripulantes de embarcaciones en aguas caribeñas, enviando miles de soldados y barcos de guerra, sobrevolando las fronteras venezolanas en una continua presión sobre el país. La justificación es la defensa de los estadounidenses ante la oleada de narcotraficantes que vienen de la zona inundando de drogas EEUU siguiendo las ordenes de una organización fantasma llamada “Cártel de los Soles”, integrada por los mandos del Ejercito venezolano y dirigida por el presidente Nicolás Maduro, al que califica directamente de terrorista.

Es sabido que Venezuela posee las mayores reservas petrolíferas conocidas del mundo. En 2007 el entonces presidente Hugo Chávez asumió el control de estas reservas en un proceso de nacionalización que transformó los convenios de asociación con las compañías petroleras, que venían extrayendo y explotándolas históricamente y que vieron confiscados sus activos, creando compañías mixtas con participación mayoritaria del Estado venezolano.

En el desarrollo imperialista no cabe la soberanía de los pueblos, y naturalmente desde entonces Venezuela ha sido colocada en el ojo del huracán por EEUU y por los países europeos, que han señalado al régimen venezolano y a sus dirigentes como tiranos dictadores. Desde que Chávez tomó el poder en 1999 los países imperialistas han denunciado todos los procesos electorales apoyando a toda una serie de dirigentes fascistas disfrazados de demócratas. En una gran farsa no han tenido pudor para apoyar como presidentes alternativos a personajes autoproclamados en una plaza de Caracas o recientemente otorgando el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una señora que se dedica a conspirar permanentemente contra el régimen y el pueblo venezolano.

Trump no trata otra cosa que laminar el derecho de un pueblo a vivir soberanamente, como viene haciendo con Cuba, Brasil o Colombia, a los que considera su patio trasero. El problema es que Maduro y los dirigentes del régimen venezolano no se apoyan en su pueblo. Según New York Times la compañía petrolera estadounidense Chevron Corporation, una de las mayores del mundo, mantiene una posición privilegiada en la extracción de petroleo, gas y minerales en Venezuela. En los últimos meses y por presiones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio las licencias de Chevron para actuar en Venezuela fueron canceladas, lo que ha provocó una caída radical de las exportaciones, sin embargo se dio una nueva licencia cuyos detalles son confidenciales, mientras que Maduro, en un esfuerzo desesperado, ofrecía concesiones petroleras a Trump dándole una posición dominante, y planteando la posibilidad de abrir los proyectos petroleros y de oro existentes y futuros a empresas estadounidenses, que recibirían contratos preferentes. Además añadió que reorientaría las exportaciones que ahora se dirigen a China y limitaría los contratos mineros con empresas chinas, iraníes y rusas.

Todo este tema, según NYT “fascina a Trump, como le fascinó cuando instó a la toma de los yacimientos petroleros de Siria, cuyas reservas son una fracción muy pequeña de las de Venezuela”. Chevron contrató a un importante recaudador de fondos para Trump, como representante, para influir en las decisiones de funcionarios y legisladores venezolanos. El “trumpatojo” está servido.

Mientras Trump y Maduro anuncian que hablan por teléfono, las aerolíneas europeas y estadounidenses dejan de volar a Venezuela participando del bloqueo y amenaza que Trump cierne sobre el pueblo venezolano: “A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas, consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad”. Una nueva amenaza de guerra y un paso más en el escalada para arrebatar su soberanía al pueblo venezolano.

Enrique Dargallo

Las universidades públicas madrileñas ante la encrucijada de una infrafinanciación crónica

Por Miguel Albalá
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

El 26 y 27 de noviembre de 2025, las seis universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, UPM, UC3M, URJC y UAH) fueron a la huelga. No fue un gesto simbólico ni una simple “batalla cultural” sino la respuesta del estudiantado, PDI y PTGAS a una política sostenida de infrafinanciación y mercantilización que pone en riesgo la supervivencia de la universidad pública en Madrid.

Desde hace más de una década los campus madrileños sobreviven entre precariedad, sobrecarga y deterioro, aunque no todos los actores analizan igual la situación. Parte del PDI y del estudiantado cuestiona la necesidad del paro, alegando que los problemas son estructurales en todo el país y que las movilizaciones deberían ser estatales. Reclaman una hoja de ruta nacional que garantice: por un lado, la igualdad de oportunidades en un sistema con cada vez menos plazas en sus titulaciones pese a la creciente demanda; y por otro lado, que recupere el papel de la universidad como ascensor social, responsabilidad que atribuyen al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (aunque las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas).

Sin embargo, el caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mayor del país, simboliza la asfixia financiera específica de la región. En octubre la UCM reconoció públicamente que su crisis deriva de una infrafinanciación continuada desde 2008 (compartida con el resto de universidades públicas madrileñas) y reclamó un modelo de financiación adecuado. La universidad ha tenido que verse sometida al endeudamiento con la propia Comunidad de Madrid mediante un préstamo de 34,5 millones (con 4,4 de estos en intereses), viéndose obligada a mantener hasta 2028 una retención del 35 % del gasto de facultades. Este patrón reproduce el seguido por el gobierno autonómico en otros servicios públicos: debilitarlos e infrafinanciarlos hasta su deterioro y desprestigio, para luego promover la colaboración público-privada como única alternativa.

La infrafinanciación no siempre es visible para toda la comunidad universitaria en lo inmediato, pues a menudo se camufla con el esfuerzo del personal y el propio estudiantado de las facultades. Pero sus efectos son claros: menos plazas en grados y posgrados, grupos masificados, peores condiciones docentes, infraestructuras deterioradas, descenso de becas y apoyos, y una calidad educativa sostenida a base de malabarismos que suelen terminar frustrados. En definitiva todo ello supone una ruptura con la igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad formativa a través de la universidad pública.

Ante esto, la Coordinadora de Plataformas en defensa de la Universidad Pública convocó la huelga para toda la comunidad universitaria. Sus motivos principales son:

  • La Comunidad de Madrid destina menos del 0,5 % del PIB a sus universidades, pese al objetivo del 1 % fijado en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario).
  • Presenta como grandes logros incrementos en el presupuesto del 3,8 % en 2025 (42 millones adicionales frente a los 200 millones que reclaman los rectores) y del 6,5 % en 2026 (75,3 millones), insuficientes para revertir la congelación (y recortes a efectos prácticos) desde 2008.
  • Es la región más rica del Estado, pero la que menos invierte por estudiante.
  • Impulsa una nueva ley universitaria (LESUC) que refuerza la lógica empresarial, limita la autonomía universitaria, endurece el régimen disciplinario y abre la puerta a nuevas formas de privatización y restricciones a la protesta.

Las plataformas reclaman: 1) Financiación estable y suficiente para cubrir costes reales y revertir recortes; 2) Retirada o modificación profunda de la LESUC por su impacto en la autonomía, la libertad de expresión y las condiciones laborales; y 3) Un plan contra la precariedad y la temporalidad que afecta al PDI joven, becarios, investigadores y personal subcontratado.

La convocatoria que contó con el respaldo de los principales sindicatos (CCOO, UGT, STUM, CNT, CGT, Sindicato de Estudiantes, entre otros) fue un éxito: alcanzando un seguimiento medio del 72% en el paro y la huelga (según CCOO), así como una asistencia de 55.000 manifestantes (según las plataformas organizadoras).

La muerte de Franco: cuatro meses de vértigo

En el verano de 1975 se estaban instruyendo y llevando a cabo consejos de guerra sumarísimos contra militantes antifranquistas (FRAP y ETA) acusados de terrorismo y rebelión militar, que culminaron en once condenas a muerte.

En aquellos días yo era un joven oficial del cuerpo de ingenieros de la Armada, con cinco hijos en edades comprendidas entre los seis años y un año, y mi esposa encinta de nuestro sexto hijo.

Los cuatro meses de vértigo que transcurrieron hasta la muerte de Franco los vivimos intensamente, pues nuestro compromiso democrático nos situaba de hecho en el ojo del huracán.

Me encontraba destinado en Madrid, en un centro cívico-militar de investigación y desarrollo tecnológico, perteneciente a la Marina -y de profesor en la ETSIAN- situados ambos centros en la calle de Arturo Soria, próximos al Pinar de Chamartín.

Cuando me disponía a iniciar mi permiso reglamentario, en el verano del 75, una noticia saltó a la prensa: nueve oficiales del ejército habían sido detenidos. Se trataba de nuestro comandante, Luis Otero -fundador junto a Juli Busquets de la clandestina Unión Militar Democrática (UMD)-, y de ocho compañeros más, entre los que se encontraban los capitanes Xosé Fortes y Fernando Reinlein. En la madrugada del 29 de julio fueron detenidos en sus domicilios.

Acusados de conspiración para la rebelión militar, fueron juzgados pocos meses después en consejos de guerra. Estos juicios militares se celebraron con serias irregularidades procesales y sin derecho efectivo a la defensa. La mayoría fueron condenados a largos años de prisión y expulsados del ejército.

En aquellos años el país se encontraba inmerso en una profunda crisis política, social e internacional. El dictador, enfermo y cada vez más incapacitado, seguía siendo formalmente el jefe del Estado, con el auxilio de Juan Carlos de Borbón, que lo había sustituido en sus funciones desde el 19 de julio hasta el 2 de septiembre de 1974, y, un año después, desde el 30 de octubre al 20 de noviembre de 1975.

El aparato de la dictadura, impuesta desde 1939, se mantenía activo en la represión criminal y en la defensa del Estado fascista. Franco, ya moribundo, firmó sus últimas penas de muerte.

El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados cinco jóvenes antifranquistas: José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), yJuan Paredes Manot (“Txiki”) y Ángel Otaegui Etxeberria, militantes de ETA político-militar.

Los consejos de guerra, que condenaron a muerte a los once jóvenes resistentes, fueron celebrados con graves irregularidades procesales, sin garantías jurídicas ni derecho efectivo a la defensa. La presión popular forzó el indulto de seis de ellos, pero los otros cinco fueron asesinados. Fue uno de los hechos más trágicos y simbólicos del final de la dictadura.

Las condenas a muerte de estos jóvenes antifranquistas provocaron una ola de indignación nacional e internacional sin precedentes contra la dictadura. En Euskadi, que se encontraba en estado de excepción, se decretó una huelga general, que fue seguida mayoritariamente.

Numerosos gobiernos y organizaciones de derechos humanos condenaron las penas de muerte. En Europa se produjeron manifestaciones masivas: en París, Roma, Londres, Bruselas y Estocolmo, miles de personas salieron a las calles para protestar. Algunos países, como Suecia, Noruega y los Países Bajos, retiraron temporalmente a sus embajadores de Madrid. En Roma, manifestantes asaltaron la embajada española, y en varias capitales se realizaron actos simbólicos de duelo por las víctimas. En Lisboa la embajada española fue asaltada e incendiada. El Papa Pablo VI había pedido clemencia, al igual que numerosos líderes internacionales, pero el régimen desoyó todos los llamamientos.

El 1 de octubre de 1975 un Franco tembloroso daba su último discurso en la Plaza de Oriente de Madrid, flanqueado por Juan Carlos de Borbón y una muchedumbre enardecida que reclamaba mano dura.

El 13 de octubre de ese mismo año, José Ignacio Domínguez, capitán de aviación, piloto de reactores y dirigente de la UMD, que se encontraba en el extranjero y por ello logró esquivar las detenciones de la madrugada del 29 de julio, daba una memorable rueda de prensa en París. Dos años más tarde, a su regreso a España, era también juzgado en consejo de guerra, condenado y expulsado del ejército.

Ninguno de nuestros compañeros de la UMD, ya excarcelados, pudo beneficiarse entonces de la ley de Amnistía de 1977, mientras que, por el contrario, sí se amnistiaron delitos de sangre; en particular, cientos de miles de crímenes del franquismo, que aquella infame ley de “punto final” impidió que fuesen juzgados, quedando impunes.

En el interior de España, el clima era de represión y miedo, pero también de creciente movilización obrera, estudiantil y vecinal. Las huelgas y protestas se multiplicaban, y la oposición -clandestina pero activa- comenzaba a coordinarse en torno a la idea de una ruptura democrática. El propio régimen mostraba signos de descomposición, dividido entre los llamados “aperturistas”y los“inmovilistas”, que pretendían perpetuar la dictadura.

El 2 de noviembre Juan Carlos de Borbón, en viaje sorpresa, visitaba las tropas españolas en El Aaiún (Sahara), dirigiéndose a los militares: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres” y “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”.

El estatus jurídico del Sahara español en aquellas fechas era de provincia española (la número 53), sin representación política plena en las Cortes franquistas. Los saharauis tenían nacionalidad española reconocida, pero con limitaciones de derechos políticos y civiles.

El 6 de noviembre se inicia la invasión marroquí del Sahara español, conocida como la Marcha Verde. El entonces jefe de la dictadura en funciones cedió ilegalmente el Sahara español al Reino de Marruecos, en un intento desesperado por afianzar su acceso al trono y la reinstauración impostora de la monarquía borbónica, dejando abandonado a su suerte al pueblo saharaui. Documentos secretos de la CIA, ya desclasificados, prueban que aquellos hechos de Juan Carlos de Borbón podrían haber constituido presuntos delitos de alta traición. En aquellos funestos días, nuestro querido compañero, el capitán Bernardo Vidal, miembro de la UMD, ayudó a escapar a muchos dirigentes saharauis.

El estatus actual del antiguo Sahara español sigue siendo ambivalente, pues, diplomáticamente, hay un giro hacia la aceptación del plan de autonomía propuesto por el Reino de Marruecos como base de negociación; mientras que legalmente, desde la perspectiva de la ONU, sigue considerándose una cuestión de descolonización con derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

El 20 de noviembre de 1975, Franco murió tras una larga agonía médica retransmitida por los medios oficiales. El presidente del gobierno Arias Navarro, con aspecto lúgubre y compungido, abrió un informativo especial de televisión española con las palabras: “¡Españoles, Franco ha muerto!”.

Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre, Juan Carlos de Borbón jura ante las Cortes franquistas lo principios del Estado fascista -basados en el totalitarismo, el nacionalismo extremo y el culto al líder– siendo proclamado Rey de España.

La muerte de Franco marcó el principio del fin de cuarenta años de dictadura y abrió el camino, lleno de incertidumbres, hacia la Transición democrática. Sin embargo, los fusilamientos de septiembre quedaron grabados en la memoria colectiva como el último acto oficial de la dictadura que ponía en evidencia la extrema brutalidad del franquismo y también como un recordatorio del alto precio que costó la libertad en España.

Este periodo, comprendido entre el verano y finales de diciembre de 1975, constituye por tanto un episodio esencial de la memoria democrática: el cierre violento de una dictadura genocida y el preludio de una nueva etapa política, nacida entre el dolor, la resistencia a la dictadura y la esperanza de unos pueblos que aspiraban a recuperar la libertad.

Aún quedaban por delante tres años de luchas populares y de sufrimiento. Finalmente, la Constitución fue consensuada entre los partidos políticos en 1978, y, pese a ser monárquica y contener artículos dictados manu militari –como el de la inviolabilidad del Rey- abría una nueva época en la Historia de España, aún sin cerrar.

Manuel Ruiz Robles

La IA, artificial pero poco inteligente

La primera dificultad de los mayores de 45 años (media de edad de la población española) pudiera ser entender de que diablos hablamos cuando oímos o leemos el término ese de Inteligencia Artificial.
Empeñado con entenderlo a mis 63 años he visto que casi todas las multinacionales tecnológicas, que son las que pintan algo en este asunto coinciden en algo parecido a esto:
« La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y tecnologías capaces de realizar tareas que, normalmente, requerirían inteligencia humana. Esto implica dotar a las máquinas de capacidades como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión del lenguaje natural y la creatividad »

La primera pregunta que podemos y debemos hacer para actuar inteligentemente es la de siempre cuando uno es un trabajador1, un estudiante, un ciudadano consciente de que vivimos en el capitalismo: ¿Esto es útil, me debo interesar en ello? Y mi punto de vista en ese sentido es radicalmente claro, SI, debes tenerlo en cuenta, y lo puedo argumentar.
¿Dejarías de utilizar el teléfono, el tren, la imprenta, las herramientas que los avances tecnológicos han proporcionado a la humanidad por el hecho de que sean utilizados para destruir el pueblo palestino, para exterminar a más de un millón de ucranianos y rusos, para incrementar hasta el paroxismo el beneficio capitalista llevando a miles de millones de personas al hambre física2? Obviamente, no, porque las herramientas, los avances tecnológicos, en la medicina, en la agricultura, en la industria, en el transporte, son la base de una futura sociedad basada en la búsqueda de la felicidad para la propia humanidad.3

La I.A. y su burbuja

No es solamente en los medios de comunicación donde puedes hablar e incluso debatir sobre si este campo de la informática va a sufrir una cosa llamada burbuja financiera, incluso te hablarán de ello en los infinitos cursos que te ofrecen empresas privadas, unos directamente y otros a través de cursos financiados con dinero público pero que serán organizados por esas u otras empresas privadas (sin ir más lejos, los del Servicio Público de Empleo Estatal [SEPE]).
¿Se refieren a eso cuando nos hablan de burbuja de la IA? Buscando con la ayuda de la propia IA (porque no te queda más remedio, porque ya los buscadores en internet la utilizan te guste o no), se encuentran algunas explicaciones, de las cuales amigo lector te dejo la que me ha parecido más comprensible.4

La IA y los despidos masivos

No es nada difícil encontrar sesudos economistas, políticos e incluso burócratas sindicales que explican los planes de despidos brutales de Amazón o las tecnológicas5.
Cualquiera puede preguntarse: si los beneficios empresariales de estas empresas son gigantescos incluso con la creciente aplicación de la IA, ¿porque despedir?.
Utilizando una aplicación de IA ligada a Google hemos preguntado:
¿Como justifican las empresas punteras en IA sus miles despidos cuando anuncian al mismo tiempo miles de millones en beneficios?Y entre otras cosas nos ha respondido:
(…) Existe un escepticismo considerable sobre si la IA es la causa real de todos los despidos o si se está utilizando como una «cortina de humo» conveniente para justificar recortes de personal por razones financieras más tradicionales, como la codicia corporativa o la subcontratación. Algunas empresas incluso admiten que la IA es solo uno de los factores, y no el principal, detrás de las decisiones de reducción de plantilla. (…)6

Una vez más, imprescindible el socialismo

Si, como la electricidad de la que no disponen en Gaza o en la Cañada Real de Madrid7 es imprescindible para la supervivencia de la humanidad también la inteligencia artificial puede ser un elemento de gran ayuda para el desarrollo de esta hacia un mundo pleno donde la libertad, la igualdad y la fraternidad sea una realidad que la burguesía cono clase social ha sido incapaz de implementar.
Por duro que parezca, aunque el escepticismo ataque una y otra vez, hay que mirar de frente, empezando por eso que llamamos estado y que supuestamente ahora nos llevaría en España a defender al Fiscal General, hombre de estado defenestrado por otros hombres de estado.
Usando IA nos resulta lo siguiente:
Pregunta:
¿Quien y cuando alguien definió al estado como destacamentos de hombres armados? Respuesta:
La frase de que el Estado consiste fundamentalmente en»destacamentos especiales de hombres armados» (o «cuerpos especiales de hombres armados») proviene de las obras de Vladimir Ilich Lenin. Lenin atribuye esta idea aFriedrich Engelsy la desarrolla ampliamente en su libro fundamentalEl Estado y la revolución. 

Mikel González, diseñador gráfico de oficio,
socialista revolucionario y aprendiz de IA

El oligopolio bancario español saquea a sus cautivos clientes

Las entidades financieras en nuestro país -Las 24 entidades agrupadas en la Asociación Española de Banca (AEB) + las 9 de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) + las 42 de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), las conocidas como cajas rurales – suman un volumen de activos que multiplica por 2,66 el PIB español, a diciembre de 2024; PIB que se situó en 1.594.330 millones de euros.

Con datos de los anuarios de AEB, CECA y UNACC de 2024, el volumen de activos de sus entidades asociadas, expresado en millones de euros, es el siguiente:

  • Las 24 entidades de AEB aglutinan el 74% 3.133.938
  • Las 9 entidades de la CECA aglutinan el 22,66% 959.485
  • Las 42 entidades de UNACC aglutinan el 3,34% 141.640

El total de activos de las entidades financieras suma 4.235.063

Hago esta introducción para ayudar a entender uno de los ejes de este artículo: la concentración bancaria en España. Esta concentración se mide internacionalmente tomando la suma de los activos de las 5 entidades más grandes (índice Herfindahl-Hirschman (IHH), que en nuestro caso son:

Las cinco entidades más grandes conforman un oligopolio financiero que concentra el 85,05% del total de activos del sector -en 2008, la concentración bancaria en España era del 42%-. La concentración bancaria en la UE, en promedio, en 2024 era del 67,28%. Si algún lector tiene interés, no tendría ningún inconveniente en desagregar estas macro cifras por entidad y/o asociación patronal bancaria.

A la vista de estos datos, es comprensible la posición del Gobierno al mostrarse en contra de la operación hostil que el BBVA ha intentado para hacerse con el Banco Sabadell. De haber salido adelante la pretensión del BBVA, la concentración bancaria hubiese alcanzado el 87,35%, al unificarse BBVA y Sabadell, y pasar Ibercaja a formar parte del Top 5.

Es importante entender y tomar conciencia del nivel de concentración bancaria, pues, con las reglas del libre mercado, las cinco grandes entidades marcan la tendencia al resto del sector financiero. Aunque las entidades se agrupen básicamente como lo han hecho a lo largo de su historia, exceptuando: Caja de Ahorros y MP de Ontinyent y Colonya Caixa d`Estalvis de Poyença, el resto de entidades que se organizan en CECA pasaron de ser cajas de ahorros a bancos.

Esto puede parecer una cuestión menor; que sean cajas o sean bancos, pero no lo es, pues la diferencia es si los beneficios se reparten en dividendos o si se destinan a obra social, como ocurría antiguamente. El cambio lo señaló políticamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década de los 90 del pasado siglo y lo voceó en España el “prestigioso” Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía con el Señor Aznar. El Sr. Rato decía que “las cajas de ahorro no puede ser entidades sin dueño”, es decir, no puede haber empresas que no tengan accionistas. Esta orientación política, puramente liberal, contra las cajas de ahorro llevó a una campaña de desprestigio de las cajas; en muchas de las ocasiones merecido, pero que la finalidad era que el sector bancario, puramente privado, fagocitase al sector de cajas de ahorro, que eran entidades sin ánimo de lucro propiedad de los impositores, las entidades sociales y municipales.

Antes de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, el sector financiero se dividía del siguiente modo: 50% de los activos los acaparaban los bancos, las cajas el 45,4% y las cajas rurales el 4,6%. La comparativa deja claro hasta qué punto el objetivo del capital financiero internacional se ha conseguido: el 96,6% del volumen de activos está en manos de bancos, independientemente de la asociación patronal en que se organizasen las entidades.

El proceso de concentración bancaria en España no comenzó con la crisis de 2008, ni ha finalizado tras darla oficialmente por cerrada. Un par de ejemplos:

  • En 1982, el Estado puso 291.000 millones de pesetas (1.750 millones de euros), para sanear Banca Catalana, el Banco que en 1959 se montó la familia Pujol; entidad que terminó siendo absorbida en 1984 por el Banco de Vizcaya ´hoy inserto en el BBVA-.
  • En 1978, Banesto adquirió el Banco Coca. En diciembre de 1993 Banesto fue intervenido por el Banco de España y en 1994 fue adquirido por el Banco Santander.

Podría citar otros ejemplos, como el de Banco de Valencia, hoy digerido por Caixabank, los 18 bancos del Grupo RUMASA o Banco Simeón. Estos y otros muchos casos configuran la historia de la concentración de la banca en España, pagada, la mayoría de las ocasiones, con dinero público. En este sentido, cabe concluir que la viabilidad de una entidad financiera no reside en si es de naturaleza pública o privada, sino de cómo es gestionada. Por ende, con los mismos motivos que se entregaron las cajas a los bancos, podrían haber entregado los bancos a las cajas, o haberlos nacionalizado a todos, a fin de cuentas, todos lo hemos pagado.

En el año 2000 había 206 entidades financieras, entre bancos, cajas de ahorro y Coop. de Crédito. Hoy suman 75, por lo que la crisis de 2008 y los años posteriores tiene la peculiaridad de que la concentración bancaria se ha acelerado brutalmente, reduciéndose el número de entidades en un 64%.

Lo peor de este proceso acelerado de concentración, ha sido que por el camino se han destruido más de 120.000 puestos de trabajo y se han cerrado más de la mitad de las oficinas bancarias que había antes de 2008. Y todo esto nos ha costado 65.000 millones de euros públicos para el saneamiento de las entidades, más los 35.000 millones de la SAREB; al hacerse cargo el Estado de los inmuebles de las entidades. Un total de 100.000 millones de euros que bancos y banqueros no han devuelto a los contribuyentes.

El Estado, todos los gobiernos, tiene su responsabilidad en este devenir y en la cautividad que sufren los clientes de los bancos, pues no tenemos opciones públicas para domiciliar la nómina o la pensión, para pagar los recibos de los suministros domésticos, para depositar nuestros ahorros o para acceder a un préstamo hipotecario. Renunciar a dotar al Estado de banca pública, no para competir con las entidades privadas, sino para dar una solución a la sociedad que está siendo esquilmada a base de comisiones bancarias e intereses.

Hay unos gobiernos que tienen más culpa que otros, sin duda. Por ejemplo, Felipe González fue quién abrió la puerta a la privatización de la banca pública agrupada en Argentaria; operación de privatización que completó Aznar. Zapatero y Rajoy, muy particularmente este último y su ministro de Economía, Industria y Competitividad, el Sr. De Guindos, remaron a favor de la banca en la concentración bancaria de la crisis de 2008. Y el gobierno actual, habiendo que reconocer que se ha opuesto a que la concentración bancaria continúe, ha dilapidado en buena medida la posibilidad de dotar al país de una banca pública, que cubra las necesidades básicas de la mayoría social, al integrar Bankia en Caixabank, pues Bankia era una entidad 100% pública, saneada con 22.000 millones del erario público.

Entre las tres primeras entidades: Caixbank 18,5 + Santander 15 + BBVA 11, suman 44,8 millones de clientes. Es decir, que el 99% de la sociedad estamos cautivos y desarmados, en manos de un sector de actividad privada privilegiado.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario Estatal del Sector Financiero,
Seguros y Oficinas de la FeSMC-UGT

El brazo político judicial

Nadie duda de que la mayoría de jueces, magistrados y fiscales actúan con justicia conforme a la Ley en sus resoluciones y sentencias. Pero ningún observador de la actualidad política podrá negar que hay un grupo de ellos que no cumplen con ese principio y actúan con un sesgo ideológico: la derecha rancia y españolista de poso franquista. Nido de togados retrógrados que germinó y pervive porque no hubo transición democrática en la administración de justicia —ni en los Cuerpos de Seguridad del Estado— que la limpiara de franquistas que dictaron largas condenas de cárcel y sentencias de muerte contra los opositores al régimen de Franco en los Tribunales de Orden Público, los temibles TOP. Jueces que, instaurada la democracia, pasaron limpios de polvo y paja como titulares de juzgados y tribunales hasta su jubilación.

Aún hoy, ningún político de la época ha dado una explicación a esta anomalía democrática, lo que da pie a especulaciones de todo tipo, como el miedo a que se produjera una revuelta de jueces y magistrados para los que no había recambio por el inveterado sistema, caro y clasista, de acceso a la carrera judicial que convirtió la administración de justicia en un coto cerrado para los hijos de las clases adineradas, dando lugar a estirpes familiares presentes durante décadas en los niveles más altos de la judicatura.

Viene a cuento este recordatorio para entender la sorprendente sentencia, dictada en ocho días por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación sin una sola prueba que demuestre la culpabilidad por la que se le condena. Juicio que ha subvertido el principio básico del proceso judicial de que debe ser el juez instructor quién busque y presente las pruebas acusatorias, y no que el acusado tenga que demostrar su inocencia. Juicio basado en la instrucción del juez Hurtado plagada de errores y sin elementos probatorios —como han reconocido insignes jueces y magistrados—, que dejó fuera la declaración de los periodistas que tiraron por tierra la presunción del juez de que el acusado había filtrado el famoso correo en el que el abogado de González Amador, reconocía los fraudes cometidos y pedía un acuerdo con Hacienda.

Sentencia que no ha tomado en consideración el principio de in dubio pro reo que beneficia al acusado en caso de duda sobre su culpabilidad, pero da por buena la mentira que esparció Miguel Ángel Rodríguez, como él mismo reconoció en el juicio, y que utilizó González Amador para denunciar al Fiscal General por revelación de secretos de su vida personal. Datos que no figuran en la nota de prensa que emitió la Fiscalía General para desmentir la mentira del mentiroso confeso MAR. Pero a la Sala 2ª no le ha importado que su sentencia —que cuenta con dos votos particulares en contra— condene la verdad y deje sin sanción la mentira. Hechos que confirman que estaba dictada de antemano con el objetivo de hundir al Gobierno, a través del Fiscal General utilizado como peón de lo que se puede calificar de golpe de estado judicial promovido por un núcleo de jueces y magistrados de la derecha más rancia y tridentina, que ha contado con el apoyo de la derecha política y mediática.

Sentencia que huele a varapalo contra el Gobierno por los cambios y reformas que ha puesto sobre la mesa para acabar con sus privilegios, cuyo el objetivo es agilizar, reducir la burocracia y hacer el sistema judicial más operativo y funcional. Objetivos plasmados en la Ley Orgánica aprobada en enero de 2025, que reestructura el funcionamiento de los juzgados con la creación de Tribunales de Instancia en cada partido judicial que reemplaza a los juzgados unipersonales y centralizará la administración de justicia, con el objetivo de acabar con los reductos de poder en que algunos jueces han convertido sus juzgados en los que actúan como pequeños reyezuelos contraviniendo, incluso, resoluciones del Tribunal Supremo como la de que no se pueden abrir sumarios con titulares y noticias de prensa. El juez Peinado es un ejemplo palmario.

Cambios como la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios que no sean sede de un Tribunal de Instancia, o de las Oficinas Judiciales para unificar y equilibrar la carga de trabajo del citado Tribunal. O medidas para reducir el número de casos que llegan a los tribunales como impulsar los Medios para la Solución de Controversias (MASC), a los que será obligatorio acudir para resolver conflictos entre las partes antes de iniciar un proceso civil o mercantil. O ampliar a cinco años el mandato del Fiscal General del Estado, que no será renovable, para favorecer una mayor independencia del Gobierno de turno.

Reformas aprobadas que se irán implementando progresivamente, como la del sistema de acceso a la carrera judicial para hacerlo más práctico y menos memorístico, que amplía el número y la cuantía de las becas para que ciudadanos de toda condición puedan llegar a ser jueces, y reducir el carácter clasista del estamento judicial. Y otras contenidas en la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que cambiarán el tradicional sistema judicial al sustituir a los jueces por los fiscales en la instrucción de sumarios, para acabar con una anomalía que nos diferencia de los sistemas judiciales de los países de la UE, en los que el fiscal investiga e instruye el sumario, y el juez controla que no se vulnere la ley en ese proceso. Cambios que, de ser aprobados en el Congreso, entrarán en vigor en 2028, sin afectar a los procesos judiciales en curso.

Modificaciones que buscan eliminar las actuaciones libérrimas y vejatorias de algunos jueces en los interrogatorios a investigados y testigos. O que utilizan la instrucción como herramienta política estirándolos mediante una investigación prospectiva, para prolongar la condena mediática en los medios ideológicamente afines: el Low Faire. De ahí que la Reforma prohíba ejercer la acción popular a partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas, limitándola a los directamente afectados en el caso, para evitar la instrucción de sumarios con denuncias de claro interés político de organizaciones filo fascistas, tipo Hazte Oír o Manos Limpias, fundamentadas en recortes de prensa.

Estratagema que utiliza el brazo judicial de la derecha, para instruir sumarios al compás del acontecer político que más beneficie a los partidos de derecha, con el objetivo de degradar la imagen y tumbar a un Gobierno que detestan, porque quiere acabar con su parcela de poder que utilizan políticamente invistiéndose de un poder omnímodo. Sería largo para este artículo enumerar los casos que el brazo político judicial retuerce para apoyar la estrategia de la derecha, y a la ultraderecha, que llega al desiderátum insólito de manifestarse ante las sedes de sus Juzgados y Audiencias, contra el plan de reformas propuesto por el Gobierno que supone un cambio fundamental en la administración de justicia que pone fin al chiringuito de poder que han configurado a lo largo de los años. De ahí su beligerancia contra este Gobierno y su Presidente, porque representan todo lo que aborrecen: el progreso y el cambio necesario de un sistema judicial que han degradado y convertido en un reino de Taifas.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor
en Teoría de la Comunicación de Masas

La Justicia española: entre la toga y la trinchera


La independencia judicial en España es, en demasiadas ocasiones, una ficción. Tras la Transición, el poder judicial se consolidó como un bastión conservador, corporativo y opaco, que hoy actúa como actor político decisivo. Desde el lawfare hasta la resistencia a la Ley de Amnistía, los ejemplos abundan y revelan una realidad incómoda: sin una justicia verdaderamente independiente, la democracia está incompleta.

En el número 170 de TS reflexioné sobre la presunta independencia de la Justicia española y concluí que existe un sector de la judicatura, especialmente en los puestos más altos, cuya vinculación con el Partido Popular —y en algunos casos con postulados cercanos a VOX— es evidente. Hoy doy un paso más: el problema es estructural. Lo que se presenta como independencia judicial es, en demasiadas ocasiones, una ficción que oculta un poder corporativo, conservador y profundamente politizado.

Lo que se presenta como independencia judicial es, en demasiadas ocasiones, una ficción que oculta un poder corporativo, conservador y profundamente politizado

La falta de depuración tras la dictadura permitió que magistrados del Tribunal de Orden Público franquista se reciclaran en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. Así nació un CGPJ conservador, endogámico y opaco, que no rinde cuentas y que, lejos de ser imparcial, se ha convertido en un actor político decisivo. Como señala Miguel González Mendoza en La batalla por la Amnistía, este poder judicial ha sido “el verdadero azote, no solo del Procés, sino también del resultado electoral del 23 de julio de 2023”.

La falta de depuración tras la dictadura permitió que magistrados del Tribunal de Orden Público franquista se reciclaran en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. Así nació un CGPJ conservador, endogámico y opaco, que no rinde cuentas y que, lejos de ser imparcial, se ha convertido en un actor político decisivo

La judicatura española se enfrenta ahora a un desafío histórico: la validación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Ley de Amnistía. Desde el CGPJ hasta el Supremo, pasando por asociaciones judiciales y fiscales, se han opuesto frontalmente a esta norma, intentando bloquearla mediante recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Pero todo indica que el TJUE ratificará el informe favorable del Abogado General, obligando al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont, Rovira y otros dirigentes del Procés. Será un golpe para quienes han instrumentalizado la justicia con fines políticos.

Conviene repasar algunos casos que ilustran la falta de independencia judicial y el uso del lawfare:

Baltasar Garzón es el ejemplo más claro: expulsado de la carrera judicial en venganza por investigar los crímenes del franquismo. Aunque fue absuelto en ese proceso, el Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Gürtel. En 2021, la ONU declaró que sus juicios fueron arbitrarios y exigió su reincorporación, pero el CGPJ ignora la resolución. Este caso evidencia el carácter corporativo y vengativo del poder judicial, al servicio de un posicionamiento ideológico algo más que conservador.

Otro ejemplo es el juez García Castañón, artífice de una ofensiva judicial contra Podemos con más de veinte causas archivadas, y protagonista de maniobras para imputar a Puigdemont por terrorismo, buscando excluirlo de la amnistía. También blindó a dirigentes del PP en el caso Bárcenas y se declaró incapaz de identificar al famoso “M. Rajoy” en los papeles de la Gürtel. Su actuación resume la lógica del lawfare: perseguir a adversarios políticos y proteger a aliados.

El juez Joaquín Aguirre llevó el esperpento a otro nivel al intentar vincular a líderes independentistas con Putin, alegando que Rusia les prometió dinero y soldados para lograr la secesión.

Por su parte, Ángel Luis Hurtado, que se inició como juez de distrito, bloqueó preguntas incómodas a Rajoy en la Gürtel, se opuso a condenar al PP y fue ascendido al Supremo por un CGPJ caducado. Hoy procesa al fiscal general del Estado sin pruebas

en un juicio aún pendiente de sentencia.

No hablamos del Juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, por falta material de espacio, sólo decir que, sin base acusatoria alguna tiene procesada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y según se le van cayendo las imputaciones, en una instrucción prospectiva, sigue buscando un motivo para mantenerla encausada.

Del mismo modo, Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, ha procesado por una denuncia de la organización fascista, HAZTE OIR, al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias, con una base acusatoria muy endeble.

Estos ejemplos no son anécdotas; son síntomas de un poder judicial que actúa como un poder autónomo, ajeno al control democrático, y que utiliza la justicia como herramienta política. La resistencia a la Ley de Amnistía y la persecución selectiva de adversarios confirman que la independencia judicial en España es, en muchos casos, una ficción. El CGPJ, sigue condicionando la vida política del país desde su perspectiva, claramente conservadora y afín al PP y mientras tanto, los medios afines amplifican cada maniobra, alimentando una narrativa que criminaliza la disidencia y protege a las élites conservadoras.

Cuando estoy finalizando la redacción del presente artículo, ha saltado la noticia de la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelanta con toda celeridad el Fallo de la Sentencia, sólo siete días desde que quedó visto para sentencia el juicio, sin que ni siquiera esté redactada, pero lo han querido sacar para hacerlo coincidir con una fecha tan significada como el 20 N, 50º aniversario de la muerte del asesino, Franco. Nos recuerdan que todo sigue atado y bien atado y que son ellos, Magistrados del Supremo, los encargados de seguir afianzando los nudos que atenazan la democracia Y El Estado de Derecho.

La Sala de lo Penal no ha condenado al fiscal general de forma unánime: dos magistradas progresistas de los siete integrantes del tribunal han anunciado votos particulares para oponerse a esa decisión.

Han fallado que García Ortiz queda inhabilitado durante dos años para ejercer como fiscal general y tiene que pagar 10.000 euros a la pareja de Ayuso.

El Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelanta con toda celeridad el Fallo de la Sentencia,,,para hacerlo coincidir con el 20N y recordarnos que todo sigue atado y bien atado

Los votos de los magistrados conservadores -yo diría fascistas- que han votado condenarle han sido: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.

Las magistradas que votaron en contra y van a emitir sendos votos particulares son: Susana Polo y Ana Ferrer.

El Tribunal Supremo, sin la menor prueba inculpatoria, ha seguido la estrategia del Partido Popular y de los fascistas, condenando al fiscal general, que, no obstante, podrá seguir actuando como fiscal de Sala, porque había que cargarse al fiscal, a toda costa, como se cargaron a Garzón, para intentar que el presidente del Gobierno se achique y convoque elecciones. Han cometido la mayor indignidad y el mayor delito de prevaricación de toda la historia de la Judicatura Española, se han cargado toda confianza posible en el sistema judicial y han atentado contra la democracia y el Estado de Derecho.

Esta sentencia ha sido la guinda en el golpe de estado judicial que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023.

Los nombres de los cinco magistrados prevaricadores que han condenado al fiscal general, pasarán a la historia como los magistrados fasciogolpistas del Tribunal Supremo.

Por último, en ese golpe de Estado togado, que se viene dando de forma permanente, los conservadores y fascistas del CGPJ, han tensionado el Consejo hasta llegar a la ruptura y conseguir que los progresistas vuelvan a quedar en minoría. En efecto, los vocales progresistas del CGPJ han vuelto a quedar en minoría tras una ruptura del consenso y una reestructuración de las comisiones llevada a cabo por la presidenta, Isabel Perelló, y apoyada por vocales conservadores y uno de los vocales progresistas, Carlos Hugo Preciado, nominado por SUMAR, ahora, traidor, que se ha desmarcado de la disciplina de voto de su grupo. Los progresistas acusan a Perelló de modificar deliberadamente las comisiones para incluir a los conservadores y excluir a sus representantes, lo que consideran una estrategia que ha quebrado el equilibrio plural del órgano. 

Esta sentencia ha sido la guinda en el golpe de estado judicial que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023

Como afirma González Mendoza, luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Y esa lucha, en última instancia, es inseparable de la lucha por la República.

Luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Esa lucha es inseparable de la lucha por la República

Porque solo en una República que garantice la separación real de poderes y la democratización de la justicia podremos hablar de un Estado verdaderamente libre y soberano.

Miguel Sagüés Navarro.
Noviembre/2025

Golpe togado

El adelanto del fallo de la sentencia, al ya ex Fiscal General de Estado, es inédito en la forma de proceder del Tribunal Supremo (TS). Como lo es también la rapidez: 7 días, en pronunciarse este alto Tribunal, en un país en el que la ¿Justicia? es lenta, muy lenta; solo hay que ver los 11 años que ha tardado en abrir juicio oral a la Familia Pujol.

A expensas de conocer la literalidad de la sentencia contra García Ortiz, incluidos los argumentos de los dos votos particulares, condenan sin pruebas rigurosas y dando valor a la suposición de la UCO de que el FGE borró sus mensajes de guasap para ocultar pruebas, dando más valor a lo que sin pruebas manifiesta la acusación, en contra de lo que ha defendido el Ministerio Fiscal.

Por ende, se han pasado los principios jurídicos y su propia doctrina por el forro de sus togas, pues la carga de la prueba en un proceso penal parte de la base del principio de presunción de inocencia, que se han cargado. En el caso contra el fiscal general del Estado se ha partido de la “presunción de culpabilidad”, exonerando a los demandantes de probar dicha culpabilidad.

Recordemos que el magistrado Eduardo Muñoz Baena, absolvió al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su propio Tesorero, apelando a la «doctrina Botín»: una interpretación del Tribunal Supremo de diciembre de 2007 que establece que una acusación popular por sí sola no es suficiente para llevar a una persona a juicio si la acusación particular y el Ministerio Fiscal no sostienen la acusación.

Esta forma de hacer, por parte de los magistrados de la Sala 2º del TS, evidencia la sincronización política de la ¿Justica?, al menos del 70% de judicatura, que es la proporción de magistrados -5 de 7- que avalan el fallo de la sentencia, con las necesidades del PP, quienes necesitaban tapar, intentarlo al menos, la situación en Valencia y la indignación que provoca su pacto con VOX para evitar convocar elecciones, en la pretensión de echar tierra encima de sus responsabilidades políticas respecto a las consecuencias de la Dana del 29 de octubre de 2024. Recordemos que con 229 muertos.

En las últimas semanas tampoco le ha ido bien al PP con el escándalo de la nefasta gestión de los cribados de cáncer en mama en Andalucía, ni que toda la cúpula del PP en la Diputación de Almería esté detenida o imputada por el juez, junto al alcalde de Tíjola. A lo que hay que sumar la detención del alcalde, también del PP, de Villar del Humo (Cuenca) por tenencia de una plantación de marihuana. Demasiadas cosas, y eso que no gobiernan el Estado.

La fecha elegida para adelantar el fallo de la sentencia ha sido el 20N, un mensaje claro de chulería franquista, al menos así lo percibimos en Tribuna Socialista y es un recordatorio de que es el Poder Judicial quien mantiene atada y bien atada la democracia y el Estado de Derecho.

No es la primera vez que ¿la Justicia? sale al quite de los problemas de la derecha y/o que envía mensajes ideológicos. Esto deja en agua de borrajas la separación de poderes, la pone al mismo nivel que el derecho al trabajo y el deber de trabajar de todos los españoles y españolas (Artº 35 de la CE) o el derecho a una vivienda digna y adecuada (Artº 37).

La instrucción del caso y el juicio contra el Fiscal General del Estado es una vuelta a los Tribunales de Orden Público y a los juicios sin derecho efectivo a la defensa. Esta fracción mayoritaria de la ¿Justicia? es la misma que está boicoteando la Ley de Amnistía, en una clara afrenta al Poder legislativo e incluso al Tribunal Constitucional.

Esta sentencia, con los cinco votos a favor, para condenar al FG supone una prevaricación con mayúsculas porque los magistrados saben y les consta que no ha existido la menor prueba inculpatoria. Han llenado el TS de deshonor e indignidad, se han cargado la poca confianza que restaba en el Sistema Judicial y supone una continuidad del golpe de Estado que se viene perpetrando, al menos desde la investidura del presidente del Gobierno, por parte de los conservadores y fascistas del CGPJ.

Los que llevan 50 años conmemorando con pena y nostalgia la muerte del criminal de masas y dictador, Franco, demuestran que para ellos la transición, los pactos de la Moncloa y la Constitución misma son una formalidad que había que hacer, pero no que cumplir. En los hechos, esto significa que vivimos en una farsa y en una realidad inversa; en la que los ladrones acusan a los fiscales y los jueces correligionarios de los chorizos les dan la razón. Mal vamos.

Comité de Redacción